La iniciativa no es bien vista en el GDF, pero la fractura entre el mandatario local y las tribus perredistas inclina la balanza a favor de los bejaranistas
De acuerdo con las organizaciones promotoras de derechos humanos, en la capital hay unos 3 mil casos de arraigo al año, de los que solo el 20 por ciento deriva en juicio
La propuesta del diputado local, Jorge Gaviño, podría convertirse en ley gracias a la lucha entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el bloque bejaranista
Las luchas políticas tienen, a veces, consecuencias inesperadas. Así la fractura del PRD en la capital ha abierto paradójicamente la puerta para que desaparezca del Código Penal del Distrito Federal la polémica figura del arraigo.
La propuesta surgió del diputado local –aliancista– Jorge Gaviño Ambriz, pero la batalla entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el bloque bejaranista está a punto de convertir el proyecto en un decreto de ley.
Históricamente, el gobierno capitalino ha ignorado este problema. Así lo hizo Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y ahora Miguel Ángel Mancera. Sin embargo, tras la exclusión de la poderosa corriente Izquierda Democrática Nacional de René Bejarano del gabinete mancerista, la bancada del PRD dejó de velar por los intereses del GDF en la ALDF, donde los bejaranistas tienen mayoría, y optó por manejar su propia agenda parlamentaria. Ahí es donde, entre otras, optan por comprar la idea de Ambriz, al considerar que un gobierno progresista no puede velar por las libertades sin atender un tema tan trascendental.
Si el proceso sigue su curso, está previsto que en el próximo periodo ordinario de sesiones de la V legislatura local – del 15 de marzo al 30 de abril– el Pleno apruebe el dictamen correspondiente. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, donde ya se elabora el documento, está presidida por un bejaranista, Antonio Padierna, que es además hermano de Dolores Padierna, esposa de René Bejarano. Tienen una mayoría con los diputados del PAN y PRI, los del ala bejaranista y sus aliados de facto.
En el Pleno de la ALDF, IDN suma 19 diputados y se prevé el apoyo de los partidos de oposición, por lo que el mandatario local se quedará solo otra vez .
La ADLF adelantaría así por la izquierda a la propia Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, anunció que el arraigo, que permite la detención de sospechosos sin que se presenten cargos hasta 60 días, desaparecería de manera paulatina.
El origen
En numerosas ocasiones, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ha denunciado los daños que ha originado esta práctica, no solo en el ámbito capitalino, sino en el estatal.
De hecho, la CDHDF señaló, en la recomendación 2/2011 de la CDHDF, que el arraigo se había incrementado en la ciudad en los últimos cinco años.
El documento apuntaba que esta figura forma parte del proceso penal mexicano y se ejecuta mediante una solicitud del agente del Ministerio Público ante un juez penal.
“Y fue establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 18 de junio de 2008; sin embargo, a pesar de su inclusión en el texto constitucional, constituye una forma de detención arbitraria, a la luz de los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos”, decía el texto que aseguraba que viola la presunción de inocencia.
De acuerdo con las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en la capital hay unos 3 mil casos de arraigo al año, de los que solo el 20 por ciento terminan en un proceso. Al 80 por ciento se le priva de su libertad y con un “usted disculpe” termina su arraigo.
La recomendación de la CDHDF señalaba que si bien este tipo de detenciones son autorizadas por un juez, están fuera del control jurisdiccional.
“El arraigo presenta severas consecuencias en la esfera de derechos de las personas sujetas a una investigación penal, pues la investigación de la autoridad ministerial se realiza con la persona detenida”, concluía el texto.
Detención anticipada
En entrevista con Reporte Indigo, el diputado Gaviño explicó que está demostrado que el arraigo viola los derechos humanos en todas las esferas de gobierno.
“A nivel federal, el procurador general de la República ya anunció que desaparecerá esa figura y un gobierno de izquierda no puede quedarse atrás, sobre todo cuando la bandera es el respeto a las libertades.
“La iniciativa de ley que presento es sencilla: busca derogar el artículo 270 Bis del Código Penal para el DF, que autoriza arraigar hasta por 60 días a una persona sujeta a una investigación”, aseguró Gaviño.
“La redacción de ese artículo es una verdadera detención anticipada, esto es así porque se restringe el fundamental derecho de libertad a una persona que constitucionalmente es inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Artículo 270
“Cuando con motivo de una averiguación previa el Ministerio Público estime necesario el arraigo del indiciado, tomando en cuenta las características del hecho imputado y las circunstancias personales de aquél, recurrirá al órgano jurisdiccional, fundando y motivando su petición, para que éste, oyendo al indiciado, resuelva el arraigo con vigilancia de la autoridad, que ejercerán el Ministerio Público y sus auxiliares. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la debida integración de la averiguación de que se trate, pero no excederá de treinta días, prorrogables por otros treinta días, a solicitud del Ministerio Público”.
Centros a tope
La violación de la presunción de inocencia no es el único factor que mueve a las autoridades capitalinas a legislar sobre este tema. El otro es el hacinamiento en los centros de arraigo.
Según la información de la Comisión de Derechos Humanos del DF, hay una superpoblación que genera deficiencias en los servicios como escasez de dormitorios y una constante tortura, por lo que se emitió la recomendación 2/2011 que no ha sido cumplida en su totalidad, de acuerdo con las organizaciones civiles.
También señalan deficiencias en el suministro de agua de dichos inmuebles, negligencias médicas, problemas de salud pública, escasez de alimentos, corrupción e incomunicación.
