Las personas en situación de calle en la Ciudad de México viven también en el desamparo institucional.
Tener facilidades para obtener identificaciones como la credencial de elector, recibir apoyos gubernamentales para la protección de sus hijas e hijos, o acceder a becas para reinsertarse en la sociedad son situaciones cada vez más difíciles de lograr en la actual administración, acusan activistas.
Luis Enrique Hernández, director de la organización El Caracol que ayuda a poblaciones callejeras, dice que los trámites para obtener la credencial del INE o la acta de nacimiento les ha llegado a costar hasta mil 600 pesos, cuando antes el Gobierno local les simplificaba el proceso en tiempo y recursos.
Esto se debe a que el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), que atendía a este sector y le facilitaba trámites al darles una credencial que les ahorraba varios procesos, fue sustituido por el Instituto para la Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP).
“Las poblaciones callejeras comúnmente no cuentan con ninguna de estas identificaciones, entonces el IASIS expedía una credencial donde se decía que era con poblaciones callejeras y contaba con un folio, un sello y demás y esa se contaba como una identificación oficial y ahí nos saltábamos al menos tres pasos”, dice.
Menores vulnerables
Otro programa que la organización El Caracol acusa que está sin funcionar es “Niñas y niños fuera de peligro”, el cual se implementó el 26 de abril de 2017 en el Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) en Iztacalco.
Éste era gratuito y buscaba dar seguridad a los hijos de padres que trabajaban y tenían a sus hijos en cruceros, estaciones de metro o avenidas. Primero se monitoreaba a los menores en esa situación, se hablaba con sus padres y luego eran llevados al CAIS ubicado en la colonia Viaducto Piedad.
“Ahí tenía un espacio donde los niños y niñas desayunaban y les hacían el enlace con las escuelas para que fueran a clase. Al salir les ayudaban con sus tareas, les daban de comer y en las tardes se los regresaban a sus familias”, narra Luis Enrique.
“Respondía a una dinámica de familias que están en desventaja social importante, sin redes familiares, sin documentos de identidad y les garantizaban que sus hijos e hijas estaban bien”, explica.
Sin embargo, el director de El Caracol alerta que al menos desde noviembre, cuando se empezó a dar el cambio de administración, este programa se encuentra suspendido y es probable que los menores que eran beneficiados no estén acudiendo a clases.
Personas en situación de calle sin asistencia básica
El proyecto“Jornadas callejeras” también está interrumpido. El programa buscaba reinsertar a las personas en situación de calle a la sociedad y les proporcionaba servicios de asistencia básica.
“Tenía sus deficiencias pero estaba funcionando, ahora ni eso. Era una brigada que iba en una camioneta y recorría la calle con la idea de ofrecerles servicios: el de identidad, pasaban por alguna población y la llevaban a bañar a los CAIS, los acompañaban al médico y les ofrecían a los que querían un proyecto de corta estancia para reinsertarse”, dice Luis Enrique.
Ahora la situación es preocupante, pues la falta de presencia institucional no ayuda a las personas en situación de calle y los grupos donde hay este vacío aumenta el consumo (de solventes inhalantes), la violencia y las muertes, explica.
Nuestra preocupación en este momento es que como no hay programas, no hay proyectos que visiten la calle, más que algunas organizaciones, estamos viendo que la violencia ha aumentado, las muertes han aumentado
Denuncian no ver a sus hijos
La organización El Caracol acompaña a 15 mujeres de poblaciones callejeras que no han visto desde febrero pasado a sus hijos e hijas, quienes están en casas de asistencia social a cargo del DIF.
Dos de ellas han interpuesto quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) porque aseguran que no les han dado ni siquiera información del estado de salud de los menores.
Lucía, una de las madres que interpuso la queja y pidió no ser identificada con su nombre verdadero, señaló que desde el 28 de febrero personal de la nueva administración no le ha asignado días de visita para ver a su hija de 7 años.
“Hasta la fecha no la he podido ver, ni siquiera sé cómo está o por qué no la puedo ver. Lo último que me dijeron es que necesito diferentes requisitos como pruebas psicológicas y toxicológicas”, dice.
Esthela Damián, directora general del DIF, explicó que en el caso de las mujeres que interpusieron la queja ante la (CDHDF) no es un tema de situación de calle, sino tiene que ver con adicciones.
“En algunos de los casos al menor lo tenemos ingresado por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) por posibles lesiones, uno de los chiquitos llega con nosotros a través de la PGJ y nosotros hacemos la canalización a la Casa de Asistencia Social. Para que la mamá pueda empezar a tener o solicite la integración del menor, lo que nosotros buscamos es el interés superior del niño, que es a lo que nos obliga la Ley”, explica.
En las reuniones de trabajo sostenidas con las madres, la organización El Caracol y la CDHDF, la directora asegura que les han pedido documentos comprobatorios de que están dejando las adicciones, porque a veces buscan a los pequeños pero no con la frecuencia ni con las características que éstos necesitan.
“Las mamás están en todo el derecho de buscar a los menores, pero sí buscamos en el mejor clima y para salvaguardar los derechos que también tienen los niños. En el último acuerdo que se sostuvo se solicitó su plan de restitución de vida en el que las mamás acreditan que están dejando las adicciones. No es su condición de calle, es un problema con adicciones”, reitera.
