De lo que menos se acuerda el Gobierno del Distrito Federal es de atender el reclamo de este grupo de ejidatarios,
al que nadie escucha
Cansados de ser ignorados, los afectados enviaron un escrito al director general del Proyecto Metro del Distrito Federal, Enrique Horcasitas, en el que reclaman
su dinero
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) intenta a toda costa ocultar el endeudamiento millonario que Marcelo Ebrard Casaubón heredó tras la construcción de la Línea 12 del Metro Tláhuac-Mixcoac.
Y a los que menos escucha y presta atención es a los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac que, a cinco años de iniciarse los trabajos de la megaobra, reclaman que “sean pagados los derechos agrarios de posesión de nuestras parcelas del ejido”.
Cansados de ser ignorados por los funcionarios de la administración de Marcelo Ebrard y ahora del actual jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, un grupo de ejidatarios envión hace unos días un escrito al director general del Proyecto Metro del Distrito Federal, Enrique Horcasitas, en el que reclaman su dinero.
“Asimismo, solicitamos el pago de los daños causados por las obras del Metro en nuestros inmuebles ubicados en el poblado de Zapotitlán, todos en la delegación Tláhuac”, dicen en el documento.
La indemnización que ahora exigen a la administración mancerista va en dos sentidos: primero, el pago de las parcelas que les fueron arrebatadas. Segundo, solventar los daños a las viviendas afectadas por la maquinaria pesada utilizada en el proyecto. Pero pese a los múltiples oficios, los pobladores de Tláhuac no han visto todavía su dinero.
El pasado 19 de abril, los ejidatarios expusieron a Enrique Horcasitas los antecedentes por los que atravesó el Ejido de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, desde el momento en que comenzaron las obras de la Línea 12 del Metro en 2008, cuando Ebrard comenzó lo que sería la obra cumbre de su sexenio.
Denunciaron que, en ese año, las autoridades del Sistema Colectivo Metro, del Gobierno central y de la delegación Tláhuac, se apoyaron en el entonces comisariado ejidal de la zona, Juan Carlos Leyte Chavarría, para hacer el levantamiento de los propietarios que serían indemnizados por sus terrenos.
“En lugar de llegar a acuerdos con los ejidatarios y posesionarios que tenían la legítima posesión de las tierras ejidales que hoy ocupan las instalaciones del Metro, se dedicaron a buscar a las personas que aparecían como propietarios en el parcelamiento formal del 2000 y la mayoría de ellos nunca tuvieron posesión de las tierras ejidales, de hecho, ni siquiera sabían que aparecían como propietarios”.
Durante ese proceso, el GDF desconocía que ese parcelamiento fue rechazado por la comunidad, debido a las anomalías registradas. Sin conocer ese problema, dio por válida la información y por consiguiente, según consta en el documento, “a dichas personas se les pagó la tierra que nunca trabajaron”, denuncian los posesionarios reales a quienes les quitaron las tierras.
Debido a esta situación, en 2009 se interpuso un amparo ante la juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que concedió la suspensión de oficio para que no se despojara a los ejidatarios de sus tierras, 96 parcelas del ejido. El amparo número 643/ 2009 da constancia de ese logro de los ejidatarios que hoy reclaman su pago a las autoridades del DF.
Pese a lo anterior, “las autoridades antes mencionadas violaron dicha suspensión dos veces, al introducirse sin autorización alguna en las tierras ejidales”.
Mas tarde, el GDF se percató de su error y se realizó un recorrido ubicando físicamente a los ejidatarios y posesionarios reales del ejido.
“Pero no obstante lo anterior, nunca se les pagó nada a dichos posesionarios y ejidatarios, solo los despojaron de sus tierras ejidales”, manifiestan en su escrito a la autoridad.
Es decir, que en medio de la confusión y ordenamiento de la zona, el GDF se habría aprovechado de la situación para no pagar a los verdaderos propietarios de las parcelas que hoy atraviesa la Línea Dorada.
En 2010, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el que expropió a favor del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 1.57 hectáreas del ejido San Francisco Tlaltenco para la construcción de la estación terminal y los talleres de la Línea 12.
Dicho decreto determinó, tomando como criterio el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, una indemnización de 9 millones 885 mil 200 pesos que debió pagar el Sistema Metro a siete ejidatarios afectados. Con el argumento de “causa de utilidad pública”, consistente en el establecimiento y conservación de un servicio público, las tierras fueron expropiadas.
Desde esa fecha quedó asentado que la indemnización se podría hacer directamente a los ejidatarios afectados, al núcleo agrario o mediante depósito el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), organismo desconcentrado de la SR, que se encarga de vigilar que se cumpla la causa de utilidad pública en los casos de expropiación a bienes ejidales.
Pero a cinco años de haberse iniciado la construcción de la Línea Dorada y a tres de ese decreto, el reclamo de pago por las parcelas sigue firme sin que nadie se responsabilice por el daño causado a estos ejidatarios.
Prioridad, el pleito con ICA
Ante la demanda interpuesta por Ingenieros Civiles Asociados (ICA); Carso y Alstom contra el gobierno capitalino por la que exigen el pago de casi 4 mil millones de pesos por obras adicionales, la prioridad del equipo de Mancera ha sido frenar la pelea con las constructoras en los tribunales.
Ante tal conflicto y la magnitud de lo que está en juego, de lo que menos se acuerda el Gobierno del Distrito Federal es de atender el reclamo de este grupo de ejidatarios, al que nadie escucha ni atiende.
Con escasos recursos, este grupo de ejidatarios, por sus propias vías, exige al gobierno capitalino que se integre una mesa de trabajo para determinar las indemnizaciones de las parcelas del Ejido de San Francisco Tlaltenco. También que se inicien los estudios para determinar el monto de los daños causados a las viviendas en esta zona, por donde pasó la maquinaria.
Pero, como no obtienen respuesta clara, piden, al menos, se les deje claro qué autoridades son las responsables de cada uno de los actos reclamados. Es decir, el nombre de quien les dará la cara, si es que eso sucede.
