Con el voto en contra del PAN y la postura dividida del PRI, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la eliminación del outsourcing en las empresas privadas y en la administración pública, sanciona esta práctica como defraudación fiscal y establecer un tope para el pago de utilidades.
La reforma destaca que queda prohibida la subcontratación de personal, cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficios de otra.
Precisa que las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal, podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros, pero no se les considerará como patrones.
Detalla que se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaría y que el contratista esté registrado en el padrón pública.
Se establece la creación de un padrón de empresas dedicadas a la subcontratación que deberá ser público y estar disponible en un portal de Internet, quienes se inscriban deberán estar al tanto de sus obligaciones fiscales.
Asimismo, se establece el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades que tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que la reforma tiene como objeto prohibir la subcontratación de personal, para lo cual se drogan las disposiciones que actualmente prevén alguna regulación.
Los legisladores hicieron una modificación a la iniciativa del Ejecutivo para prohibir al gobierno subcontratar personal.
“Se adecuan disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y se establecerá la prohibición expresa para que en el sector público no se recurra a la subcontratación, situación que impacta negativamente en los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado de la misma forma que se hace en el sector privado.
“No obstante, se regulará que las dependencias, órganos y entidades acudan a la contratación de servicios especializados, siempre que no formen parte de sus actividades esenciales de carácter administrativos y para la prestación de servicios públicos”, explico la diputada de Encuentro Social, Carolina García.
El presidente de la Comisión del Trabajo, Manuel Baldenebro, destacó que se erradica una práctica que afecta los derechos de los trabajadores.
La Cámara de Diputados aprueba en lo general la reforma en materia de subcontratación u outsourcing!! 🙌🏽🙌🏽
Después de las reservas pasará a su discusión en el Senado. #EnHoraBuena por l@s legisladores!!
Dignificar el trabajo es una tarea de tod@s.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2021
DIVIDE REFORMA A PRIISTAS
Sin embargo, la reforma para regular el outsourcing dividió a los históricos líderes obreros del PRI en la Cámara de Diputados.
El diputado Carlos Pavón Campos, secretario general del Sindicato Nacional Minero, expresó su voto en contra de la reforma por considerar que viola la repartición de utilidades al fijar como límite tres meses de salario, es decir, 56 días o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años.
Pavón Campos explicó que en el sector que representa, reciben entre 60 y 120 mil pesos. Afirmó que la reforma es meramente recaudatoria y pronosticó que, con esta reforma se recaudarán 157 mil millones de pesos, es decir, un 30% de utilidad de impuesto para Hacienda.
Su compañero de bancada, Isaías González Cuevas, dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), expresó su apoyo a la reforma.
“Estas reformas armonizan y van a evitar que se sigan perjudicando los derechos de los trabajadores y el erario nacional, la verdad es que es una importante reforma la que nos envió el Ejecutivo y por lo tanto estamos a favor, y con mucho gusto la vamos a votar porque es algo que viene a resolver algo que viene afectando a miles de trabajadoras y trabajadores”, expresó.
Al justificar su voto en contra, los panistas Carlos Valenzuela y Marco Antonio Adame, aseguraron que esta reforma afectará a 4 millones de trabajadores que correrán el riesgo de quedarse sin empleo.
Una vez que sea aprobada en lo particular, la minuta de reformas a la ley Federal del Trabajo y otras disposiciones, se turnara al Senado de la República.
