Para este año se esperaba concretar la llamada “inversión histórica en materia de seguridad pública” en Jalisco, pero 2018 fue un año que marcó al gobierno de Aristóteles Sandoval por la desaparición de tres personas italianas en enero, el asesinato de tres estudiantes de cine en marzo y el “tráiler de la muerte”.
El contrato que pondría en operación al Escudo Urbano C5, que apostaba por la tecnología para prevenir, detectar e investigar el crimen, venció el 30 de septiembre y este es sólo uno de los retrasos que rodean a la obra.
No se nombró al coordinador en el tiempo correspondiente, la construcción empezó antes de contar con un marco legal y, además, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad pasó de estar a cargo de la Secretaría General de Gobierno (SGG), a la Fiscalía General del Estado (FGE), lo que alentó su avance.
La empresa CIS International Limited, a cargo de Idan Itzhak Shimon, se retrasó en la entrega del Escudo Urbano C5 en Guadalajara, Jalisco, según el contrato 81/16, firmado el 25 de mayo de 2016, por Luis Mauricio Gudiño Corado, subsecretario de Planeación, Administración y Finanzas.
El gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, dijo en marzo que el proyecto para mejorar la seguridad en nueve municipios de la Zona Metropolitana (Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán del Río y Zapotlanejo) estaría en funcionamiento a finales de junio.
El contrato inicial, en poder de Reporte Índigo, menciona en su cláusula vigésima segunda que la secretarías de Planeación, Administración y Finanzas y de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) eran las encargadas de verificar el cumplimiento de obligaciones del proveedor Idan Itzhak Shimon.
Netzahualcóyotl Ornelas, titular de la SIOP, afirmó a principios de año que, por lo que respecta a su dependencia, la sede del C5 está lista desde el 18 de diciembre y costó alrededor de 70 millones.
La página oficial de Escudo Urbano sostiene que la inversión fue de 895 millones 878 mil 917 pesos con 50 centavos, incluidos en el crédito de 3 mil 800 millones de pesos que el Congreso del Estado autorizó a Aristóteles Sandoval en el decreto 25528/LX/15 para obras públicas en el periodo 2015-2018.
Sin embargo, Ornelas expresó que el edificio se construyó de otra partida presupuestal, como lo afirma la cláusula quinta del contrato: los pagos que rebasen el monto asignado estarán sujetos a la aprobación de los ejercicios fiscales correspondientes.
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El 30 de septiembre que vencía el contrato, tomó posesión el nuevo presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, quien en días recientes declaró que el incumplimiento se debe a un retraso en la instalación de cámaras. La planeación contempló un total de 5 mil 400, las cuales corresponden a 2 mil 500 de videovigilancia, mil 500 cámaras inteligentes, mil 200 para reposición y 200 lectores de placas.
“¿Por qué le apuesto a tener cámaras del Municipio si va a estar el C5?, porque el C5 no va a estar”, externó el alcalde a través de un comunicado de prensa.
Marco Valerio Pérez, titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad e impulsor del C5, reconoció en el mes de julio un retraso en la interconexión con Zapopan y en la instalación de cámaras, pero lo calificó como algo menor, pues el C5 tenía un 65 por ciento de avance.
“Lo tiene directamente el gobierno del estado, debería de existir por supuesto. Un contrato en el que no existen sanciones no puede avanzar, sería un contrato leonino contra los intereses jurídicos y particulares de la ciudadanía, espero que sí exista pero, más que eso, espero que cumplan en tiempo, espero que puedan”, expresó sobre el documento que dice desconocer.
La décimo tercera cláusula del contrato, en efecto, explica que se cobrará un porcentaje de los bienes o servicios a Idan Itzhak Shimon como penalización, que dependerá de los días de retraso. De 21 días en adelante, el contrato podrá cancelarse por no entregar el C5 en las condiciones previstas.
El documento también habla de modificaciones, solicitudes de prórroga o suspensión temporal en el contrato. Pero hasta el momento, no se han confirmado por parte de las autoridades.
Otros contratiempos
El 29 de enero, Aristóteles Sandoval firmó el decreto de creación del C5. El documento entró en vigor a los 15 días después de su publicación, que fue el 27 de febrero de 2018.
El quinto transitorio establece que el gobernador debió nombrar al coordinador del Escudo Urbano C5, a más tardar, en la fecha que el decreto tuvo valor, es decir, en el mes de marzo. El nombramiento era necesario para iniciar las gestiones y definir el presupuesto del reglamento interno.
Fue hasta el 30 de julio, en la instalación de la Junta de Gobierno del Escudo Urbano, que se refirió a Javier Balderrama como director general y se reveló que sólo 2 mil cámaras estaban en operación, aunque 4 mil ya habían sido instaladas.
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“Hoy se pasa a la toma de protesta, no es un acto de inauguración porque todavía falta el poder culminar con lo que refiere al contrato al 30 de septiembre con la instalación de todo lo que es la infraestructura”, puntualizó el gobernador jalisciense en el recorrido realizado en julio.
Hasta el 24 de mayo, el Congreso Local aprobó la Ley Orgánica del Escudo Urbano C5, en la que, entre otras cosas, se establecen multas al servidor público que haga una divulgación indebida de las grabaciones
Pero si el marco normativo era un contratiempo, la asignación de presupuesto no. En esa misma fecha se dieron 25 millones 735 mil 804 pesos más al proyecto.
El 25 de junio, Aristóteles Sandoval firmó el acuerdo por el que determinó que el fiscal general del Estado, Raúl Sánchez Jiménez, presidiría la Junta de Gobierno del C5.
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El centro pasó de estar a cargo de la Secretaría General de Gobierno (SGG) a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el 20 de septiembre, a diez días del vencimiento de la obra, Sánchez Jiménez fue destituido de su cargo por el caso de los cuerpos almacenados en un tráiler.
La empresa contratada para el C5
Fueron siete firmas propuestas y CIS International Limited ganó la licitación por votación unánime del grupo interdisciplinario, que optó por el presupuesto más económico.
El contrato, donde sostuvo que “tiene capacidad legal, financiera, técnica y productiva necesaria” para cumplir, la define como una sociedad mercantil extranjera constituida conforme a la legislación de República de Chipre, pero con domicilio en la Ciudad de México.
Su giro comercial es de servicios de seguridad y custodia mediante el monitoreo, según el Portal de Proveedores de Jalisco, página que establece su ubicación en Guadalajara.
