El feminicidio de Fátima evidenció que la sustracción de menores es un problema creciente que no se atiende de manera integral en la Ciudad de México.
Las autoridades de la capital están fallando en la normatividad, en la vigilancia de los protocolos y en la asignación del presupuesto para frenar el incremento del delito, señalan especialistas.
El alza en el número de carpetas de investigación por sustracción de menores es una muestra de la gravedad del problema.
En el 2015 se abrieron 92 carpetas de investigación por sustracción de menores, mientras que en el 2019 el número se incrementó a mil 140, según el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México
A Fátima, una mujer conocida de su familia se la llevó de su escuela en el pueblo de Tulyehualco, Xochimilco, el pasado 11 de febrero después de que sus padres no acudieran a recogerla, lo que reveló una falla en las medidas de protección a menores.
El 17 de febrero la hallaron sin vida y con signos de tortura en la alcaldía Tláhuac.
La sustracción de menores se comete cuando una persona dentro del círculo parental o por indicación de él, retiene o se lleva a un menor de edad sin consentimiento de sus tutores.
Para prevenir más casos similares al de Fátima, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó la implementación de un nuevo mecanismo de acción.
La titular del Ejecutivo local detalló que a partir del 18 de febrero de 2019, la Alerta Amber para buscar a niños desaparecidos se iba a activar de manera inmediata por parte del personal de las escuelas o familiares sin la necesidad de levantar un acta ante el Ministerio Público.
Antes de la sustracción y el feminicidio de Fátima tenían que pasar 24 horas para denunciar la desaparición y después se podía activar la alerta.
Sin embargo, la medida podría no tener los resultados esperados porque se carece de un marco normativo para facultar a los maestros, policías y personal de las escuelas para activar la Alerta Amber
También se necesita capacitar a los funcionarios públicos relacionados e invertir más recursos en la procuración de justicia.
Las carencias para combatir la sustracción de menores
Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), señala que legalmente el personal de las escuelas no tiene facultades para solicitar la Alerta Amber.
“Si lo intentan se caería en una inconsistencia legal y no procedería. Si alguien que no es familiar pide una Alerta Amber, solo se quedaría como denuncia ciudadana”, explica.
Señala que la Ley General de Educación debe tener un reglamento que estipule esa nueva facultad para el personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
“Requiere un nuevo estatuto o marco normativo, pero hasta el momento sabemos que no se ha creado”, menciona.
Por otra parte, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, asegura que el funcionamiento de las acciones anunciadas necesitan una vigilancia especial que hasta el momento no se ha dado.
Tú tienes protocolos pero si no tienes elementos para asegurar que funcionen, de nada te sirve. El mecanismo anterior era funcional, pero no se le prestó atención
Refiere que el éxito de la nueva política depende de la capacitación a los servidores públicos y del aumento de recursos para las instancias encargadas de impartir justicia.
Presupuesto insuficiente
En 2019 se le asignaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 7 mil 32 millones 123 mil 838 pesos de presupuesto y para el 2020 fueron 7 mil 62 millones 740 mil 827 pesos. Solo aumentó 30 millones 161 mil 989 pesos.
La suma que se le incrementó es insuficiente porque según el Proyecto de Transición de Procuraduría a Fiscalía General de la Ciudad de México (FGJCDMX), tan solo el cambio de modelo de institución que se concretó el 10 de enero de 2020 necesita 2 mil millones de pesos adicionales.
El especialista en seguridad de la Universidad La Salle, Javier López, dice que sin el presupuesto no se puede contratar al personal que colabore en la búsqueda de menores sustraídos y desaparecidos.
“No se cuenta con el personal suficiente para proporcionar la seguridad en las instituciones públicas porque no hay presupuesto, ¿entonces quién va a vigilar que no sustraigan o roben a los niños?”, explica.
Mientras que el vocero de México Unido Contra la Delincuencia, Francisco Javier Torres Landa, añade que el engranaje desde hace años no sirve y el anuncio de la activación de la Alerta Amber inmediata es una medida no estudiada sin recursos financieros para su aplicación.
“Hay un problema, piensan que con decisiones, las cosas suceden, todos los esfuerzos de procuración de justicia necesitan gran seguimiento, mejores conocimientos, capacitación, implementación y presupuesto”, asevera.
Alcaldías incompetentes
Cinco alcaldías de la capital concentran la mayoría de los casos de sustracción de menores: Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Tlalpan, pese a ello, son omisas porque no tienen la capacidad para actuar.
En cuatro de ellas, el delito ha ido a la alza y sólo en una ha disminuido: Gustavo A. Madero. Javier López, especialista de la Universidad La Salle, dice que las autoridades son omisas y a pesar de que pueden implementar políticas para atender el tema, carecen de los recursos para ello.
“Las alcaldías tienen programas pero no la capacidad para manejar este tipo de problemas, deben suministrar las cuestiones técnicas y de capacitación para el personal que depende de ellos. Deberían asumir esa responsabilidad”, explica.
