“Del interés que usted (gobernador) demuestra en su discurso de inclusión y antidiscriminatorio, pero en la realidad se ha demostrado poco interés por conocernos o propiciar un acercamiento”
El Consejo ha organizado cinco sesiones ordinarias y extraordinarias desde que se instaló en junio del 2016, y su reglamento interno aún no se aprueba
En su página oficial, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación no contempla
la ley del estado de Jaliscosobre el tema
La discriminación en Jalisco persiste a pesar de los intentos de los miembros del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Jalisco.
La persecución de este tipo de actos ha quedado manifestado a lo largo de años en los que la ley antidiscriminación estuvo congelada en el Congreso Local o era desechada por posicionamientos políticos adversos.
La ley que hoy rige las sanciones y acciones para evitar la discriminación, denominada Ley para Promover la Igualdad, Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, fue votada por unanimidad desde el 29 de octubre de 2015.
Un documento de alrededor de 390 páginas hoy es letra muerta porque poco se conoce sobre la existencia de la misma, o su practicidad en la aplicación de políticas públicas enfocadas al tema de la discriminación como una estructura cultural a combatir.
Tal es su desconocimiento que incluso el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en su página oficial no contempla la ley del estado de Jalisco sobre el tema, y sólo registra la existencia de una cláusula constitucional antidiscriminatoria y una conducta tipificada en la normatividad local que busca sanciones para quienes atenten contra la dignidad de las personas.
El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la entidad fue instalado hasta junio de 2016, aunque sus integrantes ciudadanos fueron electos por el Congreso desde abril de ese mismo año.
La ley recibió cuestionamientos al considerarse que correspondía, en mayor medida, a un dictamen apegado a la iniciativa del PRI, con menores aspiraciones para prevenir y erradicar la discriminación en comparación con otras iniciativas contempladas en su momento, por lo cual los expertos veían límites en su aplicación.
Con poca legitimidad
Gerardo Moya García, académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y miembro del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), calificó a la propuesta de ley como inconsistente e inoperante.
Por otro lado, sus integrantes –Rosalinda Mariscal Flores, Raúl Hernández Alcalá, Evelia Sandoval y Moisés Cholico Ávila– llegaron a sus puestos bajo señalamientos y cuestionamientos desde los medios sobre su vinculación con cargos y antecedentes que les otorgaban poca legitimidad.
Raúl Hernández era administrador de la Comisión de Arbitraje Médico, de acuerdo con el Gobierno del estado; Evelia Sandoval había sido candidata de Nueva Alianza a la gubernatura en 2012, y Rosalinda Mariscal fue objeto de protestas que buscaban su destitución como directora de la preparatoria 16 de Tlaquepaque.
La cabeza del Consejo es ocupada por los titulares de dependencias del Ejecutivo del estado, lo que expertos criticaron como la muestra de que el mismo carecía de autonomía, siendo hoy su presidente Roberto López Lara, secretario general de Gobierno, y Dante Haro Reyes, fiscal de Derechos Humanos, el secretario técnico.
Ya que el Consejo es solo un órgano auxiliar del Gobierno estatal que dará sentido a lo contenido en la ley y no un organismo independiente, como lo contemplaban otras iniciativas en su momento.
De tal modo que hasta ahora el Consejo ha organizado cinco sesiones ordinarias y extraordinarias desde que se instaló.
Sólo se ha creado el reglamento interno del mismo, que hasta la fecha sigue siendo analizado por el área de acuerdos legislativos de la Secretaría General de Gobierno, a pesar de que se entregó desde el 25 de julio del 2016.
Dependiente
El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Jalisco está encabezado por titulares de dependencias de gobierno:
Presidente
> Roberto López Lara Secretario general de Gobierno
Secretario técnico
> Dante Haro Reyes Fiscal de Derechos Humanos
Miembros ciudadanos
> Rosalinda Mariscal Flores
> Raúl Hernández Alcalá
> Evelia Sandoval
> Moisés Cholico Ávila
Solo discurso
El Consejo funciona ahora como un órgano inoperante debido a que su normatividad, en cuanto al reglamento interno y el reglamento de la ley, no ha sido aprobada y publicada en el periódico oficial.
Así lo señaló en entrevista con el diario local El Informador el secretario técnico del Consejo, Dante Haro Reyes, quien señaló que están a la espera de que se oficialicen los documentos para comenzar a operar bajo normas que le den fundamento a sus acciones.
“Creemos la necesidad de que se apruebe el reglamento para poder cerrar el andamiaje y no se deje ningún espacio donde quepan omisiones”.
Aunque el funcionamiento actual del Consejo pone en entredicho su real funcionamiento, toda vez que a la espera de la publicación de su normativa interna y recibiendo quejas ciudadanas, éstas no pueden derivar en una sanción porque carece de facultades legales.
Incluso el propio Consejo, a partir de sus integrantes ciudadanos, ha cuestionado el tema de la lucha contra la discriminación en el estado por parte de las autoridades locales, señalando que éste sólo se queda en el discurso.
En un oficio enviado el pasado 3 de marzo al gobernador, con copia para el Congreso del Estado, critican al titular del Ejecutivo su discurso contra la discriminación, que sólo se queda en lo discursivo.
Enmarcada en un señalamiento sobre la falta de participación de mujeres en eventos públicos, la carta señala un distanciamiento entre el discurso de las autoridades respecto a la discriminación y en referencia al propio Consejo.
“La razón de nuestro acercamiento nace del interés que usted demuestra constantemente en su discurso de inclusión y antidiscriminatorio, pero en la realidad se ha demostrado poco interés por conocernos o propiciar un acercamiento”, señala la misiva de los consejeros.
La crítica y el tono de la carta suponen un tropiezo en las intenciones por mejorar la problemática de la discriminación.
Y hace patente que las autoridades locales han fallado en el tema, aún cuando se suponía que existe una normativa e instituciones.
