La seguridad que brinda la actual administración de Núñez también incluye a exfuncionarios estatales que han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado
Ramos Troconis mantiene a sus escoltas desde el año 2013, incluso durante sus labores de secretario de Administración
Tabasco enfrenta una de sus peores crisis de inseguridad, pero el gobernador Arturo Núñez y sus funcionarios de gobierno están más que protegidos con la asignación de más de 100 policías como escoltas para su protección personal.
Este servicio representa un gasto de un millón de pesos mensuales sólo en el pago de salarios de los elementos policiacos habilitados como guardias.
Esta cantidad no incluye lo que se eroga por la protección de exfuncionarios estatales de Tabasco ni tampoco el gasto que incluye la dotación de vehículos para cumplir su encargo.
Esto se desprende de una revisión del portal de transparencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco y de solicitudes de información presentadas por Reporte Indigo.
A diario los tabasqueños tienen que enfrentar en las calles el riesgo de secuestros y robos, pero el mandatario perredista y sus colaboradores están blindados contra esta violencia.
Núñez ha cumplido con su promesa de brindar seguridad… pero sólo para él, su familia y colaboradores más cercanos.
El mandatario perredista tiene asignados para su protección personal y la de su esposa a 63 elementos de policías para su cuidado.
Los guardias están distribuidos tanto en Palacio de Gobierno, donde despacha Núñez, como en la polémica Quinta Grijalva, que es la casa de gobierno donde vive el gobernador tabasqueño y su esposa Martha Lilia López Aguilera.
La esposa de Núñez, presidenta del DIF Tabasco, tiene además un escolta asignado.
El antecesor de Núñez en el cargo, el priista Andrés Granier- hoy encarcelado acusado de peculado- llegó a contar con 171 policías para su resguardo.
El servicio de protección personal no sólo lo goza el mandatario estatal, sino también integrantes de su gabinete y colaboradores cercanos, sin importar que sus funciones no tengan nada que ver con el tema de seguridad.
El secretario de Finanzas, Amet Ramos Troconis, tiene asignados 22 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para su protección y la de su familia.
Ni los funcionarios del Estado a cargo de la seguridad tienen tanta protección oficial como la que goza el tesorero estatal.
Por ejemplo: el secretario de Gobierno, César Raúl Ojeda, también está protegido, pero sólo con 11 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado.
El general Lorenzo García Pérez, director del C4, tiene 4 elementos como escoltas.
Entre los funcionarios que tienen guardias de seguridad para su resguardo aparecen también exgobernadores y exfuncionarios.
Uno de ellos es el exprocurador del Estado con el exgobernador Andrés Granier, Gustavo Rosario Torres, quien hasta el año pasado contaba con 3 efectivos a su disposición.
Escoltas a discreción
La asignación que ha hecho el gobierno de Arturo Núñez de elementos de seguridad pública a labores de protección de funcionarios públicos se ha realizado de manera discrecional y al margen de lo que la Ley estipula.
En Tabasco opera un Comité de Autorización de Protección Personal, que es el responsable de resolver las solicitudes quepresentan funcionarios públicos para que se les asignen elementos policiacos para su resguardo.
La asignación de los elementos de seguridad a los funcionarios en activo tienen que haber sido autorizada por este comité que lo integran, entre otros, el secretario general de Gobierno, así como el secretario de seguridad pública estatal.
Esto de acuerdo a la Ley del Sistema de Seguridad Pública de Tabasco, en su título sexto que regula todo lo relacionado con el otorgamiento de seguridad personal a funcionarios o exfuncionarios.
“El Comité tiene como objetivo: la protección a la seguridad personal dentro del territorio estatal que otorga el estado a servidores en activo o a exservidores públicos que acrediten encontrarse en situación de riesgo por la naturaleza propia de su encomienda”, señala la norma.
Los casos excepcionales que no están contemplados en esta Ley, como sería el del tesorero del Estado, Amet Ramos, deben ser autorizados por el gobernador de Tabasco.
Los acuerdos de este Comité de Autorización de Protección Personal están declarados como información reservada. Sin embargo, a través de una solicitud de información presentada por Reporte Indigo, se pudo comprobar que este órgano responsable de autorizar la protección de los funcionarios sólo había dado su aval a un par de solicitudes de exfuncionarios estatales.
El Comité de Autorización de Protección Personal tomó protesta el pasado 25 de agosto de 2015. Lo integran el secretario general de Gobierno, César Raúl Ojeda Zubieta, además de Sergio Ricardo Martínez Luis, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, y el inspector Miguel Ángel Matamoros Camacho, comisionado de la Policía Estatal.
El tesorero y sus 22 escoltas
El actual secretario de Finanzas del Estado, Amet Ramos Troconis, puede presumir que –después del gobernador Arturo Núñez- es el funcionario de Tabasco más protegido.
En el 2015, siendo secretario de Administración, Ramos Troconis tenía asignados para su protección a 22 policías estatales.
La misma seguridad la tiene ahora como tesorero del estado, cargo que ocupa desde el 1 de enero del 2016.
Ramos Troconis tiene este despliegue de seguridad, a pesar de que ni como responsable de administración ni como tesorero, participa en la toma de decisiones de seguridad pública en Tabasco.
El número de elementos de seguridad asignados a Ramos Troconis son el doble de los que tiene, por ejemplo, el secretario general de Gobierno, César Raúl Ojeda, que sí está involucrado en el gabinete de seguridad de Núñez.
La protección que tiene Ramos Troconis la mantiene desde el año 2013. Es un hombre de confianza del gobernador perredista y en Tabasco ha sido vinculado familiarmente con la esposa de Núñez, Martha Lilia López Aguilera.
Exgobernadores gozan privilegio de protección
Exgobernadores y exprocuradores del Estado también han gozado el privilegio de contar con seguridad pagada del erario.
Hasta el 2013 el exgobernador Enrique Priego Oropeza tenía asignado a un elemento de seguridad, a pesar de que su encargo duró sólo un año y concluyó hace 15 años.
En el 2012 el exgobernador Manuel Andrade Díaz contaba con protección oficial de un agente de seguridad pública del estado de Tabasco.
La protección que brinda la actual administración de Arturo Núñez incluye a exfuncionarios estatales, sin importar que algunos han sido señalados de tener nexos con el crimen organizado.
El exprocurador de Justicia del Estado, Gustavo Rosario Torres, hasta el año pasado tenía asignados 3 elementos de seguridad pública para su protección.
El también exalcalde de Villahermosa sufrió en el 2011 un presunto atentado en su casa cuando se desempeñó como procurador del exgobernador Andrés Granier Melo, hoy encarcelado en la Ciudad de México.
Durante su ejercicio como procurador Rosario Torres fue acusado de brindar protección a los cárteles de la droga que operan en Tabasco.
El exprocurador de Justicia del Estado durante el sexenio de Granier, Mario Romero Tequextle, tuvo en el 2012 un par de elementos policiacos a su servicio.
Jorge Javier Priego Solís, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es otro de los servidores que gozan de protección estatal, con 3 elementos.
Hasta el 2014 el entonces director de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, el coronel Jorge Octavio Casillas, estaba resguardado con 13 elementos de seguridad pública.
Agustín Silva Vidal, exasesor del gobernador y ahora titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también ha contado con elementos de seguridad para cuidar su integridad.
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