El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, otorgó un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno para apoyar a las mipymes afectadas por la emergencia sanitaria.
Aunque el plan de apoyo fue un buen respiro para los micronegocios, especialistas e integrantes del sector privado aseguran que estos recursos fueron insuficientes para atender las necesidades de las pequeñas y medianas empresas.
La falta de apoyos y estímulos puso en riesgo el futuro de ocho de cada 10 mipymes, de acuerdo con datos de la Asociación de Emprendedores de México (ASEM).
Hacia adelante la expectativa es complicada, pues se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) experimente una caída sin precedentes orillando a más trabajadores a las filas de la informalidad.
Históricamente las unidades más pequeñas son las primeras en padecer los estragos por su nivel de exposición a las crisis.
Cifras del Inegi muestran que durante el primer año de operaciones, un 33 por ciento de los negocios que ingresan a la actividad económica mueren por diferentes factores relacionados con su manejo administrativo y financiero.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), opina que los empresarios de todos los tamaños se enfrentan a una complicada situación y advierte que algunas de las decisiones del actual gobierno no impulsan su desarrollo, a pesar del valor que tienen para la economía.
Una de las características particulares de las mipymes es que están en contacto con la población por su estructura, y en muchos casos con los mexicanos que se encuentran en la base de la pirámide.
La emergencia sanitaria las obligó a replantear sus procesos debido a que muchas operaban bajo estructuras familiares, por lo que la adopción de la digitalización e innovación no fue un tema sencillo.
Con el objetivo de mantenerse a flote, algunas mipymes pusieron en marcha un plan que les permitiera analizar sus principales problemas y de qué manera salir adelante.
Los principales desafíos a los que se enfrentan se relacionan con el dinero, pues 73.2 por ciento asegura tener complicaciones con el flujo de efectivo mientras que 63.1 por ciento con el retraso en el pago de sus clientes, de acuerdo con un análisis de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).
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Coyuntura compleja
A finales de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una declaración que cimbró al sector empresarial.
Durante su conferencia matutina del 27 de octubre mencionó que enviaría una iniciativa al Congreso de la Unión en la que propondría la eliminación de la subcontratación.
“Si un ciudadano, pero más un servidor público, sabe que una empresa de estas factureras o de outsourcing está defraudando a la Hacienda Pública y no lo denuncia y no hace nada pues es un encubridor. Yo no quiero ser, pasar a la historia como encubridor, como tapadera, como cómplice de la corrupción”, dijo el mandatario.
La propuesta lanzada por el jefe del Ejecutivo se da en un momento crítico para el mercado laboral en el que millones de empleos están en riesgo por la crisis económica provocada por la pandemia.
Las cámaras empresariales respondieron en contra a la postura de López Obrador y buscaron un acuerdo para aplazar la discusión de una reforma al marco legal del trabajo a febrero de 2021, el cual fue firmado ayer en la mañanera pero solo por un sector del empresariado.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), estuvieron presentes en la firma del convenio. Pero también contó con el respaldo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), entre otros gremios y organizaciones sindicales.
El documento establece que los empresarios se comprometerán a regularizar sus organigramas laborales para reconocer y garantizar los derechos de sus trabajadores como el reparto de utilidades.
“Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que de inmediato dejen de desarrollar prácticas irregulares perjudiciales para los trabajadores como darlos de baja masivamente en diciembre.
“El Infonavit y el SAT harán un exhorto formal a estas empresas y de encontrarse irregularidades o posible comisión de delitos se procederá de inmediato administrativa o penalmente”, dice el punto 4 del acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno de México.
A pesar del respaldo de algunas organizaciones, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), rechazaron el convenio y cuestionaron que la iniciativa del presidente atenta la creación y preservación de empleos formales.
Para Carlos Mejía, especialista en materia laboral e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la regulación del outsourcing es algo urgente, pues considera que es un problema heredado de administraciones pasadas que no se enfocaron en proteger los derechos laborales de los trabajadores.
No obstante, advierte que el contexto es de incertidumbre para muchas empresas que han visto reducidas sus ganancias por la disminución de actividad.
“Es algo necesario, pero la coyuntura no ayuda porque hay empresas que cerraron con pocos ingresos y hoy tienen la exigencia de regular a sus trabajadores, la coyuntura lo hace complicado, pero la iniciativa es favorable”.