Una sentencia del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 20 con sede en Monterrey determinó que un terreno de 520 hectáreas que componen el Ejido San Nicolás, en Nuevo León, el cual estaba en posesión de un fideicomiso conformado por Scotiabank, le sea devuelto a los ejidatarios.
Aunque la institución bancaria ya presentó un recurso de revisión ante la última instancia, el Tribunal Superior Agrario, los ejidatarios y el despacho legal que los asesora confían en que los magistrados ratifiquen la sentencia a su favor, y que les sean devueltas estas tierras después de un conflicto que lleva más de cuatro años.
El origen de la disputa se remonta a septiembre de 2014, cuando los ejidatarios presentaron una demanda para recuperar el inmueble, el cual había sido adquirido presuntamente de forma irregular por el fideicomiso de Scotiabank, después de una serie de traspasos ilegales desde 1960
En entrevista, Gabriel Guajardo, representante legal de los ejidatarios, afirma que tras esta resolución tiene la confianza de que en los próximos meses se otorgue el reconocimiento judicial de la posesión y propiedad del ejido a sus legítimos dueños.
“Es el juicio más grande en la historia de Nuevo León en materia inmobiliaria y va a marcar un paradigma en los juicios agrarios. El Ejido siempre ha estado muy confiado en las instituciones, y prueba de ello es que la resolución dictada está completamente ajustada a derecho. Nos da mucha tranquilidad y el núcleo ejidal está muy contento”, apunta.
En la resolución de la sentencia emitida el 13 de agosto por el Tribunal Unitario Agrario se declara la procedencia y acreditación de la restitución de las tierras ejidales que fueron producto de la demanda presentada en 2014 por los ejidatarios.
Algunas de las empresas inmobiliarias que participan en el fideicomiso son Grupo Garza Ponce, de José María Garza Treviño; Javer, propiedad de Salomón Marcuschamer; El Grupo Acosta Verde; Ernesto Milmo Rangel, representante de las desarrolladoras rohabimex, Urbanizadora del Campestre, e Inmobiliaria Trayecto; Bienes Raíces Valle de Rey, representada por Gonzalo González Ayala; y Maple Urbanizadora, representada por Ramiro Guzmán Barbosa.
Guajardo, quien ha encabezado la demanda, recalca que toda la problemática se deriva de una escritura falsificada, y asegura que los ejidatarios nunca han señalado que las constructoras o las autoridades involucradas en los traspasos del inmueble hayan actuado con dolo
“El Ejido nunca ha tildado a los constructores de que adquirieron de mala fe. Ellos de buena fe adquieren el inmueble y ellos están en la creencia errada de que son propietarios de esas tierras”
“El Ejido siempre ha seguido una línea de dirimir sus problemas y diferencias en los Tribunales Agrarios. No existe esa imagen que todo mundo tiene de que los ejidatarios son gente intolerante, violenta, que realiza actos de justicia por su propia cuenta”, declara.
Historia de anomalías
El origen del conflicto agrario se remonta a 1936, cuando el entonces Presidente de la República Lázaro Cárdenas otorgó por decreto 2 mil 340 hectáreas a campesinos del Ejido San Nicolás de los Garza.
Entre los propietarios originales -antes del decreto- se encontraba Juan Cantú García, quien estaba casado con Concepción Lozano. Ésta última, tras la muerte de su esposo, y a pesar de haber perdido el derecho sobre el inmueble realizó una venta a dos particulares, quienes posteriormente cedieron el terreno a Humberto Garza.
En la década de 1960, Garza Domínguez, con la garantía de la escritura irregular del terreno ejidal, solicitó un crédito a Nacional Financiera, pero al no pagarlo, Nafinsa se adjudicó el terreno.
Posteriormente, mediante un juicio ejecutivo mercantil, la institución crediticia donó el inmueble al Infonavit, quien reservó un área para otorgársela al Instituto de la Vivienda de Nuevo León.
Es en ese momento que se crea el fideicomiso en Scotiabank para hacerse propietarios de esta extensión de tierra.
Sin embargo, la defensa legal en su demanda de 2014 planteaba que desde su origen, desde la venta de la viuda de Cantú García, fue ilegal debido a que se estaba violando el derecho presidencial que le otorgaba todos los derechos sobre el inmueble a los ejidatarios.
Si Concepción Lozano no era propietaria del terreno y no tenía derecho a hacer la venta a particulares, la cesión posterior a Humberto Garza, la adjudicación de Nafinsa, la donación al Infonavit y al Instituto de la Vivienda carecerían de total validez.
En caso de que la sentencia sea confirmada en el Tribunal Superior Agrario, el fideicomiso tendrá que entregar las tierras al Ejido, y podrán presentar un recurso para recibir el resarcimiento de un posible daño patrimonial.
Tribunal Unitario Agrario
Resolutivo séptimo, para restituir las tierras
Resolutivo décimo primero, por los derechos del ejido
Resolutivo décimo tercero, para ejecutar la sentencia
Manuel González, el mediador
El representante legal de los ejidatarios del Ejido San Nicolás reconoció la participación que tuvo como mediador en el conflicto Manuel González, secretario general de Gobierno.
Hace 15 años, González se desempeñaba como delegado del Infonavit cuando se realizó la venta de estas tierras del Ejido San Nicolás a los empresarios inmobiliarios.
“Con la cesión que le hace Nacional Financiera al Infonavit, él, dentro de sus facultades y sus funciones se realiza ahí algunos actos administrativos respecto de esas tierras. Sin embargo el Ejido está convencido que él no tiene ningún tipo de responsabilidad”, señala Guajardo.
Asegura que González ha tenido una participación favorable para mediar entre las partes, sobre todo para que el asunto avance por los mejores causes.
“Lejos de haber tenido alguna responsabilidad por su actuación, estoy convencido de que ha sido una actor muy favorable porque la Secretaría de Gobierno encabezada por Manuel González ha servido como elemento mediador, entre el Ejido y el Fideicomiso”, concluye.
