El 19 de septiembre pasado, organizaciones sociales integrantes del Movimiento Urbano Popular de la Ciudad de México, se reunieron para denunciar que en la capital del país existen alrededor de mil inmuebles catalogados como de alto riesgo.
Por lo que pidieron a las autoridades un plan emergente de atención, un incremento al presupuesto anual para la construcción de vivienda nueva de interés social y atención y desahogo de la agenda de predios para expropiación.
Además de la Carta Magna, la Constitución de la Ciudad de México establece que todas las personas tienen el derecho a una vivienda digna y que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para que se erradiquen las desigualdades estructurales, la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable que permita alcanzar una justa distribución de la riqueza.
Las organizaciones sociales también revelaron que alrededor del 44.2 por ciento de las viviendas construidas en la Ciudad de México presentan algún tipo de deformación, filtración o agrietamiento, comprometiendo la salud de quienes habitan en ellas y atentando de manera directa contra su vida por el alto riesgo.
Desde hace varios años, Viridiana y sus hijos viven en el número 20 de la calle Leopoldo Auer en la colonia Héroes de Nacozari.
Al inicio, el inmueble era gestionado por una inmobiliaria, los habitantes pagaban renta y cotidianamente acudían personas a realizar mantenimiento hasta que un pleito interno entre los dueños ocasionó que los inquilinos y sus departamentos quedaran en el olvido.
A raíz de esa situación y, a pesar de intentar mantener el inmueble como un lugar seguro y digno, los habitantes de Leopoldo Auer comenzaron a vivir entre grietas, humedad, polvo, drenajes tapados y fallas en las instalaciones eléctricas.
Debido a las malas condiciones, la hija de Viridiana fue diagnosticada con una enfermedad respiratoria aguda, la cual ha crecido con ella desde hace 8 años.
En una situación similar se encuentra Anahí, quien comenzó a vivir en ese lugar con su mamá y su hermano, pero ahora habitan la recámara y la sala-comedor de menos de 30 metros cuadrados su novio y sus dos perros.
En la vieja vecindad también viven una señora discapacitada, 17 familias y Reyna Guzmán, quien intenta organizar a los vecinos para que junto con la organización Bienestar Social Grupo Cedros, logren la expropiación del inmueble para después construir vivienda nueva.
“Desde que llegué la estructura del inmueble estaba mal, pero no estaba tan deteriorada. Cada vez que hay un sismo los plafones truenan porque dejaron de mantener el edificio en buen estado. Esperamos lograr la expropiación, no estamos robando nada.
“Pero el INVI (Instituto de Vivienda de la Ciudad de México) no nos ayuda para avanzar, se vencen los documentos y los trámites y tenemos que volver a pagar todo”, revela, Guzmán.
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