Efecto Iguala

La detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa destapó la nueva cara de la violencia en México: una movilidad del crimen de los grandes centros urbanos a las zonas con menor control de la autoridad.

Las cifras oficiales del último trimestre de 2014 trajeron para México un incremento del 20 por ciento en la violencia, luego de que a partir de 2011 el país había mejorado en algunos delitos, especialmente la extorsión.

Si bien hace unos años algunas zonas metropolitanas, como Monterrey o Acapulco, eran el centro de la violencia criminal, ahora se ha desplazado a sitios mucho menos accesibles para el gobierno, con menor margen de maniobra oficial. 

Este nuevo mapa de la violencia tiene sus puntos más críticos en Guerrero, Morelos, Tamaulipas, Baja California, el Distrito Federal y Coahuila. 

Los números provienen del Índice de Seguridad Pública y Violencia en el tercer trimestre de 2014, que elaboró Lantia Consultores.

A pesar de que en general hay menos delitos y asesinatos de 2011 a la fecha, algunas de las entidades que han recibido más recursos federales para el combate a la violencia continúan en los primeros lugares de la crisis nacional que se agudizó desde 2008.

Los nuevos focos rojos

Una revelación de este reporte es que algunas entidades que se consideraban “relativamente seguras” sufrieron un deterioro significativo de seguridad durante 2014.

Los ejemplos más importantes son Guanajuato, donde aumentó un 13 por ciento el índice delictivo; Querétaro, con 28 por ciento, y Baja California Sur registró un 57 por ciento.

“En Baja California coincide una alta incidencia delictiva, un nivel alto de ejecuciones, con un repunte de la violencia que se observó en el tercer trimestre de 2014”, de acuerdo con las láminas que acompañan al estudio.

Esta tendencia es marcada en algunos estados como Baja California Sur, donde las disputas entre narcomenudistas afiliados al cartel de Sinaloa en la capital, La Paz, repercutieron en los datos de todo el estado. 

“La disminución en la violencia que observamos a lo largo de los últimos años ha sido el resultado primordialmente de una recuperación de la seguridad en las grandes zonas metropolitanas”, explica en su reporte el fundador de Lantia Consultores Eduardo Guerrero, maestro en ciencia política por la Universidad de Delaware y licenciado en administración pública por El Colegio de México.

Esta “dinámica alentadora”, que ubica en casos como Monterrey o Acapulco, evidencia que en los municipios rurales la situación es radicalmente opuesta.

“Es el caso de las crisis que vemos en lugares como Iguala o Apatzingán (…) Se trata de lugares donde la cobertura de los medios de comunicación y la visibilidad de la violencia es mínima”. 

Algunos ejemplos recientes documentados por la prensa de estas situaciones son los reportes de secuestros masivos en Cocula o el asesinato del periodista Moisés Sánchez, habitante de la localidad de Medellín, en las afueras del puerto de Veracruz. 

Guerrero explica: “Fuera de las grandes ciudades los intereses que pueden hacer frente al crimen organizado tienen menor fuerza. 

“Las cámaras empresariales y organizaciones de la sociedad civil tienen menos recursos, de forma que para los criminales es más sencillo imponerse como un actor predominante, tanto en el ámbito económico como en el político”.

Este nuevo contexto significa para el especialista que la parte sencilla del combate a la violencia del crimen organizado ya se agotó.

“Ya redujimos la violencia ahí donde los recursos económicos y el capital social son abundantes. La reconstrucción institucional que necesitamos en lugares como Iguala será mucho más costosa y supondrá un desafío de gobernabilidad de primer orden”, detalla.

De no tomar medidas sobre esta nueva realidad en el futuro inmediato, el riesgo inminente es que México tenga en las próximas décadas “amplias regiones gobernadas en la práctica por mafias”.

Mejora relativa

Los números de asesinados el año pasado son tres veces menores a los que se registraron públicamente en 2011, de 4 mil 587 en el primer trimestre de ese año a mil 820 al finalizar el 2014.

El presentador de estos datos, Eduardo Guerrero, fue funcionario público al inicio de este sexenio. Coordinó la Unidad de Información y Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública entre diciembre de 2012 y marzo de 2013.

Desde la consultora que fundó en 2008, sus cifras no niegan la realidad que llevó a miles de personas a manifestarse en las calles exigiendo justicia por los normalistas desaparecidos, pero asegura que “permiten tomar distancia de los eventos de coyuntura que observamos, y que marcan la agenda pública”.

El sexenio de Felipe Calderón concluyó con una lista de 25 mil desaparecidos, que bajó a 22 mil 322 según la actualización más reciente que hizo la Procuraduría General de la República. 

Después del 26 de septiembre, cuando el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, ordenó detener a los normalistas que boteaban ese día en su municipio, la violencia aumentó en todo el país. 

Este incremento tuvo su peor deterioro precisamente en los municipios que han recibido mayor atención pública con el tema de la violencia. 

“Aunque en algunos estados la disminución de la violencia fue muy acelerada, en otros ésta permaneció relativamente estable”, explicó Guerrero en su reporte Panorama Nacional de Seguridad y Violencia.

Del primero al segundo año de gobierno peñista, en Nuevo León, Coahuila, Zacatecas y Jalisco, los conteos oficiales muestran una mejora sustancial en la incidencia delictiva. 

Pero en Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Sonora, donde se ha concentrado la atención de las autoridades desde que se decretó la “guerra contra las drogas”, los números de delitos permanecen graves. 

Guerrero considera que es necesario poner especial interés en Tamaulipas, donde “a pesar de que desde hace años se registra un escenario crítico de violencia e inseguridad, no se ha detonado un proceso de fortalecimiento institucional que permita recuperar la paz. En Veracruz, se observa un escenario similar, si bien menos dramático”.

El caso más reciente de este fracaso es Michoacán, donde ni el despliegue de fuerzas federales ni la actuación del excomisionado Alfredo Castillo, recientemente removido, lograron que el equilibrio entre los grupos criminales y las autodefensas eliminaran los episodios violentos. 

Guerrero considera que el panorama michoacano “se complicará enormemente el proceso electoral de este año”.

Los casos de Baja California y Sonora mantuvieron durante 2014 diferencias entre organizaciones criminales, pero no se han observado allí escenarios de crisis “en buena medida porque la violencia disminuyó a buen ritmo durante los años previos”.