Además de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, el Gobierno de López Obrador ha incrementado su participación en otras áreas estratégicas, principalmente en infraestructura y energía, argumentando que es la única forma de evitar futuras privatizaciones. Incluso intentando blindar sus labores de normativas de transparencia bajo el argumento de “seguridad nacional” con el acuerdo publicado el lunes 22 de noviembre.
Sobre esta estrategia del primer mandatario, Juan Manuel Aguilar, investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, señala a Reporte Índigo que el llamado “decretazo” resulta inoperante como fue publicado, pues las obras solo podrían adquirir dicha categoría mediante una reforma al Artículo 29 o con el “Estado de excepción”.
“Es una vacilada, no va a operar y va a haber una fuerte confrontación. ¿Cuál es la lógica de ese acuerdo? Hay una noción del presidente en los últimos años de su gobierno de que las Fuerzas Armadas son impolutas, que la corrupción va a ser menor que en los esquemas de seguridad pública que se usaban con características anteriores. Por eso él desea que ellos participen en la construcción de estas grandes obras”.
Aguilar Antonio considera que el decreto solo es para acelerar la contratación y construcción del Tren Maya, la cual se encuentra envuelta en polémicas por sus estudios de impacto ambiental, licitaciones y protestas de pueblos originarios.
“En una de esas puede haber severas afectaciones a esta reputación de ‘nuevo régimen’ en la parte de combate a la corrupción”, agrega.
Por orden de López Obrador, serán militares quienes construyan, operen y dispongan del 75 por ciento de las ganancias del Tren Maya y de los aeropuertos de Santa Lucía, Tulum, Chetumal y Palenque. También les traspasó las direcciones de aeronáutica civil y puertos y marina mercante, así como mantienen presencia en el control migratorio y aduanero.
Gabriela Nava, analista de inteligencia por el Centro de Estudios Hemisféricos William J. Perry, comenta a Reporte Índigo que “como se ha ido desarrollando todo, ante la falta de límites que no han podido establecer las Fuerzas Armadas, que no necesariamente implica insubordinación, pareciera que no solo se está militarizando la seguridad pública, sino muchas otras áreas y eso sí puede representar un riesgo para la democracia”.
En su análisis pondera que, por un lado, las Fuerzas Armadas ejecutan hoy tareas que tradicionalmente no les corresponden, como las mencionadas obras de infraestructura y labores vinculadas a la movilidad en el país, por lo que considera que “si no fuera por ellas, este país estaría mucho peor de lo que están”. Pero también advierte que el presidente puede ordenar el uso de estas facultades con fines políticos.
