De las casi 400 gasolineras que operan en el interior de la entidad, la mitad está siendo extorsionada por grupos delincuenciales
El secretario del Ayuntamiento de Guachinango, Joel Arreola, reconoció que existe venta ilegal de gasolina en los alrededores del municipio
Las cifras sobre la industria ilegal del hidrocarburo en Jalisco llevan años que rebasan la media nacional, y han registrado un incremento gradual.
La disputa entre grupos criminales por el control de este mercado negro los han llevado a la incursión de nuevas formas de extorsión con los empresarios gasolineros de municipios que se encuentran fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), para que vendan el hidrocarburo robado.
Jalisco es el estado con más averiguaciones previas por robo de combustible (véase Jalisco, primero en venta de gasolina ilegal), lo que da una idea de la dimensión del mercado en la entidad.
Con el tiempo, la relación entre el grupo criminal originario del estado, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y el robo de hidrocarburos a Petróleos Mexicanos (Pemex) se ha hecho más clara, y el hecho trágico en el que murieron cuatro soldados y dos más resultaron heridos en Guachinango, Jalisco, es una muestra de la importancia que la organización criminal le da al negocio de la gasolina.
Aunque desde hace tiempo otros grupos criminales asentados en Jalisco, como La Resistencia, El Cártel Milenio y Los Zetas, han incursionado también en el mercado del robo gasolinero.
El decomiso de varios litros de hidrocarburo en Guachinango, habría motivado la venganza de miembros del CJNG contra los militares.
Aunque no queda claro si el móvil de las investigaciones del Ejército llevó a algo más grande, considerando la cantidad tan reducida de combustible, pues apenas el pasado 5 de mayo en Tonalá, Jalisco, se realizó un decomiso en la colonia Lomas de Camichín.
Tras una denuncia ciudadana, elementos de Fuerza Única Metropolitana se encontraron con alrededor de 8 mil 500 litros de gasolina, luego del decomiso no se registró ningún tipo de agresión contra las fuerzas públicas.
Pero la emboscada de la que fueron víctimas los militares, fue perpetrada mientras estos se dirigían a entregar los bidones de hidrocarburos a la delegación de Jalisco de la Procuraduría General de la República (PGR).
La protección de autoridades tanto municipales y estatales en zonas al interior del estado, hace que las actuaciones del Ejército y la Federación se entorpezcan, y en ocasiones lleguen a tragedias como la registrada en el municipio ubicado cerca de los límites de Jalisco con Nayarit.
El propio secretario General de Gobierno, Arturo Zamora Jiménez, pidió a los alcaldes de municipios sin mucha vigilancia policiaca denunciar la presencia de grupos armados, y dejó entrever que parte de la responsabilidad del atentado recayó en la omisión de la alcaldesa de Guachinango, Laura Cruz Copete.
Y es que el propio secretario del Ayuntamiento de Guachinango, Joel Arreola, reconoció que existe venta ilegal de gasolina en los alrededores del municipio, como pasa en varias partes del estado donde no hay tanta vigilancia como Puerto Vallarta y municipios de la llamada Costa Alegre.
Los sucesos en Guachinango ponen los reflectores sobre un problema que desde hace tiempo existe en el estado.
Desde 2012 Reporte Indigo documentó la elevada cifra de tomas clandestinas en Jalisco, así como la relación con la presencia de grupos criminales en las zonas donde sucedían los hechos.
Cifras de Pemex revelan que esta entidad registró 51 casos de tomas clandestinas entre julio del 2011 y julio de 2012.
El pasado 13 de mayo el director general de Pemex, Emilio Lozoya, en una visita a Jalisco declaró que en lo que va de 2014 se han registrado casi mil tomas clandestinas en todo el país.
Sí había advertencia
La advertencia estaba hecha. En Jalisco, fuera del ámbito urbano del Área Metropolitana de Guadalajara, la problemática de la venta de hidrocarburos robados a Pemex ha alcanzado niveles críticos, lo sabe la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).
Sus integrantes han reportado esta situación directamente al Gobierno de Jalisco, a la Fiscalía General del Estado (FGE), y lo han hecho público también. Sin embargo, la Secretaría General de Gobierno asegura que también se requería que lo dijera la alcaldesa de Guachinango.
En estos momentos, de las casi 400 gasolineras que operan en el interior de la entidad, la mitad está siendo extorsionada por grupos delincuenciales para usarlas como canales de distribución del producto sustraído de las redes de la paraestatal, según la Amegas.
Las autoridades, e incluso el análisis mediático, continúan concentradas sobre las labores de extracción de las gasolinas de Pemex.
Se contabilizan con ahínco las tomas clandestinas en los poliductos, pero poco se habla y actúa sobre el siguiente paso donde están los réditos: los esquemas de colocación y comercialización de estos combustibles de origen ilícito.
Las acciones de vigilancia de la FGE no han considerado a las estaciones de servicio en los municipios al exterior de la metrópoli, mientras tanto, la Amegas estima que una décima parte del mercado de las gasolinas en Jalisco ha caído en manos del crimen organizado.
Con las ventas al menudeo de casa en casa y los tratos directos con grandes industrias en Jalisco, la venta de los combustibles robados puede generarles a los criminales ingresos por 600 millones de pesos mensuales, esto es, 7 mil 200 millones al año, según diagnostica la Asociación.
Así se tiene un contexto más claro para comprender un ataque directo al Ejército Mexicano como el de Guachinango, aun a pesar de la respuesta y la concentración de fuerzas federales en la región que esto, inevitablemente, traerá.
La intensidad de este elemento de la economía ilegal en Jalisco puede medirse también por las 195 personas detenidas en posesión de estos combustibles, poco más de la mitad de todas las aprehensiones a nivel nacional por este motivo -367- de 2007 a 2013, informa la PGR.
Esto es, que en ningún otro estado hay registros de un grupo humano tan grande dedicado a la distribución y comercialización ilegal de gasolinas. Pero las omisiones también están presentes en el ámbito federal. La PGR nunca, en el lapso citado, ha investigado a una gasolinera dentro de sus averiguaciones por la tenencia de hidrocarburos hurtados, un dato contrastante con el señalamiento de la Amegas.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 incluye el combate de la economía ilegal, donde está inserta la estrategia “Reducir la incidencia del robo de hidrocarburos y su comercialización ilícita”, cuya responsabilidad primaria queda en las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, la PGR y el mismo Pemex.
“Para debilitar las estructuras económicas de los grupos delictivos se dará especial atención a la prevención e investigación de los delitos vinculados a la ‘economía ilegal’, estas acciones se realizarán a través de esquemas de cooperación entre instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y de autoridades administrativas”, dice el documento.
