En 2020 bastaron unas horas de polémica para que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) quedara acéfalo.
La invitación al comediante Chumel Torres a un foro sobre racismo y clasismo por parte de la entonces presidenta Mónica Maccise Duayhe, generó una escalada de críticas que suscitó su renuncia el 19 de junio.
Dos años después de la controversia, fue nombrada en ese cargo, Claudia Olivia Morales Reza, representante de la comunidad wixárika de Jalisco.
Esto ocasionó que el rostro del órgano conformado en 2003 por una iniciativa ciudadana para velar por el derecho a la no discriminación se modificara en varias de sus áreas, pues durante dos años se vio obligado a funcionar sin presidencia, con un equipo reducido y con la disminución de su presupuesto en términos reales.
Con esas características, el Conapred se enfrentó al desmoronamiento de la recepción de quejas en contra de particulares que pasó de un promedio anual de 819 entre 2011 y 2015 a 187 entre 2019 y 2020, según informes oficiales.
Lídice Rincón Gallardo, asesora en el organismo, describe que la falta de presidencia se vivió como “un asunto grave”; pero destaca que el equipo del organismo “es muy sólido y logró sacar el trabajo en medio de muchas vicisitudes y adversidades … Gracias a esto, el Conapred nunca se detuvo. Sin embargo, sí creo que estuvimos muy atados de manos porque al final de cuentas se subordinó a Gobernación”.
Hija de Gilberto Rincón Gallardo, el primer presidente que tuvo el Conapred, y presidenta de una fundación que lleva ese nombre, Lídice Rincón pone énfasis en que en sus años acéfalo, el Conapred tuvo una gran ventaja: contar con una asamblea consultiva.
“Si no hubiera sido por una asamblea fortalecida y sólida, más el gran equipo y las asesorías internas, habría otro matiz, otro rumbo… Pero dimos la lucha. No contra el gobierno, sino contra la estructura pública que tiene tan arraigada y tan naturalizada la discriminación”.
El reto de la austeridad en Conapred
En 2019 el Conapred trabajó con poco más de 183 millones de pesos y en 2020 la cantidad fue de poco más de 161 millones de pesos.
Entre 2021 y 2022, el dinero destinado a la operación del organismo pasó de 138 millones aproximadamente a más de 142 millones de pesos, pero en términos reales hubo una reducción de 0.15 por ciento al tomar en cuenta la inflación.
Los datos abiertos reflejan que el Conapred empezó a gastar cada año menos. Una localización de contratos en Compranet, realizada por Reporte Índigo, arroja que en 2019, el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sus compras públicas sumaron 41 millones 377 mil 692 pesos.
El año siguiente –cuando su presidencia quedó vacante– esa erogación fue de 39 millones 237 mil 314 pesos. En 2021, ese gasto descendió a 35 millones 781 mil 813 pesos. En lo que va de este año, el Conapred ha erogado siete millones 393 mil 60 pesos.
En este ajuste, el organismo prescindió de servicios que en gobiernos pasados contrataba de manera sistemática, por ejemplo, dejó de producir su programa editorial que incluía impresión y reimpresión de libros, comics y folletería, para lo que en 2019 destinó 1 millón 293 mil pesos. Después, no volvió a realizar ningún contrato para generar publicaciones.
Ese año se encontró que por lo menos cinco de cada diez personas en el país afirmaron haber sido discriminadas por apariencia física, género, situación económica, creencia religiosa, orientación sexual y una lista larga de causas. En 2022 la encuesta se repitió, pero hasta ahora no se han publicado los resultados.
Para Christopher Sánchez Islas, coordinador jurídico de la organización Así Legal, esta realidad refleja la falta de estructura gubernamental frente a formas de discriminación históricas en contra de poblaciones vulnerables.
La terca discriminación
Cuando el Conapred nació en México gobernaba Vicente Fox Quesada, el primer presidente no priista en 71 años.
Sin precedentes, un nuevo marco jurídico con base en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, prohibió la discriminación en la vida pública del país.
El mismo Fox Quesada soltó una de las frases que pasaría a la memoria política justo por ser discriminatoria. En gira por Mazatlán, Sinaloa, dijo que 75 por ciento de los hogares en el país tenía una lavadora, pero “no de dos patas o de dos piernas, sino metálica”.
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