La inclusión laboral de personas con discapacidad en México está en pañales.
A diario este sector de la población padece desinterés de las empresas por integrarlo en sus equipos de trabajo, falta de instalaciones adecuadas, poca empatía por parte de sus compañeros de trabajo y nulos protocolos de atención en las juntas de conciliación en un país en el que, por ley, están obligados a darles un espacio.
El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024 del Gobierno federal tiene dos objetivos prioritarios: fortalecer la inclusión laboral e impulsar acciones que favorezcan su empleabilidad en condiciones de trabajo digno; ninguna de estas dos metas se cumplen.
Incluso, en febrero de este año, el Senado de la República reformó la Ley Federal del Trabajo para que las empresas con más de 20 empleados reserven para personas con discapacidad el cinco por ciento de los puestos de trabajo, algo que rara vez sucede
A esta discriminación laboral se suman la falta de accesibilidad, infraestructura y adecuaciones de los espacios que desincentivan el desarrollo de estas personas.
El vía crucis comienza en casa y continúa en espacios públicos como el transporte público, o la educación, lo que se traduce en un bajo índice de escolaridad que, posteriormente, reduce las oportunidades laborales.
La bolsa de trabajo OCC Mundial realiza semana con semana el termómetro laboral, un documento que muestra tendencias en reclutamiento basado en encuestas a reclutadores y candidatos que usan su plataforma para ocupar alguna de las más de 90 mil plazas laborales que se ofertan. El resultado del estudio realizado a finales de junio revela que México tiene una deuda pendiente con la inclusión de las personas discapacitadas.
El termómetro laboral dio a conocer que el 66 por ciento de los trabajadores no considera que exista la inclusión en sus fuentes de empleo, y casi seis de cada 10 opina que los procesos de selección no son incluyentes, es decir, 58 por ciento de las empresas que ofertan empleos toman en cuenta características físicas, preferencias sexuales y hasta la edad al momento de reclutar.
Sin embargo, uno de los temas más alarmantes tiene que ver con la adecuación de las instalaciones: 83 por ciento de las compañías no le presta importancia a que la infraestructura de sus trabajos cuente con áreas para personas con discapacidad.
Falta de conciencia y conocimiento sobre discapacidad
César Palencia Chávez, activista en pro de los derechos de las personas con discapacidad y abogado especialista en Derechos Humanos, asegura que estos resultados tienen que ver con una falta de concientización y conocimiento del tema.
“Lo primero que se debe hacer es dar cursos y capacitaciones para que la gente esté enterada de cómo se vive con una discapacidad. Si tú vendas los ojos de los reclutadores y les pides hacer un dibujo, notarán las dificultades a las que se enfrenta una persona ciega”.
El Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2021-2024, señala que el promedio de escolaridad entre este grupo poblacional es de 4.7 años, casi la mitad de los 8.6 años de alguien sin discapacidad, un tema que el abogado retoma, pues señala que la educación es vital para conseguir empleo.
“En cualquier trabajo te piden haber concluido la preparatoria, y no es fácil que una persona con discapacidad se gradúe. Nos faltan escuelas adaptadas. El que haya un niño ciego en un salón de clase no implica que van a enseñar braille a todos”
“A veces las familias son el primer obstáculo, los arropan, los sobreprotegen o los tratan como ´los pobrecitos´ y no los dejan superarse, y a eso se agrega el sistema fallido alrededor, entonces orillan a las personas a pedir limosna o a incorporarse al empleo informal”, dice el especialista.
Para incentivar la inclusión, el Gobierno federal ofrece a las empresas la deducción de hasta el 100 por ciento del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando entre su personal haya personas contratadas con discapacidades motrices, visuales, auditivas o de lenguaje
Palencia Chávez critica que las empresas busquen únicamente beneficiarse de la condonación de impuestos y no tengan realmente una misión a favor de la inclusión.
“Tienen dos o tres mil empleados y contratan a una o dos personas para acceder a las condonaciones de impuestos, entonces, el interés por el tema de inclusión no es real.
“Los gobiernos no tienen inclusión laboral justa, incumplen también ese tema. No hay voluntad y si nosotros, las personas con discapacidad, no salimos a exigir, esos espacios no se abren, pero estas exigencias no se demandan con cartulinas, sino tienen que verse en Cortes federales, exigir y demandar, mediante procesos legales, que un juez obligue a los gobiernos a que se abran espacios laborales y se combata la discriminación”.
‘Somos invisibles’
Alfredo Jiménez es un activista que mediante Co-NEEK’TA promueve la apertura y adecuación de espacios para personas con discapacidad, particularmente en el ámbito artístico y cultural.
Señala que el desconocimiento del tema es la principal barrera para lograr una inclusión real.
“La mayoría de las personas ligan accesibilidad con discapacidad, cuando la accesibilidad es algo que nos beneficia a todos. El ejemplo es una rampa: todo el mundo la usa y evita las escaleras, tanto por seguridad como por accesibilidad. El problema es que las adecuaciones se ven como si fueran exprofeso para personas con discapacidad”.
Otros de los retos a vencer son la falta de empatía y la ignorancia que persiste en la cotidianidad.
“Derivado de eso no hay rampas, no hay braille, no hay lenguaje de señas, porque a las personas no les interesamos. La gente pretende hacernos invisibles, incluso preferiría que en muchos casos no existiéramos”, dice Jiménez.
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