Durante la administración de Héctor Vielma Ordoñez el cargo de director de seguridad pública estuvo prácticamente vacío
El municipio de Zapopan es de los pocos que ya completaron el trámite de control de confianza de toda su corporación.
Alrededor de 389 elementos de seguridad reprobaron las pruebas y hoy tienen que abandonar sus labores.
En inconformidad con el resultado obtenido, media centena de reprobados decidieron en los últimos días manifestarse a la afueras de la presidencia municipal.
Algunos alegaban que el resultado los perjudicaba seriamente, pues en algunos casos hay policías a los que les faltaba menos de cinco años para jubilarse.
El tema se torna álgido al considerar que la inseguridad en Zapopan ha aumentado, según ha reconocido el propio alcalde.
Sin embargo eso parece no pesar en la administración municipal, pues la Comisión de Seguridad presidida por el priista Óscar Eduardo Santos Rizo, no ha sesionado.
En reunión con los policías reprobados, el alcalde Héctor Robles Peiro se comprometió a darle seguridad económica a los más de 380 elementos.
Les ofreció otros espacios en la administración municipal. Aunque no definió cómo se iba a implementar este esquema de cambio de adscripción considerando que algunos reprobaron por uso de drogas y corrupción.
Durante la administración de Héctor Vielma Ordoñez el cargo de director de seguridad pública estuvo prácticamente vacío.
Rosalino Pinto Cárdenas, ex director de seguridad pública, estuvo fuera del cargo desde marzo de 2011 y enfrentaba cargo por homicidio en el municipio de El Salto.
Nunca fue nombrado un director definitivo, solo se hicieron nombramientos temporales.
No obstante el municipio prosiguió con la construcción de un centro de inteligencia policiaca que hasta hoy no está en operación.
Se presume que en la actual administración se solicitarán recursos extra para equipar este espacio.
Pero el abrupto recorte de personal no solo pesará en la seguridad de los ciudadanos y de los propios policías, también pesará en el desempeño del municipio, pues con menos personal tendrá menos posibilidad de que las patrullas que fueron arrendadas por la pasada administración se pongan en marcha.
La gran mayoría de ese parque vehicular se encuentra sin uso en los patios de la unidad administrativa de las avenidas Guadalupe y Periférico.
La defensa de los policías
Luego de reprobar los exámenes de control de confianza nueve elementos de la Policía de Guadalajara obtuvieron una suspensión para evitar ser desarmados y despedidos de la corporación.
Con ello estos policías permanecen en las filas de la dependencia municipal que está impedida para inhabilitarlos y su caso podría ser emulado por más de un centenar de servidores de seguridad que han reprobado o podrían reprobar las pruebas de control de confianza en el municipio tapatío.
Y es que la forma en que se cesa a los elementos de seguridad ha sido básicamente el mismo para todos los ayuntamientos metropolitanos; desarmarlos, retirarlos de las calles y finalmente despedirlos.
Pero la defensa de algunos de los 137 policías de Guadalajara alega el estado de indefensión a sus derechos civiles y laborales en que el Ayuntamiento los dejó.
Además de que en ningún momento se les dice la causa específica de su despido.
Jesús Ascencio, abogado del ex comandante tapatío César González asegura que en la mayoría de los casos no debe haber ningún problema jurídicamente para que conforme a derecho los elementos conserven su empleo o en su caso reciban indemnización correspondiente.
En materia legal otro de los argumentos que propusieron los policías para debatir es que pese a la reforma de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en julio de 2012 los despidos no se justifican por que ninguna ley tiene efecto retroactivo.
Y es que en el artículo 14 de la Constitución Mexicana se menciona que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.
Por eso los policías exigen se les juzgue con la ley anterior, aunque este argumento podría ser fácilmente desechado.
