Las empresas mexicanas tienen un doble reto para 2021: levantarse de la lona, donde las colocó el duro golpe de la pandemia de COVID-19, e implementar las nuevas disposiciones en materia de empleo establecidas por el Gobierno federal.
La aplicación de las reformas al sistema de pensiones y operación de las Afores, las regulaciones en torno a sus responsabilidades con los trabajadores que hacen home office, el posible incremento de 15 por ciento al salario mínimo y la advertencia de establecer restricciones a las prácticas de subcontratación, tienen a los empresarios haciendo cuentas.
Aunque reconocen que algunas de estas medidas son indispensables para mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, especialistas advierten que los cambios en la legislación podrían generar un detrimento en la capacidad de generar empleos de los empresarios.
“En esta situación en la que hay pocos ingresos en las empresas, que están luchando por existir, que no les alcanza pagar salario con la seguridad social, un impacto del 15 por ciento es el primer golpe que van a tener (…) Pensamos que este incremento sí debería estar ligeramente por arriba de la inflación, esto sólo para poder recuperar el poder adquisitivo y nada más”, apunta.
En el caso de las modificaciones al sistema de pensiones con las reformas a las leyes del IMSS y del Sistema del Ahorro para el Retiro, que establecen el incremento gradual de las aportaciones de los patrones de 5.1 a 13.7 por ciento, el impacto es aún incierto debido a que se hará a través de un régimen de transición de 2023 a 2030.
“Si la reforma no tuviera esta transición de 10 años sería muy doloroso para las empresas, entonces es más accesible para lograr la implementación de la reforma. El incremento será de un poco más de un punto porcentual anual”, apunta Álvaro Melendez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).
Sin embargo, sí advierten una afectación al sector de las Administradoras de Fondos de Retiro debido a que la reforma establece un límite en su cobro de comisiones.
“El establecimiento de precios es una mala idea en los mercados, generan distorsiones a los servicios que se ofrecen y distorsiones a los productos, en este caso en particular lo que ya hemos comentado es que no hay un traslado del beneficio a los trabajadores, o sea, para el trabajador representa muy poco dinero pero para ofrecer el servicio sí hay impacto”, señala Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de vinculación en esta asociación.
En el horizonte de las empresas también se avecina la prometida reforma para regular el outsourcing, cuya presentación y discusión se aplazó para febrero de 2021 como parte de un consenso entre el Gobierno federal y representantes de la iniciativa privada.
“Algunos sectores están muy preocupados por estas medidas y quienes participaron de las cámaras empresariales en la negociación para aplazar esta reforma están más preocupados por agradar al presidente que por salvar el trabajo formal.
La subcontratación de personas, con la que te van a castigar como si fueras un criminal va a inhibir el trabajo formal y los empleadores buscarán hacer sus contrataciones en total informalidad para que no los castiguen
La iniciativa que presentó el Gobierno federal en noviembre, prevé multas severas a las empresas que utilicen esquemas de evasión de impuestos, además de procesarlas por el delito de defraudación fiscal y contempla la integración de un padrón público para las empresas de outsourcing que podrán operar previa autorización de la Secretaría del Trabajo.
“Por un lado estás exigiendo cuestiones que son correctas, como la regulación del outsourcing, no estamos criticando la finalidad, sino la forma y el momento, además hay que tomar en cuenta que por parte del gobierno no ha habido apoyos para las empresas para que puedan sortear la pandemia”, apunta Kike Mireles, consultor y analista político.
Cabe destacar que el impacto en la implementación de estas medidas sería más fuerte para las micro, pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales -un millón, de acuerdo con el Inegi- no resistieron el golpe de las medidas de confinamiento durante los primeros meses del año con el objetivo de contener los contagios por COVID-19.
La pandemia afectó a 85.1 por ciento de las empresas mexicanas con la disminución de sus ingresos, la caída de la demanda y la escasez de insumos o productos, además, únicamente 5.9 por ciento reporta haber recibido algún apoyo por parte del gobierno o cámaras empresariales, de acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por las Empresas (ECOVID-IE 2020), elaborada por el Inegi.
