El Consejo Ciudadano de Control y Transparencia, una institución pionera en la integración de ciudadanos independientes para el combate a la corrupción de los gobiernos, podría estar viviendo sus últimos días de existencia.
El gobierno tapatío del alcalde con licencia, Enrique Alfaro Ramírez, presentó una iniciativa cuya aprobación implicaría la desaparición de ese organismo tras haber cumplido en diciembre pasado 15 años de funcionamiento.
Este Consejo innovó en el lejano año 2002, al ser creado como un organismo del ayuntamiento de Guadalajara pero puesto en manos de ciudadanos independientes, con el objetivo expreso de prevenir, investigar y combatir la corrupción en las dependencias municipales, es decir, la misma esencia que hoy rige al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción que se replicará en todos los estados. En ese entonces su nombre fue Consejo para la Transparencia y Ética Pública de Guadalajara.
Fue el 9 de diciembre de 2002, cuando el entonces alcalde panista, Fernando Garza, le tomaba protesta al connotado historiador y jesuita, Jesús Gómez Fregoso, como primer presidente de dicho Consejo, función que mantendría hasta el 9 de diciembre de 2009.
Fernando Garza dijo estas palabras aquel día de 2002, en el nacimiento de lo que se volvería uno de los pocos legados significativos de los gobiernos de transición –el primer alcalde panista en la historia de Guadalajara había ascendido apenas en 1995-, según lo recogió el medio informativo Cruce, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO): “La instalación del Consejo representa, en el fondo, la culminación de uno de los esfuerzos que realiza la presente administración municipal para erradicar de raíz el problema de la corrupción”.
Poco se recuerda ahora el papel protagonista que tuvo ese Consejo, en sus mejores años bajo la presidencia del jesuita, en la investigación de casos de corrupción que resonaban en la ciudad, como la especulación inmobiliaria sobre predios del bosque público Los Colomos; los malos manejos del Instituto Municipal de Atención a la Juventud; o el origen violatorio de los planes parciales de megadesarrollos como Horizontes Chapultepec.
Lo cierto es que, paradójicamente, la iniciativa de Reglamento del Sistema Anticorrupción de Guadalajara, presentada el 23 de noviembre pasado por la síndica Bárbara Casillas García y la regidora María Arias Bocanegra, ordena la desaparición de ese Consejo, en su artículo cuarto transitorio, que dice: “Se disuelve el Consejo Ciudadano de Control y Transparencia”.
Esto, debido a que ese planteamiento busca concentrar en un solo ente, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, creado por el actual gobierno, la funciones tanto del Consejo Ciudadano de Control y Transparencia, como las que le corresponderían al Comité de Participación Social que exige el Sistema Estatal Anticorrupción.
Lo dice de esta manera la iniciativa: “Si se integran las funciones en un solo consejo, el cual por naturaleza es para fomentar y fortalecer la participación ciudadana en los asuntos públicos municipales, se evitan duplicidades y se fortalece una instancia. Por ello, con la presente
iniciativa se propone (…) crear un sistema municipal anticorrupción articulado por ciudadanos a través de una instancia ya existente, el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, que asumiría las funciones y atribuciones del Consejo Ciudadano de Control y Transparencia”.
Así, los días de ese ícono del cambio democrático en la ciudad parecen estar contados.