La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares contra el Congreso de Jalisco, para impedir que los diputados discriminen a la doctora Diana Arredondo Rodríguez, una aspirante a magistrada que fue cuestionada por los legisladores sobre su estado civil, como parte de su entrevista de evaluación al puesto.
El escándalo que provocó el diputado de MC en Jalisco, José Alberto Casas Reynoso, al interrogar a la doctora Arredondo Rodríguez sobre su estado civil, para luego aseverar que él tiene una “formación católica”, sigue creciendo, al grado que el PRI le está exigiendo que deje su curul en el Congreso local.
Arredondo Rodríguez busca ser nombrada magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, el órgano que se encargará de imponer las sanciones por las faltas graves dentro del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, cuando fue entrevistada por los diputados en una comparecencia del 2 de febrero, ocurrió este diálogo, según lo difundió la estación de radio 1070:
Diputado: “¿Usted es casada?”
Arredondo: “Divorciada, ¿eso afecta?”.
Diputado: “No. Es que regularmente pone uno su estado civil”.
Arredondo: “¿Y eso como qué tiene que ver?”.
Diputado: “Bueno, es que el buen juez por su casa empieza. Yo tengo una formación católica, apostólica y romana”.
Luego de los hechos, el PRI Jalisco se pronunció así contra el diputado de MC: Al haberle preguntado a la candidata a magistrada si era casada, pretendió poner en duda su capacidad, y eso es reprobable e indignante, ya que el estado civil de una persona no puede ni debe ser usado para medir su capacidad laboral. Fue un acto atentatorio contra sus derechos humanos”.
Debido a que la aspirante a la magistratura del Tribunal anticorrupción presentó una queja ante la CEDHJ contra el legislador del MC, este órgano emitió ayer por la tarde un par de medidas cautelares sobre el caso para ser acatadas por el Congreso:
La primera, para que elabore un instrumento normativo o lineamientos para las entrevistas o comparecencias de aspirantes a ocupar algún cargo público, “con un enfoque de género y atendiendo las recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.
Y la segunda, para que genere “las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, la no discriminación y paridad de género en el proceso de aspirantes a ocupar una magistratura para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa (…) y en el caso particular de Diana Arredondo Rodríguez, como garantía de no repetición, se elimine y se sancione, de ser necesario, cualquier acto u omisión que la afecte como aspirante”.
