Parece que la propuesta del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón de realizar una consulta ciudadana del Pacto Fiscal, avalada por el Congreso local, tiene un tinte político más que económico.
“Hoy por cada peso que Nuevo León aporta al Gobierno federal solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes? A. Sí estoy de acuerdo B. No estoy de acuerdo”, dice la pregunta central que se hará a los neoleoneses y las dos respuestas posibles.
El 30 de noviembre la consulta ciudadana fue aprobada por los legisladores, arrancó ayer domingo y podrá ser respondida hasta el 28 de febrero de 2021 a través de una plataforma digital disponible las 24 horas o de forma presencial. Los convocantes se habían comprometido a hacer una campaña informativa para explicarle a los ciudadanos en qué consiste el Pacto Fiscal pero no lo han cumplido.
Para el diputado de Morena, Luis Armando Torres, el dictamen de su aprobación viola Ley de Participación Ciudadana para el estado de Nuevo León.
“La consulta ciudadana es un instrumento de participación que consiste en que el Ejecutivo del estado, el Congreso del estado o los ayuntamientos, según corresponda, sometan a votación de la ciudadanía la aprobación o rechazo de un acto o una decisión del interés colectivo de la circunscripción estatal o municipal”, menciona el artículo 36
La consulta no es vinculante, por lo que habría que aclarar qué ocurrirá cuando se tengan los resultados
El artículo 1 de esta ley menciona que a partir de la petición ciudadana, todas estas autoridades deberán facilitar y regular los instrumentos, contribuyendo a su organización y funcionamiento, fomentando la participación activa y organizada en las decisiones públicas. De manera que el gobernador tendría que haber recibido la petición de los neoleoneses de modificar el Pacto Fiscal, más no hacer un llamado para votar.
La facultad que tiene el gobernador para hacer una consulta pública está establecida en el artículo 38 y es para la realización de una obra local, pero no para una modificación fiscal de índole federal.
Además, el artículo 39 establece que toda convocatoria ciudadana debe contener por lo menos la descripción específica del acto que se propone consultar y la exposición de motivos. Pero el diputado de Morena considera que el decreto aprobado el 30 de noviembre no los contiene.
“La descripción específica del acto que se propone consultar y la exposición de motivos y razones por las cuales se propone someter a consulta ciudadana se consideran de importancia y trascendencia social”, dice este artículo.
Una consulta a modo para Morena
Los convocantes esperan que el presidente Andrés Manuel López Obrador respete el resultado de la consulta ciudadana, sin embargo, la bancada de Morena afirma que el dictamen aprobado por diputados del Congreso local no tiene ninguna medida de control, ni los criterios mínimos para asegurar la transparencia e imparcialidad.
La Secretaría de Gobierno, a cargo de Manuel González, será la encargada de instalar los módulos fijos y recibirá la autorización de la Secretaría de Salud del estado.
Mientras la votación de manera electrónica en un soporte desarrollado por el Departamento de Informática del Congreso local será a través de las Comisiones Unidas que promueven la consulta: Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, a cargo del diputado de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, y de Economía, Emprendimiento y Turismo, que presidente el legislador panista, Luis Susarrey.
Es decir, queda a decisión de los convocantes, las Comisiones Unidas y el Gobierno del estado, establecer la ubicación de los módulos y los horarios de apertura y cierre. Incluso, en el dictamen no hay criterios que orienten su distribución, de manera que no se garantiza el acceso de toda población a la consulta.
“Las autoridades mencionadas deberán emitir los lineamientos para desarrollar la consulta”, indica el dictamen pero sin mencionar bases mínimas.
El dictamen aprobado por diputados del Congreso local para realizar una consulta ciudadana y modificar el Pacto Fiscal tampoco establece cuánto se gastará en llevar a cabo este ejercicio ni contiene un estudio de impacto presupuestal, lo cual sí se hace con otras convocatorias que emite el Congreso local.
El diputado morenista considera que el decreto aprobado el 30 de noviembre no cuenta con la exposición de motivos y razones
“La metodología y logística adoptadas para esta consulta son de tal manera que representen el menor impacto presupuestal posible”, dijo Luis Donaldo Colosio Riojas en conferencia.
Por ejemplo, cuando las convocatorias se realizan a través de plataformas electrónicas se informa que el personal deberá atender durante 90 días los módulos, el manejo de la información y el pago de las publicaciones pero esta vez no hay especificaciones.
