Como prueba para evadir la sanción del Congreso local, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco desestimó la aplicación móvil del Instituto Nacional Electoral (INE) para la captación de firmas que le permitieron participar en la candidatura presidencial.
En total presentó ocho, pero la segunda es una prueba pericial que consiste en un dictamen de experticia rendido por un perito oficial en las materias de la informática y telecomunicaciones a fin de determinar las condiciones de funcionalidad y operatividad de la aplicación móvil para la obtención de apoyo ciudadano.
“Es menester precisar que existe una falta de certeza jurídica de la aplicación móvil para la captación de apoyos ciudadanos de las y los aspirantes a candidatos independientes debido a que presentaba fallas, errores y vulnerabilidades de carácter tecnológico, digital, cibernético y de seguridad que impedían conocer los momentos de captura, recepción y resguardo”, señala el documento de la comparecencia por escrito que entregó el mandatario, en poder de Reporte Índigo.
La Comisión Anticorrupción del Congreso local esperaba que “El Bronco” asistiera a la cita programada ayer martes a las 15:00 horas para comparecer pero no se presentó.
En su lugar, asistió la abogada Ana Laura Cano Picacho, quien acompañó a los legisladores durante la lectura y análisis de las pruebas previamente entregadas por el mandatario estatal.
La abogada Ana Laura Cano Picacho acudió en representación del gobernador, quien faltó a la comparecencia
Por ejemplo, una documental pública que es una copia certificada sobre los registros de fecha y hora de cada apoyo; un informe del Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre las declaraciones anuales para comprobar la condición socioecnoómica de Rodríguez Calderón, un instrumental de actuaciones, las presunciones legales y humanas, un informe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental sobre faltas administrativas y una serie de recibos, actas notariales y oficios.
Además de rechazar la prueba pericial, el órgano legislativo desechó la documental vía informe de las declaraciones anuales al SAT y la realizada por la Contraloría y Transparencia Gubernamental sobre faltas administrativas.
Desconoce a Congreso y reconoce infracciones
El escrito del gobernador Jaime Rodríguez menciona que el número de servidores públicos infraccionados por faltar al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público no fue de 572 sino de 570.
Américo Garza Salinas y Sonia Denisse Lechuga Grimaldo fueron absueltos. Sí, el gobernador reconoce las infracciones, sin embargo, afirma que es imposible determinar con precisión su conducta presuntamente cometida.
570
Por otra parte, “El Bronco” desconoce al Congreso de Nuevo León en cuanto a facultad, atribución y competencia constitucional o legal para sancionarlo.
“No les reconozco a ustedes como diputados, como comisión ni como Congreso, el carácter de superior jerárquico”, dice el escrito.
El mandatario sostiene que la sanción del órgano legislativo local invade las competencias del Congreso de la Unión al legislar y crear un procedimiento de sanciones, cuando esta es una facultad exclusiva a nivel federal. Incluso, inculpa al Congreso de la violación de la Ley y su aplicación inexacta.
“Lo que se le instruyó al Congreso local era que revisara si los hechos encuadraban en una responsabilidad administrativa, sin embargo, determinó crear un procedimiento y un catálogo de sanciones”, reclama el texto.
Jaime Rodríguez, incluso, sostiene una excepción de cosa juzgada, ya que el procedimiento electoral concluyó con la ausencia de sanción y/o determinación de responsabilidad electoral. Argumenta que la omisión se reflejó en la captación de apoyos individuales no en los votos que pudieran afectar a los partidos.
González se pone bronco
En su comparecencia de pruebas ante diputados de la Comisión Anticorrupción, el secretario de Gobierno, Manuel González, desconoció que el Congreso local tenga atribuciones para sancionarlo y consideró que las reglas procesales son nulas.
“Comparezco con cautela sin reconocerles ninguna legitimidad a ninguno de ustedes en el caso en cuestión. Usted (Arturo Bonifacio de la Garza) y todos los miembros de la Comisión están faltando a la legalidad en nuestro proceso”, dijo el funcionario.
González sostuvo que jamás se ha definido alguna conducta que tenga responsabilidad concreta ni por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la Sala Especializada, ni los diputados.
El Legislativo aprobó cinco de las 10 pruebas que presentó el secretario, pero rechazó que la Contraloría estatal intervenga.
