El boom de la corrupción

La cacería comenzó. O al menos así lo vive el PAN. Aún no concluye el primer mes de la nueva administración en la delegación Benito Juárez y las indagatorias sobre presuntos actos de corrupción están en puerta.

Y es que de acuerdo con las autoridades locales, el boom inmobiliario en esa demarcación se disparó de manera irregular ya que la mayoría de las obras incumplen con el uso de suelo y demás permisos.

En su último informe de labores, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) aseguró que la delegación donde se tiene registrado el mayor índice de corrupción es casualmente la Benito Juárez.

Por eso la diputada local, Dinora Pizano, de extracción perredista, solicitó a las autoridades delegacionales un informe pormenorizado de los proyectos que se han ejecutado en los últimos años.

Incluso, un grupo de vecinos y está conformando un comité ciudadano de vigilancia para evitar la proliferación de más complejos habitacionales en la zona.

Esta demarcación representa el único y último bastión del Partido Acción Nacional en la capital del país, y la cereza en el pastel que el PRD busca obtener en el 2015.

De ahí que las indagatorias ya hayan comenzaron. Y de ahí el interés del GDF y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) de rastrear cualquier indicio de corrupción.

Veamos:

En su comparecencia, el titular de la Seduvi, Felipe Leal, dijo que en los últimos tres años una de las dos demarcaciones que presentan más casos de corrupción y quejas vecinales por usos de suelo irregulares es Benito Juárez.

No solo eso, sino que explicó la debacle de Acción Nacional en la ciudad con este tipo de casos: “muestra de ello es que los electores ahora no eligieron a los diputados de este partido”.

Como ejemplo del sin fin de obras irregulares, Leal recordó el caso de la calle Millet, donde se tuvo que demoler uno de los complejos.

Entre las cifras ofrecidas por el funcionario respecto a esa delegación, hay 48 revocaciones, cinco juicios de lesividad pendientes y 11 denuncias  penales de las que se han asegurado nueve inmuebles, así como la detención de un funcionario.

El origen

Desde hace más de tres años, las quejas vecinales por obras irregulares han sido una constante, al grado que en el proceso electoral pasado un grupo de empresarios y vecinos emprendieron una campaña de desprestigio hacia las autoridades delegacionales.

Esto, debido a que el actual jefe delegacional, Jorge Romero, formó parte del gabinete de su antecesor, Mario Palacios, quien en diversas ocasiones fue señalado por permitir construcciones al margen de la ley.

En pleno periodo electoral aparecieron cientos de mantas en las que se denunciaba a Romero y Palacios de extorsionar a empresarios de la zona a cambio de no clausurarles sus inmuebles.

La queja fue una constante y se sumó a la de los vecinos que aseguran que no hay factibilidad del agua para seguir desarrollando complejos habitacionales en esa demarcación.

También, el año pasado se dio a conocer que una de las modalidades que utilizaban los desarrolladores para construir sin contar con el uso de suelo fueron los llamados amparos milusos.

Esta figura la utilizó la cooperativa Ciber México para obtener certificados de cambio de uso de suelo en al menos 732 obras en toda la Ciudad, según la estimación de la propia Seduvi.

A través del amparo 732/98 la Seduvi liberó 74 certificados de uso de suelo en el 2011, con los cuales los verdaderos propietarios de los inmuebles lograron obtener permisos para hacer construcciones más grandes de las autorizadas en los planes urbanos.

Y ese representa uno de los principales problemas en la delegación Benito Juárez, según los actores políticos del último bastión panista en el Distrito Federal.

Las acciones

La diputada local Dinorah Pizano, una perredista que ganó su curul por un distrito de esa demarcación, aseguró que la proliferación de obras irregulares en Benito Juárez surgió desde el 2005.

Mediante un punto de acuerdo en la ALDF, solicitó al jefe delegacional un informe sobre el número de construcciones que fueron solicitadas y otorgadas a particulares y a inmobiliarias de 2009 a la fecha.

“Para nadie es extraño ver la proliferación de construcciones de vivienda, oficinas, escuelas, comercios, centros de entretenimiento y diversión sin que cumplan con los requisitos técnicos y normativos, particularmente en la delegación”, dijo en entrevista con distintos medios.
Bajo esa óptica, la asambleísta pidió copias certificadas de las construcciones que se desarrollaron o aún están en proceso de construcción.

El documento también incluye la solicitud hacia la Seduvi, instancia que deberá informar cuáles son las modificaciones al uso de suelo que se han otorgado a las inmobiliarias en ese mismo lapso.

De enero a la fecha, la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la ALDF recibió quejas sobre todo relacionadas con cuatro obras grandes complejos habitacionales.

Estas obras fueron realizadas por la empresa inmobiliaria “Coinasa” y se ubican en las colonias San Pedro de los Pinos, Portales y Merced Gómez.

Los documentos que fueron entregados a la ALDF indican que el predio de avenida Primero de Mayo número 139, en San Pedro de los Pinos, tiene uso del suelo H3M, es decir, para tres niveles; y la construcción muestra ocho niveles.

Mientras que en Plutarco Elías Calles 1105, de la colonia Portales, hay un complejo de nueve niveles, cuando el límite permitido es de seis niveles y pertenece a la misma compañía.

El tercer inmueble es conocido como el predio del “Coronel”, ubicado en avenida Revolución 1189, en la colonia Merced Gómez, cuyo uso del suelo es para ocho niveles y ya tienen construidos once.

El cuarto y último es el edificio “Orozco”, de la calle 25 número 99, de la colonia San Pedro de Los Pinos, mismo que tiene uso del suelo para tres niveles, pero la construcción fue del doble (seis pisos).

La reacción

Al respecto, el jefe delegacional, Jorge Romero, negó que las autoridades delegacionales estén inmiscuidas en actos de corrupción y adelantó que ya prepara un informe a detalle de las obras irregulares.

“Nosotros estamos resueltos a darle solución al tema de las construcciones irregulares, eso vamos a hacer con absoluta transparencia, porque estamos consientes de lo sensible del tema. Lo que vamos a buscar es hacerle ver a la población lo que realmente dice el marco jurídico y lo que se cree que dice la ley”.

En entrevista con Reporte Indigo, Romero afirmó que “lo que el GDF está dejando bien guardadito es informar que desde el año 2004, lo que alguna vez fue licencia de construcción fue sustituido por certificado de uso de suelo y quien lo emite es la Seduvi”.

Para el delegado si esto no es una cacería, al menos lo parece ya que las delegaciones carecen de facultades en la materia, pues lo único que les compete es verificar, pero por medio del Instituto de Verificación Administrativa del DF.

“Cuando un certificado expedido es autorizado por la Seduvi, así autorice seis niveles cuando el uso de suelo es de tres, es una figura legal y no nos queda más que acatarla”.

Por esa razón aseguró que será de risa ver qué opinan las autoridades cuando se de a conocer que es el propio GDF quien permitió la proliferación de obras irregulares.