Activistas insisten ante el Congreso para que la desaparición forzada sea considerada como delito grave
Al periodista José Antonio García Apac es como si se lo hubiera tragado la noche. La última vez que su familia supo de él fue cuando salió de la modesta redacción de su periódico, Ecos de Tepalcatepec, para dirigirse a su casa. Era la noche del 20 de noviembre del 2006. Desde entonces su familia ha vivido un viacrucis tratando de dar con su paradero.
“En todas partes nos reciben bien, nos tratan bien, pero nadie hace nada por buscar a mi papá”, cuenta con desesperanza Aldo García. “Ya son casi 10 años de su desaparición. Hemos acudido a todas las instancias habidas y por haber, pero nadie nos resuelve nada. Lo único que nos mantiene en pie es la esperanza de saber qué fue lo que pasó la noche de su desaparición”.
El de José Antonio García “El chino” Apac, es uno de los casos más emblemáticos de Michoacán, no solo por ser de los primeros de una serie de desapariciones forzadas que ya llegan a más de 3 mil, sino porque su familia ha tenido que hacer sus propias pesquisas para dar con su paradero. Las investigaciones que han hecho la mujer y los hijos de “El chino” Apac se han entregado a la PGR, pero nada se ha hecho en esa dependencia.
“En México no hay voluntad para ubicar a los desaparecidos. Ninguna instancia oficial se dedica de manera seria a la búsqueda de personas desaparecidas”, explicó Aldo, “somos siempre los familiares de la víctima los que, arriesgando nuestras propias vidas, tenemos que salir en busca de datos que nos permitan ir trazando un mapa que nos acerque a las seres que alguien desde la impunidad nos arrebató”.
La familia de “El chino” Apac no ha dejado de buscar. Desde la noche que no llegó a su casa y que su esposa salió a preguntar por las oscuras calles de Tepalcatepec para saber si alguien lo había visto, hasta el día de ayer, ha sido una intensa búsqueda. Han tocado en todas las dependencias. Han recorrido todos los pueblos de Michoacán. Solo ellos son los que buscan. Ninguna dependencia federal, estatal y menos municipal quiere ir al fondo de una investigación en esa desaparición.
“A veces nos desanima, a veces nos mata el dolor de sentirnos solos, de no saber a quién acudir para encontrar a mi papá, pero por amor lo seguimos buscando. Tenemos esperanza de que un día algún funcionario haga lo que le corresponde e inicie una investigación que nos quite el dolor de no saber de nuestro padre”, dice Aldo, quien tenía 9 años cuando dejó de ver a su papá.
La familia de “El chino” Apac tiene razón para sentirse abandonada en su búsqueda. En nueve años de reclamar la intervención de la PGR para que se esclarezca la desaparición del periodista de Tepalcatepec, solo han llenado formularios que les dicta monótonamente cada agente del Ministerio Púbico asignado. Luego vuelve otra vez el silencio y la inacción oficial.
Los hijos y la esposa de “El chino” han ido más allá de la valentía en la búsqueda del periodista, le han entregado a la PGR un expediente completo en donde se menciona a los posibles autores materiales e intelectuales de la desaparición, pero la instancia oficial se ha manifestado lenta y omisa, no ha querido revisar las pruebas que los familiares de este desaparecido han entregado.
“Estamos cansados. No creemos que haya voluntad en ninguna instancia del Gobierno Federal para dar con los desaparecidos de la guerra contra el narco. En el caso de mi papá ya son casi 10 años de impunidad. Y la impunidad también mata”, dice Aldo, el joven cineasta que trabaja en un cortometraje que cuenta la historia de su padre.
Michoacán, tierra de desaparecidos
En Michoacán nadie busca a los desaparecidos. A ninguna autoridad le interesa dar con el paradero de casi 3 mil personas víctimas de desaparición forzada, pese a que el estado es uno de los que puntean en ese renglón, y es que el marco jurídico local ni siquiera reconoce la desaparición de personas como un delito.
Por esa razón grupos de activistas han insistido ante el indolente congreso local para que haya una modificación al código penal estatal y se reconozca como delito grave la desaparición forzada de personas, la que ha ido a la alza en los últimos tres años en toda la entidad, como resultado de la guerra abierta que encaran grupos de autodefensa y células de los carteles de las drogas.
De acuerdo a la activista Sofía Blanco Sixtos, de la Red de Mujeres de Michoacán Contra la Violencia Feminicida, en el concierto de las cifras de desaparecidos en esta entidad al menos 977 de ellos son niños y niñas de 0 a 17 años de edad, lo que representa un dato alarmante que las mismas autoridades no quieren reconocer.
La causa principal de la desaparición de niños y niñas en esta entidad, de acuerdo a la tesis de la periodista San Juana Martínez y del propio padre Alejandro Solalinde, es el tráfico de órganos, sumado a la trata de personas para el tráfico sexual, lo que evidentemente el gobierno estatal y federal no quieren reconocer, pero tampoco hacen nada por buscar a las personas desaparecidas, lo que genera altos niveles de impunidad.
La impunidad en la desaparición de personas ha llegado a niveles alarmantes en el estado de Michoacán. Nadie se encuentra a salvo de la posibilidad de perder a un familiar de la noche a la mañana sin dejar rastro. El caso que ha cimbrado a la sociedad local es el del hijo del exgobernador Eduardo Villaseñor Peña, Teodoro Villaseñor Meza, quien el pasado fin de semana fue declarado formalmente desaparecido.
Esta es la primera ocasión en la historia local en que el fenómeno de las desapariciones forzadas toca a la familia de la clase política estatal. El hijo del gobernador Eduardo Villaseñor Peña se esfumó de la noche a la mañana sin que a la fecha haya alguna unidad del gobierno estatal, municipal o federal tras la pista del joven empresario.
A Villaseñor Meza se le vio por última vez en la zona urbana de La Piedad. Se dirigía de su domicilio a un gimnasio distante a menos de dos kilómetros. Como en todos los casos de desapariciones forzadas, nadie vio nada, nadie escuchó nada. Es como si la tierra se lo hubiera tragado.
La camioneta blanca en la que viajaba de su casa al gimnasio fue reconocida por los familiares de Teodoro Villaseñor horas después de que comenzó su búsqueda. La unidad que utilizaban en forma indistinta los miembros de la familia del ex gobernador de Michoacán, radicados en la zona urbana de La Piedad, estuvo involucrada en una balacera.
Pese a los indicios que apuntan a una desaparición forzada del hijo del ex gobernador Eduardo Villaseñor, no se ha generado ningún tipo de búsqueda por parte de las autoridades estatales, las que ni siquiera cuentan con un protocolo se seguimiento, lo que ocasiona de manera frecuente que los desaparecidos sean doblemente victimizados.
