Diputados aprueban que Ejército siga en las calles hasta 2028; reforma pasa a congresos locales

Tras un ríspido debate, la Cámara de Diputados aprobó los cambios realizados por el Senado a la minuta que amplía hasta el 2028 la labor del Ejército en materia de seguridad pública y de inmediato fue turnada a los congresos estatales, por tratarse de una reforma constitucional, en donde deberá ser aprobada por la mitad más uno para que entre en vigor.

Con el apoyo de sus aliados del PT y PVEM, el de los priistas y de tres perredistas, Morena alcanzó la mayoría calificada para sacar la reforma en materia constitucional. Los diputados del PAN, de Movimiento Ciudadano y 11 de los 15 perredistas refrendaron su voto en contra. Fueron 339 a favor, 155 en contra y dos abstenciones.

Inés Parra, Manuel Vázquez y Roberto Valenzuela, de la bancada morenista emitieron sus votos en contra, mientras Adela Ramos, se abstuvo. Los priistas Sue Bernal y José Francisco Yunes Zorrilla votaron en contra, mientras su compañera María José Sánchez Escobedo se abstuvo.

Los perredistas que votaron a favor fueron Francisco Huacus Esquivel , Mauricio Prieto Gómez y María Macarena Chávez Flores.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos constitucionales, el morenista Juan Ramiro Robledo, dijo que en estos momentos los municipios no podrían enfrentar a una fuerza enemiga de criminalidad organizada que tiene una capacidad terrible de fuego, de desplazamiento, de agresión y de corrupción”.

“La situación actual solamente puede confrontarse en apoyo de la Guardia Nacional, de ahí que la estrategia del gobierno federal sea encargar a esta gran policía nacional esa tarea esencial”.

Diputados de oposición revienta contra Ejército hasta 2028

Sin embargo, el debate no estuvo exento de una guerra de descalificaciones en la que se enfrascaron los diputados de todos los partidos políticos.

El coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, expresó: “Se están construyendo unas fuerzas armadas muy empoderadas, con funciones tradicionalmente civiles y la capacidad de decisión en todos los aspectos de la vida política de nuestro país, creando lo que –históricamente- en muchos países, ha sido la antesala de las dictaduras militares”.

Los diputados del PAN subieron a tribuna con pancartas que decían: “Sí a la democracia no a la militarización”, “Sí a la Policía Civil”, “Respeto a la Constitución”. Mariana Gómez del Campo expresó su rechazo a lo que llamó “prorrogar la estrategia fallida de seguridad del presidente López Obrador, que ha convertido los abrazos en balazos.

“Podrán vencer, pero no podrán convencer y la suya será una victoria pírrica, ustedes si están moralmente derrotados desde el momento en que traicionan lo que no hace mucho pensaban y decían respecto a los militares en las calles en tareas de seguridad pública”.

Salvador Caro Cabrera, de MC, dijo la propuesta de extender la presencia de los militares es una simulación, además, Morena logró una mayoría con el apoyo del PRI al que presionaron para salvar a los corruptos de ese partido y algunos senadores del PRD, lo cual no frenará la violencia ni resolverá la creciente incidencia delictiva.

Sí hubo PRIMOR en San Lázaro

Al salir en defensa de la reforma, el priista Miguel Sámano, afirmó que no se busca militarizar al país, “Mucho menos es un cheque en blanco porque se incorporan mecanismos de evaluación, seguimiento y control parlamentario”.

Se establece que, durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

Lee también: “Fue el ejército”; Familiares de desaparecidos protestan contra la militarización con pinta en Reforma

La participación deberá ser: extraordinaria, que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta Constitución.

Habrá una constante fiscalización o supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública sólo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas.

Obliga al Ejecutivo para que rinda informes semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas para participar en labores de seguridad pública. Propone que la Cámara de Senadores evalúe el informe anual de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, para proponer que sean la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública las que desarrollen las tareas de seguridad finalmente, en términos del artículo 21 de la Constitución nacional.

Señala que a partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública.

Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin.

El fondo se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública.