El 2022 será de vital importancia para los órganos autónomos del país, su encomienda no solamente será cumplir con sus funciones, también deberán de fortalecerse y tolerar los embates políticos y discursivos del Gobierno federal y de Morena, quienes pretenden su extinción.
Actualmente, los organismos se encuentran asfixiados por los recortes presupuestales y acéfalos por la falta de nombramientos de nuevos consejeros y comisionados.
El principal argumento del presidente y sus aliados es que los funcionarios de los órganos autónomos son privilegiados, sirven a ciertos partidos y su desaparición generaría un importante ahorro presupuestario.
En contraparte, los partidos de oposición tomaron como bandera su defensa argumentando que los autónomos no deben desaparecer, sino fortalecerse y ganar mayor independencia, ya que además de sus funciones sirven como contrapeso al poder.
La batalla del Gobierno federal y Morena contra los autónomos comenzó hace un año, a inicios del 2021, cuando desde la tribuna de su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con suprimir y absorber varias instituciones, incluidas las autónomas.
”Vamos
Inmediatamente sus palabras se convirtieron en una amenaza para los organismos, por lo que salieron a su defensa los propios funcionarios de las instituciones, académicos y políticos opositores.
A un año de distancia de la primera amenaza, los organismos no han desaparecido ni sido absorbidos, pero poco a poco el Gobierno federal los asfixia ante la mirada impotente de sus defensores.
Continúa la amenaza a los órganos autónomos
Apenas hace una semana, el pasado 27 de enero, se dio a conocer la propuesta con la que el presidente López Obrador prevé que las funciones de 16 organismos autónomos y descentralizados se integran al Poder Ejecutivo, a través de alguna de las secretarías de Estado o entidades del gobierno, perdiendo su autonomía técnica y de gestión.
Y aunque en la lista no aparece ninguno de los principales órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), o el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), especialistas señalan que ese podría ser el primer paso para su desaparición.
En la lista del presidente aparecen órganos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Mexicano de la Juventud.
Pero lo que encendió las alertas fue la propuesta de desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un organismo de apoyo técnico que mide y evalúa los avances del país para combatir la corrupción.
Con su desaparición la administración pública federal pretende ahorrar poco más de 123 millones de pesos anuales que tiene de presupuesto y que ha disminuido drásticamente desde la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República.
Al respecto, Francisco Ciscomani Freaner, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, alertó que dicha propuesta a la larga sería más costosa y afectaría la autonomía del SNA.
“Lo que creo que pretende el presidente es ahorrar recursos dentro de los gastos de la administración pública para destinarlos a los programas que conocemos, sin embargo, en el caso de la Secretaria Ejecutiva, me parece que el presidente probablemente no ha sido bien asesorado, pues ésta es un brazo ejecutor que promueve la colaboración entre diversas instituciones y órdenes de gobierno. Además de ser una institución que prácticamente no cuesta, ya que en el 2017 tenía previstos 220 millones y hoy trabaja con 124 millones y 20 por ciento menos de su plantilla”, dijo al respecto Ciscomani Freaner.
Debido a la polémica propuesta del presidente y a la defensa de la Secretaría Ejecutiva del SNA, el coordinador de Comunicación Social de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que aún no hay fecha para enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados, ya que todavía se está analizando en la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.
Actualmente muchos de los organismos autónomos se encuentran asfixiados por los recortes presupuestales y acéfalos por la falta de nombramientos de nuevos consejeros y comisionados
La batalla contra el INE
El otro de los frentes que se tiene abierto entre el Ejecutivo y los órganos autónomos es el liderado por el Instituto Nacional Electoral y su lucha por conseguir más presupuesto para realizar la polémica consulta de revocación de mandato.
Esto luego de que la Cámara de Diputados, liderada por Morena, aprobara un presupuesto de 13 mil 914 millones 742 mil 268 pesos para este año, es decir, 4 mil 913 millones de pesos menos de los más de 19 mil millones de pesos que recibió en 2021.
Por esta situación, el INE le solicitó a la Secretaría de Hacienda 1 mil 738 millones de pesos extra para poder realizar la consulta.
La SHCP negó el aumento presupuestal argumentando que están impedidos para asignarle más dinero al INE ya que la Constitución no prevé que se puedan autorizar erogaciones adicionales a órganos autónomos.
Además, Hacienda aclaró que todo presupuesto extraordinario será entregado por el Gobierno federal solo para programas sociales, el combate de la pandemia, y la adquisición de vacunas contra el COVID-19.
Con un semblante molesto por la negativa de Hacienda, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, sostuvo que ajustarán las dimensiones de la consulta de revocación de mandato a la disponibilidad presupuestaria.
Por su parte, en representación del presidente, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó que la actual administración mantiene diferencias con el INE, pero prometió respeto.
