Distrito 5, el oscuro bar donde asesinaron a Aristóteles Sandoval, tenía un historial de irregularidades

El establecimiento de Puerto Vallarta era un transgresor sistemático de la normativa municipal y estatal
Luis Herrera Luis Herrera Publicado el
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El bar Distrito 5, que se ubicaba en Puerto Vallarta y donde fue asesinado el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, contaba con un amplio historial de irregularidades en su funcionamiento.

Por lo anterior, pudo haber recibido múltiples sanciones por parte del Gobierno municipal; sin embargo, la respuesta de las autoridades no estuvo a la altura de la disrupción.

De acuerdo con los registros del Gobierno de Puerto Vallarta, obtenidos vía transparencia, dicho establecimiento fue un transgresor sistemático de la suspensión de actividades obligatorias que se decretó durante la pandemia de COVID-19.

Tan solo en 2020, el mismo año en el que ocurrió el homicidio de Sandoval Díaz, el lugar quedó clausurado en cuatro ocasiones por ese motivo.

La Dirección de Inspección y Reglamentos elaboró un reporte sobre las irregularidades que se detectaron en el establecimiento de forma previa al asesinato, según el oficio con clave DIRPVR/311/2022 del 6 de mayo de 2020.

“Establecimiento clausurado por encontrarse abierto al público y con clientes en el interior, en apego al de desacatar las indicaciones del acuerdo emitido por el Gobierno del estado de Jalisco el 17 de Marzo del año 2020, referente a la pandemia de COVID-19.

“Levantándose el Acta de Inspección y Orden de Visita número 10660, en apego al punto primero del acuerdo mediante el cual se clausuraron de manera temporal salones de fiesta, casinos, antros, cantinas, centros nocturnos, y bares”, señala el documento.

Más órdenes de clausura

Al mes siguiente, el 14 de junio de 2020, la misma dependencia ordenó clausurar el establecimiento al encontrar a 30 clientes en el interior del lugar ingiriendo bebidas alcohólicas y sin consumir alimentos.

“Por lo cual se levantó la clausura en el Acta de Inspección y Orden de Visita número 10213”, destaca la información consultada.

De igual forma, el 2 de agosto de 2020, “se observó clientes en su interior, alrededor de 35 personas, consumiendo bebidas alcohólicas sin el consumo de alimentos en la segunda planta”.

Dichas acciones motivaron la clausura del negocio, bajo el Acta de Inspección y Orden de Visita número 10871”.

En el mismo mes, pero 13 días posteriores, el organismo informó que “se procedió a realizar el Acta de Inspección atendiendo a la Orden de Visita con número 10873”.

Lo anterior debido a que hallaron a un total de 30 a 40 personas ingiriendo bebidas alcohólicas después del horario autorizado.

Asimismo se le informó al encargado del negocio la falta cometida y por tal motivo el Acta con la Clausura total del negocio, también con base en el acuerdo emitido por la contingencia sanitaria.

Consecuencia del homicidio

El bar “Distrito 5” tendría una quinta clausura en el 2020, pero en esta ocasión motivada por el homicidio del exmandatario jalisciense, el 18 de diciembre de 2020.

Esto quedó registrado en el Acta de Inspección y Orden de Visita 10985.

“Se suscitó una riña dentro del establecimiento, haciendo una inspección el cual presumiblemente habiendo hechos de sangre en el interior de dicho establecimiento motivo por el cual se levanta la presente acta con la clausura del establecimiento (sic.)”, según indica el Recurso de Revisión: 2988/2022.

Sanciones previas

Las transgresiones continuas de la normativa que cometía el bar “Distrito 5” les representaban a sus propietarios sanciones económicas muy bajas, según lo reporta el área de Juzgado Municipal de Puerto Vallarta, en su oficio No. 285/2022.

En los años 2020 y 2021 se tiene registro de cuatro multas contra el establecimiento: la impuesta el 22 de octubre de 2020, con clave 720/2020: “Por no refrendar la licencia, permiso, concesión o autorización dentro del término señalado”, por un monto de dos mil 179 pesos.

De igual forma, la del 26 de octubre de 2020, con clave 808/2020, por: “violaciones a ordenamientos estatales y municipales”, con una sanción económica de cuatro mil 785 pesos.

Le sigue la multa impuesta el 10 de noviembre de 2020, con clave 879/2020, por “violaciones a ordenamientos estatales y municipales” y que ascendió a cuatro mil 785 pesos.

Incluso, la que recibió por el homicidio del exgobernador fue “por carecer de vigilancia y seguridad suficiente para evitar se susciten riñas o hechos de sangre”, y el monto a pagar fue de tan solo siete mil 565 pesos (con clave 226/2021, del 29 de marzo de 2021).

Aunque el local ya alberga un nuevo negocio, los datos de su licencia, según la Dirección de Padrón y Licencias, son “Cuenta 43096 a nombre de la persona moral Innovadores de la Diversión S.A. de C.V. y nombre comercial Restaurante Campo Mar (Antes Distrito 5), con giros comerciales de Restaurante Turístico y Bar en Restaurante, y domicilio en Boulevard Francisco Medina Ascencio número 2468-5 (sic.)”.

La excarcelación

Hace unos días se informó que José Manuel “N”., conocido como “Manu Vaquita” e identificado como dueño del extinto bar “Distrito 5”, dejó la prisión; sin embargo, la Fiscalía estatal reportó que sí fue hallado culpable del delito que se le imputó, aunque ya había cumplido con su castigo.

“Como resultado de la información obtenida por el agente del Ministerio Público en las últimas horas, se precisa que con relación a la situación legal de José Manuel ‘N’, fue sentenciado por el delito de encubrimiento, por tal razón, no quedó exonerado”.

El 20 de abril de 2022, Ricardo Mejía Berdeja, entonces subsecretario de Seguridad, reveló que el imputado se reunió en el negocio con Saúl Alejandro “N”, alias “El Chopa”, presunto autor intelectual del homicidio (y abatido por fuerzas federales en abril de 2022).

Se presume que la reunión ocurrió momentos antes de que se cometiera el crimen: “José ‘N’ se reunió con un líder criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación“, detalló la autoridad.

El 10 de abril de 2022, cuando José Manuel fue detenido, se le cumplimentaron dos órdenes de aprehensión, pues no solo se le atribuía el delito de encubrimiento (“ordenó la limpieza de la escena del crimen”, expuso el Gobierno federal), también se le señalaba por su “probable participación en el delito de homicidio calificado”.

Esto ya que presuntamente habría facilitado la comisión del homicidio; no obstante, solo el primer ilícito fue comprobado.

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