“Yo creo que lo elegante y ético era que se hubiera excusado de este tipo de persecuciones, a lo mejor en otros rubros u otro tipo de delitos no hay problema, pero en este caso creo que sí hay un serio conflicto de interés ético”
El abogado Miguel Zárate dijo que el fiscal Anticorrupción tendría que ser denunciado por tener un contrato directo con el Municipio de San Pedro
“Tenemos que esperar que se concrete el Sistema Estatal Anticorrupción y con esto tener un fiscal autónomo, verdaderamente imparcial y que dé resultados a los ciudadanos”
“Las actuaciones para él en ciertos casos tiene los cauces legales, sobre todo las que hace personalmente, pues las justifica, pero cuando lo hacen otros, las descalifica”
Abogados y diputados acusaron ayer al subprocurador Anticorrupción estatal, Ernesto Canales, de no contar con ética, elegancia profesional y con carencias de buena fe, requisitos que debería tener para ocupar este cargo.
El litigante Miguel Zárate aseguró que la embestida legal contra exfuncionarios, recientemente vinculados a proceso por otorgar contratos por adjudicación directa, sólo refleja que es una acción política y no jurídica.
“Las adjudicaciones directas existen, cuando éstas rebasen el presupuesto de tope que pone la Ley de Egresos en su artículo 12 fracción primera, y no porque rebasen ese presupuesto son ilegales, también pueden ser legales.
“Con lo cual podemos concluir que el subprocurador conoce ese tipo de contrataciones, y ha sido el motivo por el cual intenta vincular a proceso a exfuncionarios, y con esto podemos ver que se trata más de algo político y no jurídico. Y está fuera de la buena fe”, dijo el abogado.
Reporte Indigo reveló ayer que el Municipio de San Pedro contrató en el 2011 de manera directa y sin licitación los servicios del despacho Canales Asesoría Jurídica S.A. de C.V., propiedad del actual fiscal anticorrupción del gobernador Jaime Rodríguez.
El despacho del fiscal anticorrupción recibió un poco más de 11 millones de pesos del erario público por concepto de prestación de servicios.
Este contrato establecía defender en su segundo periodo como alcalde a Mauricio Fernández, quien era requerido por la Procuraduría General de la República (PGR) por sus supuestos nexos con el Cártel de los Beltrán Leyva.
El abogado Miguel Zárate agregó que el fiscal Anticorrupción tendría que ser denunciado por tener un contrato directo con el Municipio de San Pedro.
“Podemos hablar de un tema de ética, y al no someter ese contrato de una manera autodenunciatoria, porque de una manera está condenando todas la adjudicaciones directas, presentando imputaciones, y él es titular de un contrato de adjudicación directa en San Pedro.
“Anteriormente las denuncias contra particulares no existían, cuando estos están involucrados en contratos irregulares con el Gobierno, pero ahora, con la nueva Ley del Sistema Nacional Anticorrupción ya existe ese tipo de denuncias a particulares y pueden ser sujetos a responsabilidad en ese tipo de actos”, señaló el litigante.
Canales nunca está pegado a derecho
El diputado de la bancada del PRI en el Congreso local, Héctor García, consideró que el actuar subprocurador Anticorrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, dista mucho de lo que la ciudadanía merece.
“Todas las actuaciones del señor Canales nunca han estado a derecho, quiero decir, las actuaciones para él en ciertos casos tiene los cauces legales, sobre todo las que hace personalmente, pues las justifica, pero cuando lo hacen otros, las descalifica.
“Incluso, acusa de corrupción y ejercicio indebido, la verdad ya dista mucho la figura del fiscal Anticorrupción de lo que merece Nuevo León como fiscal, se necesita uno más imparcial, que actúe conforme a derecho, apegado a derecho y aplicando la justicia, pero no es así”, dijo el legislador priista.
Acusó de una falta de credibilidad en el trabajo que realiza en la Subprocuraduría Anticorrupción, por lo que sólo quedaría esperar la llegada del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción para tener un fiscal imparcial.
“No responde a la verdad, no hay credibilidad, como este contrato con San Pedro, el contrato de su sobrino y desconoce una declaración que hizo en el Congreso, en fin… creo que ya son muchos los actos como para creer como ciertas las cosas que hace.
“Creo que no tenemos nada qué hacer, solo tenemos que esperar que se concrete el Sistema Estatal Anticorrupción y con esto tener un fiscal autónomo, verdaderamente imparcial y que dé resultados a los ciudadanos”, concluyó el diputado.
Sin elegancia profesional
El diputado del PRI, Gabriel Tláloc Cantú, consideró que la actuación de Ernesto Canales como subprocurador Anticorrupción, sólo ha exhibido que no cuenta con una ética profesional en la justicia.
“Creo que profesionalmente está dando un pésimo ejemplo de profesionalismo, está pericialmente sancionando exactamente los actos que él practicaba como prestador de servicios profesionales en materia legal en distintos ayuntamientos.
“Yo creo que lo elegante y ético era que se hubiera excusado de este tipo de persecuciones, a lo mejor en otros rubros u otro tipo de delitos no hay problema, pero en este caso creo que sí hay un serio conflicto de interés ético”, dijo el diputado.
Durante el 2011 el Municipio de San Pedro desembolsó cerca de 8 millones de pesos por los servicios profesionales de Ernesto Canales para la defensa del entonces alcalde Mauricio Fernández.
Y, además, un monto adicional a los 3.5 millones de pesos que inicialmente había cobrado.
El diputado Gabriel Tláloc Cantú aseguró que con este contrato Canales podría entrar a la lista de funcionarios acusados por participar en una acción irregular en la adjudicación directa de un servicio.
“Solito va entrar a la lista de acusados, creo que tiene engañado al gobernador Jaime Rodríguez y no ve la realidad; como se dice, cuando se va el gato, los ratones hacen fiesta, y lamentablemente la agenda del gobernador está fuera de Nuevo León y no aquí”, concluyó el legislador.
