El cártel de Sempra

La compañía Sempra México, que se ha beneficiado con la adjudicación directa de 2 mil 500 millones de dólares para construir el gasoducto Los Ramones –una de las obras emblemáticas de la administración de Enrique Peña Nieto–  tiene un historial de denuncias y juicios que abarca los últimos dos sexenios. 

Los abogados, políticos y periodistas que han seguido su instalación en Baja California, la consideran, al unísono, como una empresa poderosa y peligrosa, con fuertes anclas dentro del Gobierno Federal. 

Tiene entre sus armas al presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, quien es parte de su consejo de administración.

Cortina de humo

El nombre de Sempra se mencionó en México durante las últimas semanas como una compañía que ha traído grandes niveles de inversión y empleos al país. 

Se le relaciona como parte del conflicto que ha destapado una serie de investigaciones llevadas en Estados Unidos y México contra el empresario de seguridad, mexicano-japonés, José Susumo Azano. 

Quienes han denunciado prácticas de Sempra durante años en Baja California, consideran este escándalo como una cortina de humo que la compañía utiliza para esconder los reveses judiciales que está sufriendo.

El más reciente de estos incidentes, fechado apenas el 27 de enero y del que Reporte Indigo obtuvo una copia de los documentos probatorios, versa sobre el conflicto por unos terrenos que Sempra ha litigado desde 2006 con Ramón Sánchez Ritchie, quien se dice dueño legítimo de una zona aledaña a donde se encuentra instalada la planta regasificadora que tiene Sempra en Ensenada, Baja California. 

El caso de Sánchez Ritchie es, ciertamente, el más visible de Sempra en esa región. Es también el que ha acarreado el conflicto público con Azano, quien compró al dueño los derechos para litigar el juicio.

Pero la compañía tiene otras acusaciones en su contra por terrenos que involucran la zona de la regasificadora, según declararon en marzo del año pasado en su oferta pública con la que ingresaron a la Bolsa Mexicana de Valores. 

En esa ocasión, la empresa mintió a sus posibles accionistas en la Bolsa. 

Esto no fue un problema, ya que ese organismo privado, pero regulado por la Ley del Mercado de Valores, está dirigido por Luis Téllez, uno de los miembros de su consejo de administración.

Reveses judiciales

El lunes 27 de enero la Corte del Distrito Sur de California, en Estados Unidos, desechó una petición de Sempra para que no se llevara un juicio en su contra en esa entidad.

La juez de distrito Cathy Ann Bencivengo determinó negar a la empresa una petición de que considerara el juicio en su contra promovido por Ramón Sánchez Ritchie como uno “malicioso” o “doloso”. 

La compañía pretendía también detener un juicio promovido por el mexicano en California, que se llevara a la par de otros dos que tienen radicados en Chihuahua y en Tijuana.

Sempra alegó que el caso se estaba litigando en México y no debía llevarse también en ese país. 

En principio, la juez le negó a la empresa su petición de cancelar el juicio. 

Dijo que era prematura, que aún estaba considerando el conflicto de competencia judicial entre ambos países y no había tomado una determinación. 

Este revés judicial se suma a otro que tuvo la empresa en marzo del año pasado en Chihuahua. 

En esa ocasión, un tribunal Colegiado de Circuito le negó a la empresa por segunda vez amparo, que le había rechazado previamente un juez de distrito. 

El amparo que pedían era contra el juicio que había iniciado en 2011 Sánchez Ritchie para pelear por sus terrenos. 

El argumento de Sempra fue que ese juicio le haría gastar mucho tiempo, dinero y dañaría su imagen. 

Ambas instancias judiciales le negaron esa protección federal y consideraron que debía continuarse con el juicio administrativo, en el cual Sánchez Ritchie reclamaba que la autoridad del catastro municipal en Ensenada le hubiera dado el permiso de uso de suelo para poner la planta regasificadora sobre unos terrenos que eran suyos. 

La negativa del amparo fue dictada 12 días antes de que Sempra ingresara a la Bolsa Mexicana de Valores, rebautizada como Infraestructura Energética Nova (Ienova).

En esa fecha, la filial mexicana de Sempra, con su nueva razón social, colocó su primera oferta pública de acciones en la Bolsa. 

En su resumen de asuntos judiciales pendientes, mencionó la demanda de Sánchez Ritchie ante la autoridad catastral de Ensenada. 

La negativa de amparo para Sempra había sido dictada desde el 8 de marzo; no obstante, la compañía aseguró a sus accionistas: “el proceso administrativo se encuentra suspendido en tanto se dicta sentencia con respecto a la demanda de amparo interpuesta por la compañía”. 

Se refieren a la misma demanda de amparo que ya habían perdido ante el tribunal colegiado en Chihuahua.

El factor Téllez

Mentirle a la Bolsa no era un problema para Sempra, pues tenía entre sus muros a un aliado incondicional. 

Desde 2010, el actual presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez, es miembro del consejo de administración de la compañía, que tiene su casa matriz en San Diego, California. 

Esa incursión de Téllez no era la primera; durante 2006 había sido ya miembro de su Consejo de Administración. 

Salió de la empresa al ser nombrado titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el gobierno de Felipe Calderón.

En diciembre de 2007, el propio Téllez modificó un título de concesión que le había otorgado la SCT a Sempra en 2004,  para operar una terminal portuaria en Ensenada para resguardo de sus embarcaciones.

La concesión de 2004, firmada por el entonces secretario Pedro Cerisola y Weber, condicionaba a la compañía a ceder parte del puerto a cualquier empresa a la que la SCT le otorgara una concesión de administración portuaria.

Pero en la modificación firmada por Téllez en 2007 se suprime esta condicionante, con lo cual Sempra no estaba obligada a compartir ni negociar su terreno con nadie. 

Calificada como “un pequeño Guantánamo”, la empresa tiene total control de la zona y no existe en ella representación alguna del Instituto Nacional de Migración ni de ninguna autoridad aduanal mexicana.  

Después de otorgarles esa modificación, Téllez salió de la función pública y regresó a su puesto en el consejo de administración de la compañía. 

Según el sitio web oficial de Sempra, actualmente Téllez alterna su empleo en la Bolsa con el de la empresa energética californiana. 

Pertenece a sus comités de Compensaciones, Gobierno Corporativo y Relaciones con el Gobierno.

Su tarea en este tercer comité consiste en “asesorar a la dirección de Sempra Energy en el desarrollo de una estrategia de relaciones con el gobierno para obtener de manera eficiente los permisos requeridos para la consecución de proyectos en América del Norte”.

Hasta ahora estos proyectos con el gobierno han ido viento en popa. Sus partes más recientes se relacionan con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, tanto en el gobierno calderonista como en el recién estrenado por Enrique Peña Nieto.

Contratos difuntos

El caso de la pelea de Sánchez Ritchie por sus terrenos tiene su parte más visible en el hecho de Sempra compró la propiedad a una persona fallecida. 

El 31 de enero de 2006 comparecieron ante el notario público número 5 en Ensenada los vendedores y compradores de un terreno, ubicado en una zona aledaña a donde después se instaló la planta regasificadora de Sempra Energy. 

Según el acta notarial, de la que Reporte Indigo obtuvo una copia, una de las vendedoras era Elodia Gómez Castañón, quien no asistió personalmente pero envió un documento dando poderes a otra persona para firmar en su nombre. 

El comprador era Energía Costa Azul, la empresa que había registrado Sempra en Baja California para instalar y operar la regasificadora. 

Pero Elodia Gómez en esa fecha ya llevaba un año y cuatro meses de haber fallecido, de acuerdo con su acta de defunción y su acta de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales también este diario tiene copia. 

Estos documentos indican que la “vendedora” estaba casada, tenía un domicilio registrado en la delegación Tlalpan, en el Distrito Federal y falleció en el hospital La Raza. 

La muerte fue a causa de una infección severa por hepatitis C, la cual le provocó un choque séptico, una peritonitis bacteriana y una insuficiencia hepática.

En septiembre de 2006, Sempra acusó a Ramón Eugenio Sánchez Ritchie de despojo, “por haber entrado a la fuerza al inmueble de la Compañía”, según declaró la empresa a la Bolsa. 

En octubre del año siguiente el juez de Primera Instancia en Playas de Rosarito, en Baja California, ordenó que se restituyera el inmueble a Sánchez Ritchie. 

En mayo de 2009, Sánchez Ritchie solicitó un amparo en contra de la resolución de un juez que había negado restituirle su predio. 

Al año siguiente el juez José Neals André le concedió el amparo y consideró pertinente que se le regresaran sus terrenos. 

El juez Leonardo González, con sede en Culiacán, Sinaloa, también le concedió un amparo y pidió reabrir la investigación por fraude y tráfico de influencias que había interpuesto Sánchez Ritchie contra las personas que firmaron la compra de su terreno y varios funcionarios de Sempra. 

Sempra declaró a la Bolsa que en marzo de 2013 el juicio se mantenía en litigio ante un tribunal federal de circuito.

Espionaje y juicios

En los años en que se ha litigado el juicio han sobrevenido escándalos sobre las actuaciones de Sempra.

En abril de 2008 Sempra contrató en California al investigador Jaime Niebla para seguir los pasos de Sánchez Ritchie. 

Le pagaron 15 mil 360 dólares, según los cheques expedidos por Sempra y de los que Reporte Indigo obtuvo una copia. 

Posteriormente el espía tuvo que hacer una declaración bajo juramento sobre el caso en Estados Unidos. 

En el video de dicha declaración, Niebla refiere que el contacto para hacer ese trabajo fue con Bernardo Martínez, exsecretario de gobierno de Baja California durante el mandato de Eugenio Elorduy y luego asesor jurídico de Sempra en San Diego. 

Martínez solicitó a Niebla que investigara a Sánchez Ritchie porque era un caso que le interesaba mucho a la empresa. Le contaron que ya había contratado antes a otros investigadores para saber sobre el demandante, pero no habían tenido resultados. 

“Quería que yo me fuera a Ensenada, investigara quién estaba detrás del señor Ramón Sánchez Ritchie, quiénes eran sus abogados.

“Su hija, que es abogada, fue agente del ministerio público en Ensenada; después supimos que era secretaria de acuerdos en un juzgado; querían ver qué carros tenían, dónde vivía el señor Sánchez Ritchie”, relató Niebla, excomandante de la policía ministerial en Tijuana.

Fue en esos años cuando Susumo Azano firmó un convenio con el demandante para tener derecho a pagar y litigar su caso. 

El documento de dicho convenio, refirieron a Reporte Indigo tres fuentes en Baja California, fue registrado ante el municipio de Ensenada.

Este caso es apenas uno de los que enfrenta la compañía desde que se instaló en esa región. Un resumen de estos casos entregado por la propia compañía a la Bolsa muestra que en marzo del año pasado tenía pendientes tres recursos de revisión por las autorizaciones. 

Uno de ellos de impacto ambiental, con las que se instaló la regasificadora, un recurso de nulidad con respecto a una concesión portuaria que le dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una demanda civil sobre los terrenos donde se afinca la planta, interpuesta por una persona distinta a Sánchez Ritchie.

Sobre otras de sus inversiones tenían pendientes una demanda por los derechos de propiedad del inmueble donde colocaron una planta termoeléctrica en Mexicali, un recurso de revisión sobre la construcción y operación de un parque eólico en la Sierra Juárez, así como un amparo por parte de unos competidores en la licitación para la construcción de un gasoducto en Sonora.