"Tenemos que lograr que exista una fiscalía nacional anticorrupción dotada de independencia de gestión”
Los trabajos para consolidar una Fiscalía Anticorrupción en cada estado son lentos porque se requiere reformar reglamentos
Debido a que los índices de impunidad y corrupción en México son muy altos en los últimos años, diferentes estados han optado por consolidar fiscalías anticorrupción con la finalidad de dar una solución a este problema.
Tal es el caso de Nuevo León, Puebla y Sonora, entidades en las que el tema de las fiscalías para combatir la corrupción ha dividido opiniones luego de su consolidación debido a la lenta operatividad de su funcionamiento y por ser cuestionada ante la falta de “dientes”.
Con este tipo de organismos los gobiernos estatales pretenden mejorar en materia de transparencia respecto al comportamiento de los funcionarios y el buen manejo del dinero público.
A nivel nacional también se ha considerado esta medida para poner un alto a la impunidad y a la corrupción en sus funcionarios públicos ya que por medio de la Procuraduría General de la República (PGR) se contempla consolidar una Fiscalía Anticorrupción Autónoma.
Desde hace más de dos años que México ha empeorado su situación en temas de corrupción en toda la república.
Cabe destacar que el pasado 27 de enero Transparencia Internacional reveló su Índice de Percepción de la Corrupción 2015, que se trata de una lista de los países más corruptos a nivel internacional, y en la que figura el país mexicano, junto a Venezuela, Irak, Libia, Angola, Sudán del Sur, Afganistán, Somalia y Corea del Norte.
Organismos como Coparmex han demandado la urgencia de una Fiscalía Anticorrupción Autónoma antes de que termine el presente año para que se sancione al funcionario que violente la ley.
“Este año debe de aprobarse el sistema nacional anticorrupción, tenemos que terminar el 2016 con un sistema nacional anticorrupción. Son 17 leyes y al final del camino tenemos que lograr que exista una fiscalía nacional anticorrupción dotada de independencia de gestión, independencia financiera, de autonomía política, para que podamos tener la posibilidad de que cuando alguien violente la ley, pague las consecuencias”, dijo Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional del organismo.
Los trabajos para consolidar una Fiscalía Anticorrupción en cada estado mexicano son lentos debido a que se requiere reformar el reglamento de la Procuraduría General de Justicia en cada entidad.
En Nuevo León la Fiscalía Anticorrupción generó una fuerte expectativa, pero su avance legal ha sido lento en el gobierno estatal.
Por ejemplo, a pesar de que el gobernador de esta entidad, Jaime Rodríguez Calderón, ha asegurado que actualmente se están investigando a diferentes funcionarios de la administración estatal anterior por temas de corrupción, no se han mostrado resultados que garanticen su transparente funcionamiento.
Aparentemente dentro de estas investigaciones estaría el antecesor de Rodríguez Calderón, el ex mandatario estatal, Rodrigo Medina de la Cruz, pero la actual Fiscalía Anticorrupción no ha dado resultados.
Medina de la Cruz ha sido cuestionado las malas finanzas que dejó en el Estado, que tiene una deuda oficial de hasta 67 mil millones de pesos.
Por su parte, aunque Rodríguez Calderón aseguró durante su toma de protesta en octubre del año anterior que investigaría las irregularidades cometidas por funcionarios del nivel estatal en la gestión anterior, hasta el momento las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción se han hecho a paso de tortuga.
Con la misma finalidad se concretó la Fiscalía Anticorrupción de Sonora el pasado mes de septiembre, cuando
En el estado de Sonora la actual gobernadora militante del PRI, Claudia Pavlovich Arellano, anunció que la Fiscalía Anticorrupción tendría como finalidad principal perseguir a los funcionarios que hayan incurrido de deshonestos durante la pasada administración estatal del panista Guillermo Padrés Elías.
Sin embargo, hasta el momento no se han tomado cartas en el asunto con respecto a funcionarios de la pasada y actual administración que hayan cometido delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho.
Para combatir la corrupción he dicho estado, se concretó dicho órgano con un total de 85 empleados, entre los que hay 21 investigadores y 21 auditores forenses.
El estado de Puebla fue el primero en estrenar una Fiscalía Anticorrupción, pero los resultados no han sido los esperados.
Se consolidó desde el año 2009, pero hasta la fecha no ha destacado por presentar una investigación en contra de uno de los funcionarios públicos en dicha entidad.
Lo anterior, a pesar de que esta fiscalía ha trabajado con Unidades Móviles, con las que se pretenden recolectar quejas, denuncias y sugerencias de los usuarios de servidores públicos.
