La determinación que tomó el Comité de Participación Social (CPS) de Jalisco de denunciar a los diputados locales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que renovaron de forma irregular al Consejo de la Judicatura, podría costarles muy caro a los legisladores en términos políticos.
El CPS, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, se muestra resuelto a agotar las alternativas legales a su alcance bajo un solo objetivo: sentar un precedente jurídico que impida nuevos episodios como el de este 19 de junio, cuando los diputados violaron la Constitución local para repartir los cargos públicos entre personajes afines a los partidos políticos.
En este caso específico, diputados encabezados por las bancadas de Movimiento Ciudadano (MC) y AN aprobaron a tres nuevos miembros del Consejo de la Judicatura que no reunían los requisitos de elegibilidad, pues habían reprobado el examen teórico-práctico que se les aplicó por parte de un comité universitario, lo que contravino los artículos 64 y 60 de la Constitución.
En la más reciente sesión de trabajo del CPS, su presidenta, Lucía Almaraz Cázarez, clarificó la ruta que seguirá ese órgano anticorrupción, y cuestionó el actuar de los legisladores, quienes también pasaron por alto la evaluación que hizo el propio CPS de los perfiles de los candidatos a dicho Consejo judicial.
Consideramos que es ilegal, es ilegítima la manera en que se tomó la decisión y por la forma en que se hizo es preocupante que las designaciones se hicieran dándole la espalda a la ciudadanía y desvalorizando el trabajo que hicieron tanto las universidades como el propio CPS
Por ello, el comité, de forma conjunta con otras organizaciones de la sociedad civil, acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “a efecto de que se revise el proceso de elección de consejeras y consejero de la Judicatura”, dijo la presidenta del organismo.
El CPS no partirá de cero, pues se identificó que ya existe un antecedente sobre nombramientos de jueces en el estado de Chihuahua en el año 2014, dijo Almaraz Cázarez.
Para la elaboración de lo que será el “escrito de petición de observación al proceso de elección” de los consejeros de la Judicatura, el CPS recurrirá al artículo 23 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre “presentación de peticiones”.
“Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, según el caso, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos ‘Pacto de San José de Costa Rica’”, entre otros cuerpos normativos”, se lee ahí.
El CPS acudirá de forma conjunta con otras organizaciones civiles ante la CIDH para que se revise el proceso de elección de los consejeros de la Judicatura
La ruta del amparo por la Judicatura
La ruta de la CIDH no será la única que seguirá el CPS del Sistema Anticorrupción de Jalisco, también está la interposición de un amparo contra la determinación que tomó el Congreso para beneficiar a aspirantes afines a MC y al PAN.
Jesús Ibarra Cárdenas, integrante del CPS, explicó que el argumento jurídico central que se pretende hacer valer en el amparo es que la decisión de los legisladores fue arbitraria, pues pasó por alto el marco normativo.
El objetivo es que “la Corte aclare o el Poder Judicial de la Federación aclare con mucho más puntualidad cuál es el alcance de los actos discrecionales y soberanos del Congreso; desde el CPS lo que consideramos es que la discrecionalidad del Congreso no supone ir en contra de las propias reglas que están en los marcos normativos.
“Que la discrecionalidad es distinta a la arbitrariedad; que una cosa es que los diputados y las diputadas tengan discrecionalidad al momento de emitir su voto y otra cosa muy distinta es que eso se convierta en arbitrariedad y vayan en contra del propio procedimiento”, dijo.
El amparo que se diseña junto a la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Jalisco no tendrá las cosas fáciles, pues hay dos jurisprudencias en la materia (102/2018 y 133/2019), y en ambas “se ha sostenido que el amparo es improcedente contra este tipo de elecciones y no solo contra el resultado sino contra los actos intermedios; aun con ello, desde el CPS consideramos que una cosa es el ejercicio discrecional de potestades en este caso legislativas, y otra es la arbitrariedad en el uso de esas facultades discrecionales”.
La presidenta del CPS concluyó que estas rutas jurídicas del CPS son “una carrera de fondo que veremos tal vez resultados dentro de dos años”.
El consejo también interpondrá un amparo contra la determinación que tomó el Congreso local para beneficiar a aspirantes afines a MC y al PAN
Respaldo alfarista
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, respaldó la determinación irregular de los diputados publicando de inmediato estos acuerdos en el Periódico Oficial el 20 de Junio, solo un día después de que se emitieran.
Los nuevos consejeros son Claudia Rivera Maytorena, Tatiana Esther Anaya Zúñiga y Gabhdiel Iván Novia Cruz. La primera es cuota del PAN; y el resto del MC, el partido del gobernador. Se considera que la operación política detrás de estos nombramientos estuvo encabezada por los diputados Salvador Caro Cabrera y Héctor Pizano Ramos, de Movimiento Ciudadano.
