Decanini es asesorado legalmente por el influyente despacho Santos-Elizondo, fundado por el panista Luis Santos de la Garza y el exgobernador Eduardo Elizondo
El conflicto de desarrollo urbano en el Municipio de San Pedro escaló y ahora enfrentará una vez más a dos de las firmas de abogados más poderosas de la ciudad.
Los despachos Quintero & Quintero Abogados y Santos-Elizondo protagonizarán el principal duelo en la disputa que libran las autoridades municipales que encabeza el alcalde, Ugo Ruiz, con desarrolladores inmobiliarios.
El presidente municipal sampetrino anunció anoche durante su Primer Informe de Gobierno la contratación de los servicios del abogado Arturo Quintero Treviño, para apoyar legalmente al Municipio en los procesos que están en curso contra los particulares que tienen edificios irregulares.
“Estoy invitando como asesor externo al despacho del licenciado Arturo Quintero Treviño. Arturo, gracias por aceptar la invitación”.
Este bufete legal estará a cargo de soportar jurídicamente las denuncias que se presentarán en contra de las empresas inmobiliarias que violaron sus permisos de construcción, o simplemente no tramitaron las autorizaciones correspondientes.
El Municipio de San Pedro tiene estimado que son cerca de 40 proyectos inmobiliarios que registran irregularidades en sus permisos y que podrían regularizar su situación, a través de la Mesa de la Justicia en Desarrollo Urbano.
También, uno de los asuntos de los cuales el despacho Quintero & Quintero Abogados se hará cargo, será del proceso penal que existe contra Aldo Decanini.
En la Procuraduría de Justicia del Estado existen al menos ocho denuncias penales en contra del extitular de la Secretaría de Control Urbano durante la administración del exalcalde Mauricio Fernández.
Decanini es asesorado legalmente por el influyente despacho Santos-Elizondo, fundado por el panista Luis Santos de la Garza y el exgobernador Eduardo Elizondo, ya fallecido.
La semana pasada Decanini fue citado a declarar por la Procuraduría de Justicia, que encabeza Adrián de la Garza.
Decanini no acudió al citatorio en el Ministerio Público.
En el medio de la abogacía se sabe que la defensa de Decanini está a cargo de Miguel Abramo Martínez, abogado que forma parte de la firma Santos-Elizondo.
En este despacho aparecen como socios los exsecretarios generales de Gobierno, Napoleón Cantú Cerna y Juan Francisco Rivera Bedoya, además de personajes influyentes como Luis Francisco González Parás, hermano del exgobernador Natividad González Parás, y Luis Mendoza, hermano del exsenador priista Jorge Mendoza.
El exgobernador panista Fernando Elizondo, excandidato a la gubernatura de Nuevo León, también está vinculado a este bufete jurídico.
Incluso, la influencia de este despacho está presente hasta en el Cabildo de San Pedro, a través del síndico Guillermo Montemayor Cantú, quien desde 1994 forma parte de esta firma legal.
Casualmente, Montemayor Cantú es presidente de la Comisión de Control Urbano del Ayuntamiento, responsable de proponer al Cabildo los permisos de construcción.
Reporte Indigo publicó ayer una entrevista con el alcalde Ugo Ruiz, en la que éste revela que su administración ha recibido amenazas por parte de desarrolladores, que han visto afectados sus intereses con la campaña de legalidad que comenzó el edil sampetrino en este tema.
La Mesa de la Justicia en Desarrollo Urbano en San Pedro se instaló la semana pasada y se espera que los propietarios de desarrollos irregulares acepten legalizar su situación a través de este instrumento jurídico, que contempla cobrar compensaciones económicas a los empresarios.
El jueves el Tribunal de Justicia Administrativa en Nuevo León admitió un juicio de lesividad que presentó el Municipio de San Pedro contra el proyecto El Legado, que se construye junto al Club de Golf Campestre.
En los próximos días se espera que se presenten más denuncias penales que involucran a desarrollos inmobiliarios en San Pedro, quienes carecen de sus licencias.
El alcalde Ugo Ruiz también anunció durante su Primer Informe que la Mesa de la Justicia no perdonará a desarrolladores que hayan violado la ley.
Además, que luchará contra quienes hayan infringido la normativa.
“El objetivo de este esfuerzo nada tiene que ver con violar la ley, con repartir perdones o con rociar de agua bendita a cuanto desarrollador se acerque a ofrecer disculpas”, aseguró.
“No se trata de intercambiar permisos a cambio de aportaciones económicas.
“La administración dará la batalla final en contra de quienes no quepan en la Mesa de la Justicia”.
El edil albiazul anunció que la próxima semana, el Ayuntamiento sampetrino sesionará para sacar a consulta el reglamento de Zonificación y Usos de Suelo de San Pedro.
Y con ello, dar claridad al crecimiento ordenado del municipio.
“No hay más poderoso que el reglamento que a todos obliga, esa es la lógica que estamos siguiendo en esta administración”, dijo.
Ruiz espera que en enero próximo sea aprobado este ordenamiento local y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que lo rige.