La alcaldía Coyoacán pretende pasar por encima de los derechos de sus habitantes para construir un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el predio El Parián, localizado en el Barrio San Lucas.
Los habitantes se oponen porque no se les ha consultado conforme a la Ley ni se les ha permitido llevar a cabo un proyecto comunitario en el lugar.
El Parián es el predio localizado en avenida Hidalgo 128, Barrio San Lucas en la colonia Del Carmen, tiene una superficie de construcción de 20 mil 74 metros cuadrados, es decir, mide una cuadra. En el 2002, era sede del Banco del Atlántico, pero éste quebró y el terreno fue adquirido por las autoridades locales. Desde entonces ha estado abandonado y sin atención.
Fue el pasado 26 de noviembre, durante la instalación del Gabinete de Paz y Seguridad en la demarcación, que el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, dijo que se iba a construir un cuartel de la GN y anunció que se llevaría a cabo una consulta casa por casa para conocer la opinión de la población al respecto.
“Nosotros, este predio lo queremos aprovechar para que esté ahí la Guardia Nacional, por qué no pensar también en una sucursal del Banco del Bienestar y parte de la alcaldía. Los vecinos van a poder tener seguridad, el área va a estar limpia y nosotros convocamos a todas las vecinas y los vecinos, pues que nos apoyen en este proyecto”, declaró.
Detalló que la consulta comenzaría la próxima semana con el fin de conseguir el aval de los vecinos del Barrio San Lucas.
Sin consulta conforme a la ley
La propuesta del alcalde en realidad busca imponer el proyecto del cuartel de la GN porque se pretende hacer una consulta fuera de la Ley, dice Laura Freyermuth, activista vecinal y habitante del Barrio San Lucas.
La mujer indica que el barrio es una comunidad originaria reconocida por la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) por lo que su máxima autoridad es la asamblea y su población tiene que ser consultada de cualquier proyecto que la afecta.
“Las autoridades locales tienen la obligación de consultar a los pueblos, barrios y comunidades; y estos tienen el derecho a ser consultados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles en sus derechos e intereses.
“Las consultas deberán ser de buena fe, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables y con la finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado”, menciona la Ley de Derechos de Los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes local.
En consecuencia, el ejercicio de consulta propuesto por Gutiérrez es ilegal porque la norma estipula que debe ser informado y la alcaldía no ha difundido ni transparentado el proyecto y el formato tiene que ser decidido en consenso con la comunidad, no impuesto, indica la vecina.
La defensa comunitaria
Ante esta situación, el pasado domingo 28 de julio, los vecinos del Barrio San Lucas celebraron una reunión en donde se definió una comisión que acudirá a la alcaldía este miércoles 1 de diciembre a entregar un oficio donde se menciona la problemática y los antecedentes de proyectos vecinales que se han buscado hacer en El Parián pero no han sido autorizados.
“Se ha buscado hacer un huerto urbano, un jardín polinizador y un centro comunitario pero ninguno ha contado con apoyo oficial”, declara Laura Freyermuth.
Por último, detalla que el oficio que será entregado cuenta con 300 firmas de habitantes de Coyoacán y que, si la alcaldía no tiene disposición al diálogo, la comunidad de Barrio San Lucas analizará las acciones legales para defender sus derechos.
La acusación
En la campaña electoral de 2018, dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Coyoacán denunciaron que la entonces candidata de Morena a la alcaldía, María Rojo, quien fue delegada de 2000 a 2003, compró El Parián a sobreprecio durante su administración.
La acusación señala que siendo delegada, Rojo pidió a la Secretaría de Administración y Finanzas 99 millones para comprar el predio. Sin embargo, según el índice de precios de vivienda realizado por la Sociedad Hipotecaria Federal en México en el año 2003, el predio solo valía 46 millones de pesos: presuntamente hubo un sobreprecio del 100 por ciento.
Otra de Coyoacán
En el mes de octubre pasado, el Conjunto Estadio Azteca -que administra el Estadio Azteca en Coyoacán- anunció que se llevaría a cabo un proyecto inmobiliario para modernizar el recinto deportivo de cara a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, en la cual México será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.
Según el proyecto que se puede consultar en la página electrónica del Conjunto Estadio Azteca, se busca remodelar la instalación deportiva, construir un foro para eventos y un hotel.
Tras el anuncio, diversos grupos de vecinos se manifestaron en contra por el impacto ambiental que tendrá la obra.
Carlos Castillo, dirigente de Morena en Coyoacán y quien representa a un grupo de habitantes opositores, señala en entrevista que la Secretaría del Medio Ambiente ha informado que el proyecto no cuenta con los permisos necesarios.
También, afirma, que se están llevando a cabo mesas de trabajo con la autoridad ambiental y ésta ha prometido gestionar una consulta para que el pueblo originario de Santa Úrsula (donde está el estadio) pueda decidir si se lleva a cabo la modernización del inmueble.
