Diputados de la Comisión de Gobernación aprobaron en fast track, sin tener diálogo con la sociedad civil, el dictamen de la Ley General de Comunicación Social, que regulará la compra de propaganda oficial en medios de comunicación.
Con 15 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, la Comisión —que preside la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén— aprobó sin cambios el dictamen que circuló desde hace una semana entre los legisladores del órgano, en el que se da control a la Secretaría de Gobernación sobre el padrón de medios de comunicación y los contratos que las dependencias del Gobierno federal tendrán con ellos.
La votación se realizó en la sala de juntas de la Comisión de Gobernación donde el acceso fue restringido en razón del tamaño del salón y sin transmisión en vivo por ningún canal, por lo que activistas de organizaciones sociales criticaron que el debate no se hiciera público.
La Ley General de Comunicación Social fue trabajada de modo express en la Cámara de Diputados por el plazo que impuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tenerla aprobada, y que se vence este 30 de abril.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el dictamen aprobado por la Comisión se trata solo de una simulación para cumplir con el plazo establecido por la SCJN y no para realmente regular la compra de publicidad y terminar así con la censura a los medios de comunicación desde las esferas gubernamentales.
“La Comisión de gobernación está simulando; solo busca cumplir con un formalismo para no caer en el desacato ante la sentencia de la SCJN. El predictamen legaliza malas prácticas; retoma lineamientos ineficientes que existen a nivel federal desde hace tres sexenios.
“El predictamen recupera solo una iniciativa que reproduce al idéntico y no contempla las demás propuestas de las y los diputados ni el decálogo de sociedad civil. Los legisladores están desperdiciando una oportunidad única de cambiar la relación entre poder y medios en México y garantizar la libertad de expresión”, expresaron 133 organizaciones y ciudadanos en un pronunciamiento, antes de la votación.
Justine Dupuy, coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar Centro de Análisis e Investigación, sostuvo en una entrevista previa a la votación que el documento no solo es una copia de la iniciativa que presentó el PRI sobre el tema, sino que no toma en cuenta las recomendaciones de los expertos.
“Yo me atrevería a decir que es como un espejismo, es legislar para no cambiar nada. Muchas de las cosas que están establecidas en este dictamen ya existen (…) retoman los lineamientos que existen desde hace más de 10 años.
“Y estos lineamientos han permitido que haya un gasto desmedido; hemos demostrado la concentración del gasto en solo 10 proveedores de más de mil que hay. Y eso existe a pesar de los lineamientos; así que lo único que hace es elevar a rango de ley estos lineamientos”, criticó Dupuy en entrevista.
El dictamen pasará al Pleno de la Cámara de Diputados esta misma semana; después será enviada al Senado.
Las nuevas disposiciones
El dictamen de la nueva Ley propone que la Secretaría Administradora —Gobernación, en el caso federal—, será la encargada de evaluar las estrategias y programas de comunicación y de crear un padrón de medios de comunicación.
Cada año, las dependencias deben elaborar una Estrategia de Comunicación Social y, de tener recursos presupuestados para esta labor, deben tener un Programa Anual en el que indiquen los temas a posicionar, así como la importancia de los mismos y el presupuesto que se destinará, indica el documento.
La Secretaría Administradora debe autorizar la Estrategia y el Programa, y entonces la dependencia deberá hacer una solicitud donde se diga los recursos a erogar, los medios de comunicación que se utilizarán, que la misma Administradora aprobará.
La Secretaría de la Función Pública creará y administrará un Sistema Público en el que se llevará un control sobre el gasto de cada dependencia en campañas de comunicación, dice el predictamen, en el que se incluirá los nombres de las personas físicas o morales contratadas, así como el monto pagado.
La propuesta señala que cada uno de los estados deberá crear un Sistema Público local de gastos en Comunicación Social.
Los medios de comunicación que quieran ser contratados por los entes públicos deberán estar inscritos en un Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La propuesta señala que el solo hecho de pertenecer a ese Padrón no implicará obligación de los entes públicos a contratarlos.
