El candidato ‘modesto’

A pesar de que en su declaración 3de3 reportó que no cuenta con casa ni auto propio, Quirino Ordaz Coppel, el candidato de la coalición PRI-PVEM-Nueva Alianza a la gubernatura de Sinaloa, es uno de los más prósperos empresarios de esa entidad.

Ordaz es dueño de tres hoteles y de varias empresas de construcción y de servicios –que incluyen ser accionista del Centro de Convenciones de Mazatlán-.

La riqueza de Ordaz Coppel no queda reflejada en su declaración patrimonial pública.
Aunque la cara que ha querido mostrar en su campaña es la de un hombre que crea empleos en la entidad, Ordaz Coppel también tiene un pasado cuestionado en su paso por el servicio público.

El señalamiento es por una adquisición irregular de patrullas sin licitación, durante su periodo como secretario de Finanzas del Gobierno estatal, en la administración de Jesús Aguilar Padilla.

Además, periodistas locales han acusado que Ordaz Coppel tiene varios procedimientos administrativos en su contra.

Medios sinaloenses también han criticado que, en el 2015, cuando realizó campaña para ser diputado federal por su entidad, Ordaz Coppel prometió que él no sería un “chapulín” y sí concluiría su periodo como legislador.

“Los tiempos han cambiado, la gente quiere que el elegido popularmente se quede a terminar su periodo, para eso fue electo; la gente sabe cuándo la engañas”, dijo en abril del 2015, cuando prometió que no buscaría la alcaldía de Mazatlán.

Y no mintió. Meses después, Ordaz Coppel pediría licencia, pero para competir por la gubernatura de su entidad.

Con tres hoteles, pero sin casa

La imagen es más que elocuente: planos en mano, Quirino Ordaz Coppel mostraba a Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa, la nueva torre que construiría en Mazatlán.

Con una inversión de 11 millones de dólares, Ordaz se unía a un grupo de inversionistas que anunciaban al gobernador la construcción de nuevos complejos hoteleros.

Era junio del 2015 y el gobernador sonreía mientras los empresarios le mostraban lo que pensaban hacer en Mazatlán, principal polo turístico de Sinaloa.

Uno de esos empresarios era Ordaz Coppel, quien anunció en ese momento que se llevaba a cabo la construcción del hotel Pacific Palace, una torre de 12 niveles donde tendría 96 suites. Hoy ya se encuentra en operación.

Ordaz Coppel también posee en Mazatlán los hoteles Luna Palace y Océano Palace. En conjunto suman 436 cuartos.

“Con este número de habitaciones se posicionará como el cuarto grupo hotelero en Mazatlán con mayor número de cuartos disponibles para el turista”, publicó el diario El Debate en febrero pasado.

Sin embargo, en su declaración patrimonial, el candidato declaró que el año pasado solo tuvo ingresos por 3 millones 75 mil pesos; de ellos, 558 mil 443 fueron por su dieta como diputado federal y 2 millones 517 mil pesos por “servicios profesionales”.

Esos “servicios profesionales” se refieren al ingreso que tuvo como administrador único de Operadora Pacific Palace, una de sus empresas.

En esa misma declaración, el candidato señaló que solo posee dos terrenos a nombre de su cónyuge –Rosa Isela Fuentes Chávez-, sin decir su ubicación, tamaño o valor; un vehículo adquirido de contado, también a nombre de su esposa; y menaje de casa con un valor de 3 millones de pesos.

Declaró no tener casa propia ni un vehículo a su nombre.

Indicó tener dos inversiones o cuentas bancarias; una en Banorte, menor a 100 mil pesos; y otra en Bancomer, mayor o igual a 500 mil pesos.

Además, participación en varias organizaciones privadas; en algunas de ellas es el accionista mayoritario.

Así, participa en Construcciones San Juan; Industrias Lavamex; OC Diseño y Construcción; Construcciones Oro; y Operadora de Empresas Luna. En estos negocios no es socio mayoritario.

En otras sí lo es. Ocurre así en Inmuebles Cazador; Sunset Vacation; Océano Palace; Operadora Pacific Palace; Operadora de Empresas Ormaz; y del Centro de Convenciones y Exposiciones de Mazatlán.

En medios locales ha sido publicado que otro de los dueños de este Centro de Convenciones es la Sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes a través de un fideicomiso participan en diversos negocios.

La Sección 27 del SNTE ha declarado abiertamente su apoyo a la candidatura de Quirino Ordaz Coppel.

Polémico en el servicio público

El segundo debate de los candidatos a la gubernatura de Sinaloa sirvió como marco para que sus adversarios sacaran a flote uno de los temas por el que Quirino Ordaz ha sido cuestionado: las llamadas “Nalopatrullas”.

Una investigación del diario Noroeste, publicada en el 2011, reveló que la administración del priista Jesús Aguilar Padilla adjudicó, en los últimos días de su gobierno, una compra de 90 patrullas a un sobreprecio.

Además, la compra fue realizada al empresario Leonardo “Nalo” Félix, a quien se considera padrino empresarial del actual gobernador, Mario López Valdez.

“Nalo” Félix es dueño de la distribuidora Culiacán Motors. Por eso, el escándalo fue conocido como las “Nalopatrullas”.

La compra fue hecha por adjudicación directa, a un costo de 50.9 millones de pesos, en un proceso presuntamente fraudulento.

Según Noroeste, para justificar la compra directa, funcionarios de Gobierno del Estado manipularon los precios ofertados por supuestos competidores del empresario, mostrando costos mayores a los ofertados por Félix.

Eso ocurrió a principios de diciembre del 2010; Quirino Ordaz era secretario de Finanzas y presidía el Comité Intersecretarial de Adquisiciones. Su firma fue clave para que se autorizara la compra.

Cada una de las patrullas tuvo un costo de 566 mil pesos, cantidad mayor a la que se ofrecían estos vehículos comercialmente. El sobreprecio global fue calculado en alrededor de 1 millón de dólares.

La investigación del diario Noroeste reveló que en las supuestas cotizaciones de las otras empresas tenían contempladas cosas que ni siquiera vendían.

La compra se realizó todavía en la administración del gobernador Aguilar Padilla porque había sido una de las prioridades trazadas por el gobernador entrante Mario López Valdez; debía cumplirse, según su petición durante el periodo de transición, antes del 31 de diciembre del 2010.

Luego de que el tema fuera revivido en el segundo debate de candidatos, Quirino Ordaz se defendió diciendo que él ni siquiera fue citado a declarar por el asunto.