El palacio maya que nunca fue

El que sería el principal homenaje a la cultura maya es ahora un culto a la corrupción

A ocho años de que la edificación del Palacio de la Civilización Maya se suspendiera y este quedara convertido en un elefante blanco, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló al menos 13 irregularidades en los 92 millones de pesos de recursos federales destinados al Gobierno de Yucatán para su construcción.

Entre estas destaca que la entidad no comprobó 20.2 millones de pesos de los 22 millones ministrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y no se identificó el origen o procedencia de 18.9 millones de pesos, según dictaminó la ASF en su revisión final de la Cuenta Pública 2017.

El Palacio de la Civilización Maya fue anunciado en el 2009 como un museo por la entonces gobernadora priista Ivonne Ortega, quien actualmente aspira a la dirigencia nacional del Tricolor.

La primera piedra se colocó el 22 de diciembre de ese mismo año en la comunidad de Yaxcabá, a lado de un cenote, en las inmediaciones de la zona arqueológica de Chichén Itzá.

En el acto oficial donde arrancaron los trabajos, Ortega, vestida de sacerdotisa maya, explicó que el proyecto tendría tres etapas y que las partes más importantes quedarían listas antes de que terminara su administración (2012). A corto plazo se esperaba que la edificación atrajera a 500 mil turistas adicionales al estado.

“Es momento de que desde Yucatán, con esta gran obra, volvamos a inspirar a los mexicanos y digamos a todo el país que aquí se siguen haciendo grandes obras”, dijo en ese entonces la mandataria estatal.

Para este mega proyecto llamado “Disneylandia maya” por la misma Ortega, el Gobierno del Estado de Yucatán recibió 92 millones de pesos de recursos federales, de acuerdo con la información de la Auditoría Superior de la Federación dada a conocer en febrero pasado.

Aunque se contemplaba construir un museo de 72 millones de metros cuadrados y un monto de inversión de 626 mil 465 millones de pesos (costo en 2009), la obra quedó suspendida al encontrase basamentos en la zona, indicaron los resultados de la Auditoría.

De acuerdo con el informe de la ASF, el beneficio principal del proyecto era generar conocimiento y aprecio de la civilización maya a través de una oferta de turismo cultural en la zona y generar mejores condiciones de infraestructura para extender la estancia de los visitantes y sus oportunidades de gasto.

Lo anterior daría como resultado la progresiva instalación de nuevas unidades económicas de servicio, el desarrollo de servicios públicos y el consecuente incremento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios de la región, pero nada se cumplió.

“De la revisión a la obra se observó que la primera etapa concluyó en agosto de 2011 y no se continuó con la ejecución del proyecto en sus etapas posteriores, por lo que ésta permanece en abandono, sin utilidad pública y en razón de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población”, señaló la ASF en el apartado de consecuencias sociales.

Los resultados de la auditoria, que fiscalizaron y verificaron los recursos federales canalizados al proyecto en los ejercicios fiscales del 2007 al 2009, concluyeron que en términos generales, el Gobierno del Estado de Yucatán no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.

Entre las irregularidades la ASF destacó que de los 70 millones de pesos suministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se detectó un monto de por 73.7 millones de pesos ejercido después de la conclusión del calendario autorizado por la dependencia.

En esa misma cifra se incluyeron 2.5 millones de pesos pagados indebidamente por conceptos de gastos no recuperables que representaron el 35.6 por ciento del valor del contrato para la elaboración del proyecto ejecutivo por 7.08 millones de pesos y 9.5 millones pagados por conceptos fuera del catálogo sin los apoyos necesarios para su revisión, conciliación y autorización en el contrato.

Otra más de las anomalías es que tampoco se acreditó la propiedad de los terrenos donde se desplantaron el estacionamiento como los edificios de la primera etapa.

La auditoría a la “Construcción del Palacio de la Civilización Maya, Museo Universal” se realizó luego de que en el 2017 la ASF recibió una denuncia con documentos y evidencias de presuntas irregularidades en el uso de recursos federales destinados al proyecto en el municipio de Yaxcabá, en Yucatán.

Tras un análisis de la Auditoría se determinó que había los elementos para fiscalizar la situación financiera de los recursos federales a la obra.

Otro museo en la controversia

Casi a la par del Palacio de la Civilización Maya, la administración de Ivonne Ortega también planificó el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el cual fue inaugurado inconcluso el 21 de diciembre de 2012, a días de que la entonces gobernadora terminara su gobierno.

De acuerdo con lo documentado en ese entonces, el inmueble tenía aún muros sin aplanar, andamios, polvo y cascajo al momento de abrir sus puertas al público. Además se acusó que se trasladaron piezas del Museo de Antropología Palacio Cantón para llenarlo.

Ese proyecto tuvo un costo oficial de 790 millones de pesos aunque originalmente se había proyectado en 143 millones. Fue el primero realizado bajo el esquema Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), es decir, la iniciativa privada se encargaría de su construcción y el Gobierno del financiamiento para su operación.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de Yucatán, en el 2014 el Gobierno estatal se comprometió a transferir al museo más de 221.1 millones de pesos anuales durante 21 años

El complejo fue la sede del tercer debate presidencial el pasado 12 de junio en el que se abordaron los temas de la economía y el desarrollo.