Los diputados de Nuevo León están muy seguros de su fuero, poco les importa seguir en la situación de desacato en la que incurrieron por no cumplir en tiempo y forma una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En vez de notificar con urgencia el cumplimiento de un mandato constitucional, los legisladores locales optaron por salir de vacaciones y dejar a la deriva el proceso de promulgación de la nueva Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León.
El 12 de marzo pasado los diputados locales aprobaron, so pena de ir a la cárcel, las reformas a esta Ley que facultan a los municipios para que cuenten con sus propios tribunales contenciosos y puedan dirimir –sin la intervención del Estado- sus conflictos con particulares.
Sin embargo, los legisladores decidieron primero salir de vacaciones la semana pasada y dejaron trunco el proceso de publicación de estas modificaciones legislativas que se convertirán en un precedente a nivel nacional.
Hasta ayer, las reformas no se habían publicado en la edición del Periódico Oficial del Estado, requisito indispensable para que entre en vigor el nuevo marco legal.
Este retraso tiene principalmente dos implicaciones: que no se pueda acreditar ante la SCJN el cumplimiento de la sentencia y evitar que el Municipio de San Pedro interponga el recurso de queja que ha anunciado el alcalde Ugo Ruiz.
Reporte Indigo publicó hace dos meses que el máximo tribunal constitucional había advertido al Congreso de Nuevo León que se encontraba en una situación de desacato con respecto al cumplimiento de la controversia que ganó en el 2012 el Municipio de San Pedro.
La notificación judicial al Legislativo fue firmada por el magistrado presidente Juan N. Silva Meza y en ella advertía que los legisladores tuvieron hasta el 23 de diciembre de 2012 para cumplir el fallo constitucional, pero no lo habían hecho.
La SCJN advertía que si dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento el Congreso no cumplía, se podía aplicar el Artículo 105 de la Constitución, que remite al 107 y significa cárcel para la autoridad responsable de la omisión.
La controversia constitucional 61/2010, promovida por el municipio de San Pedro durante el trienio del exalcalde Mauricio Fernández, buscaba que el Estado acatara las reformas al artículo 115 constitucional publicadas en 1999.
Esas reformas facultaban a los municipios para que contaran con un órgano de lo contencioso para dirimir sus controversias con los particulares.
Mauricio Fernández en su guerra contra casinos en San Pedro había descalificado a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado llamándoles corruptos por los amparos concedidos a casineros.
La controversia se declaró fundada porque los magistrados consideraron que el Congreso nunca emitió los ordenamientos legales que establecía el artículo 169 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.
En el 2012 la Corte concluyó que el Congreso del Estado no había cumplido con lo estipulado por la controversia y obligó a los legisladores a subsanar la violación antes del 23 de diciembre de 2012, cuando concluía el periodo ordinario de sesiones.
Pero los diputados, al igual que hoy, se burlaron de la sentencia y no realizaron las reformas legales para que municipios como San Pedro tuvieran sus tribunales administrativos.
En febrero llegó la segunda advertencia de la Corte y fue entonces que el Congreso del Estado aprobó un paquete de reformas a la Ley de Justicia Administrativa de Nuevo León, con la intención de que en los municipios también puedan operar tribunales administrativos.
El dictamen aprobado por mayoría del pleno el 12 de marzo pasado fue presentado por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, que preside el legislador priista Francisco Cienfuegos.
Las modificaciones aprobadas incluyen en la ahora llamada Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de Nuevo León un capítulo denominado: “Del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo Municipal”.
El paquete de reformas requeridas por la Corte a los diputados locales también incluía reformas al Artículo 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios, para establecer el marco jurídico de funcionamiento de los órganos contenciosos municipales.
Sin embargo, estas reformas quedaron pendientes.
Los diputados establecieron que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa serán propuestos por el presidente municipal, aprobados por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, pero aquí la clave: ratificados por el Congreso del Estado.
Nuevamente la falta de independencia de los municipios está presente en la nueva ley.
Ésta es una de las situaciones por las cuales el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, anunció que interpondría una queja por defecto de incumplimiento en la Suprema Corte de Justicia contra los diputados.
En caso de que proceda este recurso, significa la cárcel para los legisladores locales, según la ley.
Una historia en tres pasos
> El 22 de octubre de 2012 la SCJN concluye que el Congreso del Estado no ha cumplido con las reformas y lo emplaza para que lo haga antes de que termine el año.
Pero los diputados no acatan la resolución judicial y caen en desacato.
> En febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte de esta situación a los legisladores.
Les otorga un plazo de 48 horas para que cumplan, antes de aplicar la ley.
> Es hasta el 12 de marzo, fuera del plazo, que los diputados aprueban las reformas, pero lo hacen vulnerando el principio de autonomía de los tribunales municipales, porque condicionan la ratificación de los magistrados a la aprobación del Congreso. Hoy, aún no publican esta reforma.
