El Bus ‘chueco’ de Márquez

El gobernador de Guanajuato, el panista Miguel Márquez Márquez, impulsa la operación de un sistema de autobuses BRT, un proyecto soportado en la liberación de un derecho de vía turbio plagado de irregularidades.

El mandatario del PAN pretende resucitar  con este BRT (Bus Rapid Transit) el viejo y polémico proyecto del Tren Expreso de Guanajuato, trazado sobre el corredor industrial de este estado.

Con su sistema de autobuses rápidos, Márquez busca utilizar el derecho de vía que liberó la administración de su antecesor en el cargo el también panista Juan Manuel Oliva Ramírez.

El proceso de compra de terrenos y predios que hizo Oliva Ramírez en su sexenio para el trazo de este tren está lleno de irregularidades e inconsistencias.

Reporte Indigo tuvo acceso a 15 expedientes que documentan la compra de 21 terrenos por parte del estado de Guanajuato, entre el 2008 y 2010, para liberar el derecho de vía para el tren rápido.

Estas operaciones de compra-venta cubren un monto por más de 16 millones de pesos. 

Entre las irregularidades detectadas está que las firmas de los cheques pagados a los propietarios de los predios afectados por el trazo del proyecto no coinciden con las que presentaron los particulares en sus identificaciones oficiales.

En algunos casos las copias de las credenciales del IFE que presentaron los propietarios no son legibles y las fotografías son de tan mala calidad que impiden identificar a las personas.

En un expediente aparecen cheques duplicados simulando la compra de dos inmuebles cuando realmente se paga por un predio.

Una de las irregularidades más graves encontradas en la revisión de estos documentos es la diferencia que existe entre el monto pactado a pagar y que el que realmente se cubre.

En uno de los contratos de compra-venta a los que este periódico tuvo acceso existe una diferencia de 4 millones de pesos entre el monto que el Estado se comprometió a pagar y lo que realmente autorizó la Tesorería de Guanajuato.

Estas inconsistencias en el proceso de compra de terrenos para liberar el derecho de vía – originalmente planeado para el Tren Expreso Guanajuato – manchan de arranque el proyecto del corredor de autobuses que quiere concretar el gobernador Miguel Márquez Márquez antes de que termine su sexenio.

Y de paso exhiben al candidato del PAN a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, quien fue responsable de este proceso turbio de adquisición de predios durante la administración del exgobernador Juan Manuel Oliva.

El TEG, un proyecto descarrilado

La construcción de un tren rápido en Guanajuato es un proyecto que tiene más de 20 años.

En 1995 el gobierno del estado otorgó una concesión a la empresa Sociedad Operadora del Tren Rápido Interurbano de Guanajuato, S.A. de C.V. con la intención de construir, operar y explotar este sistema de transporte.

El plan de este proyecto ferroviario era conectar las ciudades que conforman el corredor industrial de Guanajuato: León, Celaya, Salamanca e Irapuato.

La falta de recursos para la liberación del derecho de vía que necesitaba este proyecto siempre frenó esta obra estatal.

En el 2005 el gobierno federal autorizó una partida de 800 millones de pesos para que el gobierno del estado comenzará las negociaciones para la compra de los predios.

Pero no fue hasta el sexenio del gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez (2006-2012) que las autoridades estatales retomaron las negociaciones con los propietarios de los predios por donde estaba proyectado el trazo del tren.

Sin embargo, la falta de liquidez de la administración de Oliva impidió que se lograra liberar todo el derecho de vía y una vez más el proyecto quedó suspendido.

Según información publicada por el periódico AM de León, el estado habría pagado, entre el 2008 y 2010, 500 millones de pesos a propietarios de predios para la liberación del derecho de vía.

El derecho de vía comprado por el estado tiene una extensión de 15 metros de ancho a lo largo de 133 kilómetros, desde la ciudad de León hasta Celaya.

El año pasado el gobernador Miguel Márquez intentó resucitar el proyecto ferroviario tras el anuncio del gobierno federal de construir el tren México-Querétaro, cancelado por la SCT.

Márquez aseguraba que el proyecto estatal tenía su derecho de vía liberado y los estudios actualizados para ser factible.

“Es un proyecto totalmente viable, que ya tiene derecho de vía, los estudios actualizados al 2013, lo que confirma que es de los más viables y sustentables; están dadas las condiciones”, comentó el mandatario estatal.

Un derecho de vía turbio 

Reporte Indigo tuvo acceso a 15 expedientes de compra de predios con irregularidades financieras.

Estos contratos de compra-venta avalan operaciones por más de 16 millones de pesos.

El gobierno de Guanajuato firmó un convenio de Ocupación Previa de Tierras Parceladas sujetas a procedimiento expropiatorio el 29 de febrero del 2008, donde el estado se comprometía a pagar a Alfredo Murillo Sánchez, presidente del comisario ejidal del Ejido el El Mezquite, la cantidad de 6 millones 784 mil pesos.

La Tesorería de Guanajuato expidió cuatro cheques a nombre de Murillo Sánchez pero sólo por la cantidad de 3 millones 162 mil 639 pesos.

En la Secretaría de Finanzas no existen constancias de que se haya emitido dos cheques faltantes para el pago de las fichas 140-A y 141-A, que sumaban los 3 millones 621 mil pesos para cubrir el monto total acordado.

La firma de Alfredo Murillo que tiene en su credencial de votar es completamente diferente a la que aparece en los cheques.

Las firmas que no coinciden es una de las principales anomalías.

La diferencia en las firmas entre sus documentos oficiales y la escrita en el cheque es notoria en los expedientes relacionados con los pagos realizados a los propietarios Héctor Vega Guerra, Ramón Cantero Quintana, Ricardo Pérez Iñiguez, Patricia Iñiguez Muñoz y Leonel García Puente.

En el caso de José Luis Cruz González el escaneo de la credencial de elector es de tan mala calidad que no se puede identificar ni siquiera su fotografía.

La firmas que aparecen en el expediente del expropietario –como en el resto de los casos- no son similares.

El caso de Leonel García Puente es muy evidente: mientras en su credencial de elector firma con cursiva, en el cheque firmó sólo con su nombre.

Con Rodolfo Mercado Franco, el gobierno de Guanajuato acordó pagar la cantidad de 866 mil pesos por un terreno ubicado en el ejido “El Capulín”, en Silao. 

Sin embargo, en la Tesorería sólo existen dos cheques que cubren únicamente la cantidad de 237 mil pesos, provocando una diferencia de 604 mil pesos con el monto pactado.

En el expediente de la compra de dos propiedades de la señora María Concepción León Martínez sólo existe registro de dos cheques por la cantidad de 124 mil 787 pesos, que ampara sólo la compra de uno de los predios.

El Estado compró dos predios, pero sólo pagó por uno.

El pago por 86 mil 682 pesos que se hizo a Carlos de Jesús Cobián Gallardo por la compra de un predio de 144 metros cuadrados no está soportado por ningún contrato de compra venta por la falta de escrituras públicas del supuesto dueño.

Candidato del PAN bajo la lupa

Entre los principales responsables del proceso de compra de terrenos está el actual candidato del PAN a la alcaldía de León, Héctor López Santillana.

López Santillana se desempeñó en el sexenio de Oliva como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, dependencia por la cual pasaron las autorizaciones y la liberación de los recursos para la adquisición de los terrenos para el derecho de vía.

El Gobierno de Guanajuato firmó convenios de ocupación previa, en los casos donde se tuvo que iniciar un procedimiento de expropiación.

Esos convenios eran firmados por Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico en representación del estado.

Las autorizaciones de los pagos pasaban también por Enrique Sosa Campos, entonces director de la Secretaría de Desarrollo Económico, a solicitud de Carlos Abugaber Giacoman,  excoordinador del Programa de Vías Alternas de Comunicación de Guanajuato.

En cambio los contratos de compra-venta que se realizaron con los particulares dueños de los predios fueron firmados por el exgobernador Juan Manuel Oliva, en representación del Estado.

Esos convenios también eran firmados por el entonces secretario de Gobierno, José Gerardo Mosqueda Martínez; Héctor López Santillana, exsecretario de Desarrollo Económico y ahora aspirante panista, y el extesorero Gustavo Adolfo González Estrada, Secretario de Finanzas y Administración.

Firmas que no coinciden

La Secretaría de Finanzas y Administración expidió un cheque por la cantidad de 3.2 millones de pesos a favor de Felicitas Saldaña por la compra de un predio de 7 mil 897 metros cuadrados ubicado en el ejido Las Cajas, en el municipio de Salamanca.

La firma de recibido que aparece en el cheque No. 0171465 expedido por la Tesorería de Guanajuato a nombre de la propietaria no coincide con la de su identificación oficial.

El expediente de Efraín González González indica que se le pagó la cantidad de 3.3 millones de pesos por un predio de 8 mil 455 metros cuadrados localizado en el municipio de Cortázar.

El contrato entre el particular y el gobierno del estado fue avalado por el entonces secretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, actualmente candidato del PAN a la Alcaldía de León.

Las firmas que aparecen en el cheque son completamente diferentes a la que tiene González González en su credencial de votar.

Compras simuladas

Durante el sexenio del exgobernador Juan Manuel Oliva se autorizó la compra de dos inmuebles propiedad de la señora María Concepción León Martínez, ubicados en la ciudad de León por la cantidad de 250 mil pesos.

Sin embargo, en la Tesorería de Guanajuato sólo existe documentación de dos cheques expedidos a este particular por la cantidad de 124 mil 787 pesos, que corresponde al valor de uno de los predios.

¿Y el dinero del otro terreno?

Pagos autorizados … ¿a quién?

El Estado pagó 138 mil pesos a Héctor Vega Guerra por la afectación de un predio suyo ubicado en el ejido “El Capulín”, municipio de Silao.

Sin embargo, el escaneo de la credencial del elector de Vega Guerra, que existe en su expediente, es tan de mala calidad que no permite identificarlo plenamente.

La firma como en el resto de los casos tampoco coincide en la documentación disponible.