El pasado 22 de agosto, Alonso del Val Echeverría, quien fuera director jurídico del Grupo Oro Negro por 7 años y exreresentante extranjero en las Cortes de Nueva York por parte del mismo, solicitó un criterio de oportunidad ante la Procuraduría de la CDMX. Del Val Echeverría aportaría información esencial para la persecución de los delitos más graves contra Gonzalo Gil, demás directivos del Grupo y en agravio de las empresas dueñas de las plataformas.
El exdirector jurídico de Oro Negro tuvo conocimiento directo y participó en todas las reuniones para el diseño de estrategia legal y de negocios del Grupo, por lo que aportó, entre otras cosas, información relevante en relación a las demandas y estrategia de defensa en NY por pare de la empresa.
Con esta declaración, una de las personas de más confianza de Gonzalo Gil, dejó claro que los hechos en los que se basan las demandas presentadas por sis abogados del ‘prestigioso’ despacho Quinn Emanuel Urquhuart & Sullivan son falsos.
Gil White y los abogados de Quinn han sostenido en medios y tribunales que ls tenedores de bonos, la competencia y PEMEX se coluidieron para dañar a Oro Negro y dar por terminados unilateralmente los contratos, sin embargo, Alonso del Val declaró eso como falso.
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Gonzalo Gil y sus abogados en una estrategia de defensa han sostenido que la investigación penal tiene pruebas fabricadas consistentes en información del SAT, sin embargo, ahora su abogado general también desmiente al señalar de que las Declaraciones Informativas de Operaciones con Terceros fue información enviada por la autoridad hacendaria y lo más grave, que dicha situación la conocían los abogados de Quinn.
Del Val, declaró que en ningún momento existieron actos de corrupción ni sobornos de funcionarios mexicanos hacia Oro Negro sino que esto, de nueva cuenta obedece a una estrategia legal de sus abogados en NY.
Lo anterior resulta relevante al manifestarse hechos falsos por parte de Gonzalo Gil y sus abogados del despacho Quinn no sólo en Cortes de Nueva York, sino también en la demanda contra el Estado Mexicano en términos del Tratado de Libre Comercio.
