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La Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) de Jalisco y su Fideicomiso de la Alianza para el Campo (Facej) distribuyeron una bolsa de apoyos federales por 161.4 millones de pesos de forma discrecional y sin aplicar criterios objetivos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Estas anomalías se dieron en el Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2016, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), que busca llegar principalmente a productores del campo de bajos ingresos y en zonas con pobreza.
Ese programa es operado en Jalisco por dos miembros prominentes del PRI y de su brazo corporativo de la Confederación Nacional Campesina: Héctor Padilla Gutiérrez, quien es titular de Seder y del Facej, y Javier Guízar Macías, delegado de Sagarpa y expresidente estatal de ese partido.
A decir de la ASF y su auditoría 284-DE, el Facej de Padilla Gutiérrez no solo hizo una selección discrecional de beneficiarios, también aceptó facturas sin validez –canceladas- para la comprobación de los apoyos distribuidos, registró como finalizados proyectos inconclusos, y hay múltiples incongruencias entre sus autorizaciones y lo hallado en campo.
La ASF tomó una muestra de 83 de los proyectos que apoyó el Facej con 22.5 MDP, para concluir esto:
“La Unidad Técnica Estatal del Facej no demostró qué parámetros y elementos consideró para determinar la viabilidad de los proyectos, así como el importe de los apoyos que fueron autorizados en 2016, ni tampoco documentó la revisión que efectuó a los citados proyectos, por lo que no acreditó que su aprobación se sujetó a criterios de objetividad, equidad y transparencia”.
De la vista gorda
Un caso que ilustra las anomalías cometidas en el Facej es el proyecto de folio JC1600012438, que autorizó la construcción de una bodega de mil 200 m2 en La Barca, con 120 mil pesos federales.
Cuando la ASF estudió el caso descubrió que el Facej finiquitó el convenio del apoyo asentando “que la bodega consta de 750 m2”, un tamaño distinto al autorizado, y que tenía “un avance del 100 por ciento”, es decir, que estaba concluida, pero la realidad era otra.
“Manifestó el beneficiario mediante acta administrativa circunstanciada que la bodega ya había sido construida en años anteriores, y que únicamente se realizaron adecuaciones a la altura de la misma, lo cual fue constatado en la inspección física del proyecto, por lo que los recursos no se aplicaron de conformidad con lo autorizado”, dice la ASF.
Otro ejemplo es el folio JC1600014793, que autorizó la construcción de una bodega de 350 m2 en El Salto, con 200 mil pesos federales. El Facej finiquitó el convenio dando por concluida la obra, empero, dice la ASF:
“Asentó que la bodega se encontraba completa; sin embargo, en la inspección física se observó que no se habían concluido los trabajos que se presentaron como ejecutados (…) el beneficiario no demostró haber efectuado el pago al proveedor (…) por lo que no acreditó que los apoyos se aplicaron en los conceptos de apoyo autorizados”.
Vigilancia simulada
Otro caso llamativo es el folio JC1600011241, donde el Facej autorizó la construcción de un invernadero hidropónico para jitomate en Ameca, con 600 mil pesos federales, si bien su costo total era de 2.5 millones de pesos (MDP) con la parte estatal y privada.
En este “el beneficiario únicamente presentó un comprobante fiscal por un importe de 444 mil 700 pesos”, pero no comprobó el resto del gasto proyectado, y pese a ello, el Facej expidió el finiquito del convenio donde “el Gobierno del Estado validó la existencia y conclusión del invernadero”.
Por las anomalías del Facej la ASF solicitó a la Contraloría local que lo indague y sancione, y si bien no involucra al delegado de Sagarpa, Guízar Macías, este debía supervisar la legalidad de los proyectos con una revisión tanto documental como en campo, según las Reglas de Operación del Programa 2016.
Secretario bajo la mira
No es la primera vez que el titular de Seder, Héctor Padilla Gutiérrez, sale a relucir en las investigaciones de irregularidades de la ASF.
En la cuenta pública 2015 la ASF documentó en dos auditorías (88-GB y 106-GB) múltiples anomalías de dos empresas que vinculó con el funcionario estatal: Fircampo y Cultivo Protegido o Agricultura Protegida Siglo XXI.
Sobre Fircampo, propiedad de Padilla Gutiérrez, reveló que recibió 170 MDP federales para otorgar préstamos, mismos que se autorizaron con precios inflados, con domicilios y firmas sin cuadrar, y halló propaganda política en sus oficinas.
Sobre Cultivo Protegido, esta recibió 12.5 MDP federales entre 2012 y 2014, pero comprobó el 79 por ciento con facturas de terceros –sus socios-, y donde debía estar la obra financiada “se pudo observar un proyecto abandonado”.
Observaciones
Irregularidades señaladas por la ASF en los fondos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2016, operados por la Facej:
> La Facej autorizó la construcción de una bodega de mil 200 m2 en La Barca, con 120 mil pesos federales.
La ASF descubrió que se finiquitó el convenio del apoyo asentando que la bodega consta de 750 m2, tamaño distinto al autorizado, y que tenía un avance del 100 por ciento, pero no era así.
> Autorizó la construcción de una bodega de 350 m2 en El Salto, con 200 mil pesos federales. Finiquitó el convenio y reportó concluida la obra, pero en la inspección física se observó que no se habían concluido los trabajos.
> Autorizó la construcción de un invernadero hidropónico para jitomate en Ameca, con 600 mil pesos federales, el costo total era de 2.5 millones de pesos con la parte estatal y privada. Presentó un comprobante fiscal por un importe de 444 mil 700 pesos, pero no comprobó el resto del gasto proyectado.
El daño hacendario
En el Programa de Concurrencia también se corroboró que en una decena de proyectos los comprobantes de gasto de los beneficiarios no tenían validez pues habían sido cancelados, y no obstante el Facej los dio por buenos, lo que generó un daño a la hacienda federal por 3.3 MDP.
En tres de estos proyectos por 472 mil pesos el Facej finiquitó los convenios cuando los comprobantes ya eran inválidos, “lo que evidencia deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento”, señala la ASF.
Mientras que en los siete restantes por 2.9 MDP los comprobantes se cancelaron tras la suscripción del finiquito, por ello, el Facej debió solicitar el reintegro de los recursos entregados, pero no lo hizo.
