Un menor de 6 años que fue entrevistado por un psicólogo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dijo que “el día de la guerra me lloraron los ojos y no podía respirar”. Por varias noches posteriores al choque, el niño soñó que la policía mataba a su abuelo y a su madre, según el reporte de la comisión.
La CNDH encontró evidencia que indicaba que al menos tres de las seis muertes ocurridas en el enfrentamiento del 19 de junio en Nochixtlán podían ser atribuidas a la policía. En un comienzo, las autoridades del estado negaron categóricamente que alguno de los policías que acudió a ese lugar ese día estuviera armado. Sin embargo, algunos videos que se grabaron en la escena mostraron claramente que algunos usaron armas de fuego.
La comisión indicó que algunos civiles también dispararon contra la policía y lanzaron cohetes. Cuatro agentes resultaron heridos. La CNDH también criticó a la policía por lanzar gas lacrimógeno a un vecindario cercano donde había niños.
El investigador de la CNDH Enrique Guadarrama López dijo que no estaba claro quién atacó primero, pero que las primeras tres personas que resultaron lesionadas por los disparos fueron civiles.
Poco después de que comenzara el enfrentamiento entre civiles y policías, se pidieron refuerzos y llegaron a la escena 32 gendarmes federales, de los cuales 25 dijeron que dispararon sus armas. Otros tres civiles murieron al recibir disparos luego de la llegada de los refuerzos.
La retirada de la policía a la capital, Oaxaca, estuvo marcada por otros enfrentamientos violentos en otros bloqueos a lo largo del camino.
Un operativo policiaco mal planeado y mal ejecutado para quitar a unos manifestantes que bloquearon una carretera en el sur de México se convirtió en una caótica confrontación en la que seis civiles murieron, dijo el miércoles la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La comisión culpó a los agentes de las policías federal y estatal, quienes con poca planificación o previsión enviaron a agentes sin un plan concreto a una situación que rápidamente se transformó en un enfrentamiento entre civiles y policías en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, en junio de 2016.
Al menos cinco elementos de la policía estatal que estuvieron involucrados en el operativo de ese día eran miembros de una banda de música policial que habían sido enviados a su primer operativo. Uno de ellos resultó herido.
El comercio en todo el estado había estado paralizado por semanas debido a las protestas, en las que los maestros se manifestaban en contra del arresto de dirigentes sindicales y contra una reforma educativa que amenazaba algunos de sus privilegios.
Los maestros y sus partidarios montaron barricadas en la ruta principal entre Oaxaca y la Ciudad de México, en las afueras de Nochixtlán. Cuando la policía fue a levantarlas, las personas de las cercanías respondieron a un llamado de ayuda. Entonces estalló un enfrentamiento con armas de fuego, explosivos caseros y bombas incendiarias.
“Nosotros estamos pidiendo que todos los que tuvieron que ver con la planeación, diseño y ejecución de este operativo sean investigados por precisamente su participación”, dijo Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
Nuevo protocolo
Por su parte, la policía federal -la cual participó en el operativo de 2016- publicó un protocolo de actuación para uso de la fuerza el miércoles.
Leer: Este es el protocolo de la Actuación de la PF que establece parámetros para niveles de fuerza
El protocolo sugiere que los comandantes de las unidades de policía guarden archivos fotográficos y de video de los operativos para el control de multitudes, algo que la CNDH dijo que faltaba por completo durante el enfrentamiento de 2016. A menudo, los investigadores se ven obligados a recurrir a imágenes de los medios de comunicación.
La policía federal se comprometió a usar la fuerza sólo en caso de ser necesario, y únicamente en el grado de fuerza que se requiere, esto como primer paso para intentar disuadir y restringir a las multitudes.
El documento también señaló que los elementos de la policía tienen el derecho a la seguridad y el trato respetuoso.
