Resaca financiera

La resaca de las malas administraciones estatales ya se comienza a sentir.

Al menos 10 estados de todo el país cerrarán el año con la intención de reestructurar la deuda heredada de los anteriores gobiernos. El caso más grave es el de Veracruz, en donde el nuevo gobernador ha declarado a la administración en crisis financiera.

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ha enviado ya al Congreso local, dentro del llamado Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), una propuesta para reestructurar la deuda pública heredada de Javier Duarte. Lo mismo ha hecho el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien ha enviado a la 73 Legislatura local, una propuesta para reorganizar la deuda pública, a fin de que esta no se convierta en un lastre que impida la ejecución de programas oficiales de gobierno a partir del año entrante, cuando comiencen a cumplirse algunos plazos para el pago de la deuda bancaria.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, lanzó una convocatoria pública en espera de que alguna institución bancaria compre la deuda del estado y reestructurarla a un plazo mayor.

También en Zacatecas hay preocupación. Allí el gobernador Alejandro Tello Cristerna envió al Congreso local una iniciativa de decreto, mediante la cual se busca un crédito para pagar por adelantado los empréstitos heredados que están generando una alta carga de intereses, en donde se pretende además aumentar el plazo de pago de la deuda atrasada, de 12 a 20 años de plazo.

En Nayarit, donde la deuda pública no ha crecido en la presente administración, pero se ha mantenido estática la contraída por el gobierno de Ney González, el Gobierno estatal prepara un proyecto de reestructura que será presen tado al Congreso local, a fin de que la siguiente administración pueda operar con menos dificultades económicas.

Por su parte, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ya dio el primer paso para salvar la difícil situación de las finanzas estatales, al solicitar al Congreso local una reestructura de la deuda heredada de Guillermo Padrés, por el orden de los 16 mil 993 millones 125 mil 345 pesos, misma que fue autorizada por el legislativo del estado bajo la solicitud de que no se aumente la deuda en el actual periodo de gobierno.

En Oaxaca, el reciente estrenado gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, también ya adelantó su intención de iniciar negociaciones para reestructurar la deuda pública, “a fin de que el 2017 se comience sin problemas financieros”.

También el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, luego de reconocer la carga impositiva que representa al Gobierno estatal la deuda heredada, y tras anunciar la solicitud de ayuda al Gobierno federal para encarar la crisis económica de esa entidad, ha manifestado públicamente su intención de buscar una reestructuración de la deuda a partir de los primeros días del mes entrante.

En Chihuahua, donde frente a la ola de violencia la deuda pública es uno de los problemas menores, el Gobierno estatal de Javier Corral ya anunció su determinación de hacer gestiones en el Congreso local a partir de los primeros días del 2017, a fin de buscar la reestructuración de la deuda, lo que le garantizará al Gobierno local un ahorro por la reducción de los intereses.

Por su parte, en el estado de Coahuila, ante la falta de acuerdos en el seno del Congreso local, el ejecutivo estatal no ha podido llevar a cabo su intención de reestructurar la deuda pública, por lo que se mantiene en la congeladora la iniciativa de decreto que permitiría renegociar con la banca comercial los créditos que mantiene esa entidad.

Déficit a cambio de recorte

Los recortes presupuestales planteados en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, que apunta a una disminución de recursos hacia las entidades, es lo que ha obligado a diversos gobiernos locales a tomar la medida de reestructura de la deuda, a fin de prolongar los plazos de pago para poder tener recursos que permitan el cumplimiento de sus programas sociales.

Los estados que ya han iniciado, o al menos han anunciado, acciones para la reestructura de su deuda pública son Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Sonora, Oaxaca, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz y Chihuahua, los que a su vez encabezan la lista nacional de las entidades federativas más endeudas del país, pero a causa de la deuda económica heredada.

En la totalidad de estas entidades, la deuda pública se agudizó entre el 2008 y 2012, periodo en el que el Gobierno federal comenzó con la aplicación de recortes a los presupuestos estatales, registrándose el máximo pico de endeudamiento estatal entre el 2008 y 2009, según reconoce el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, publicado el 24 de mayo de este año.

En dicho documento se establece que solo “de 2008 a 2012, la deuda pública (en los estados) se duplicó en términos nominales”, y es que la deuda de los estados, desde el 2001 al 2008 se había mantenido constante, pero a partir del 2009 la deuda de las entidades alcanzó a tomar dimensiones desproporcionadas en relación al Producto Interno Bruto (PIB), llegando en el 2015 a representar casi el 3.1 por ciento del PIB.

La falta de una disciplina financiera en los gobiernos estatales es lo que ha hecho, reconoce el CEFP en otro estudio sobre las deudas estatales, publicado el 1 de abril de este mismo año, que los déficits de las entidades federativas creciera en forma alarmante, pues en 1994 el déficit de los estados alcanzaba el 0.6 por ciento del PIB, para llegar al 2015 con un déficit de más del 3 por ciento de ese mismo parámetro.

Otro parámetro que demuestra la forma en la que los estados se comenzaron a endeudar, para llevar a la situación actual de crisis econó micas severas, como las de Veracruz, Coahuila, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca y Nuevo León, es el que revela que el promedio de la deuda de las entidades federativas, respecto de sus Participaciones Federales, creció de 64.5 por ciento en 1994 a 84 por ciento en 2015.

De tal suerte ha sido el endeudamiento de los gobiernos estatales en los últimos años, que, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con corte a diciembre del 2015, la deuda total de municipios y estados es ya de 536 mil 269 mil millones de pesos, lo que ha comenzado a generar severos problemas de funcionalidad en los programas locales de gobierno.

Para dimensionar mejor la deuda de los estados, explica en su documento oficial el Cen-tro de Estudios de Finanzas Publicas, si se dividiera equitativamente el volumen total de los empréstitos contraídos por los gobiernos municipales y estatales entre el número de municipios y estados de todo el país, cada uno de ellos estaría debiendo la suma de 16 mil 758 millones de pesos.

Casi todo al gasto corriente

Sumado a la disminución de las participaciones federales, que se han venido registrando a todos los estados desde el 2008, otro factor de en deudamiento que reconoce el CEFP, como influyente para aumentar la deuda pública de las entidades, es el grueso aparato de gobierno mediante el que operan las administraciones locales, el que absorbe gran parte de los recursos de cada entidad.

Cifras del CEFP indican que Michoacán es la entidad federativa que mayor porcentaje de los ingresos totales asigna para la operatividad del aparato gubernamental, destinando un porcen taje de casi el 46 por ciento de sus recursos a gastos corrientes, en donde destaca el pago de la nómina y servicios personales de los funcionarios.

Después de Michoacán, Durango es la entidad que más dinero aplica para el sostenimiento de su burocracia, con una aportación promedio de poco más del 43 por ciento de sus fondos; Tabasco aplica también el 43 por ciento de sus recursos al sostenimiento de sus órganos de gobiernos, mientras que Coahuila destina el 42.3 por ciento y Zacatecas el 39.3 por ciento.

Las cifras de estos estados cobran dimensión, si se considera que a nivel nacional el promedio de aplicación de recursos para la operatividad de los gobiernos es del 25.6 por ciento, es decir solo destinan uno de cada cuatro pesos para que opere el aparato gubernamental, mientras en los estados de Michoacán, Durango, Tabasco, Coahuila y Zacatecas, se gastan cuatro de cada 10 pesos en gasto operativo.

Las entidades federativas que menos gastan en este rubro, muy por debajo del promedio nacional, es decir, que aplican menos recursos para la funcionalidad de sus administraciones, son Aguascalientes con apenas el 8.3 por ciento de sus ingresos, Hidalgo con el 8.7 por ciento, Guerrero con el 10.6 por ciento, Tlaxcala aplica el 11.8 por ciento y Morelos sólo el 12.1 por ciento de sus ingresos.

El top ten de la deuda

Las entidades más endeudas del país, a excepción de la Ciudad de México que adeuda 71 mil 083 millones de pesos, que ya se han pronunciado a favor de una restructuración de la deuda pública, son Nuevo León con un débito total de 63 mil 832 millones de pesos, Veracruz con una deuda de 45 mil 879 millones de pesos, Chihuahua con un saldo negativo de 42 mil 762 mil millones de pesos y el Estado de México con un lastre de 41 mil 697 mil millones de pesos.

A esa lista se suman Coahuila con una deuda de 38 mil 008 millones de pesos, Oaxaca con 25 mil 590 millones de pesos en deuda, Sonora que  22 mil 780 millones de pesos, Quintana Roo con una deuda de 22 mil 442 millones de pesos, Chiapas con un empréstito de 18 mil 832 millones de pesos y Michoacán con una deuda de 17 mil 472 millones de pesos.

En el panorama de la deuda de las entidades, llama la atención Coahuila, que en solamente dos años, del 2009 al 2011, elevó su deuda de mil 562 millones de pesos para colocarla en 36 mil 509 millones al cierre del 2011, lo que representó un incremento de más de 23 veces. Y aun cuando del 2011 al 2014 la deuda tendió a disminuir ligeramente, hacia el 2015 volvió a registrar un crecimiento sostenido.

Nuevo León es un caso similar al de Coahuila, pues su endeudamiento creció alarmantemente entre el 2008 y 2015, pasando de una deuda de 17 mil 959 millones de pesos a una pesada carga financiera de 63 mil 832 millones de pesos, lo que representa el crecimien to de la deuda en 3.5 veces en solo siete años.

El mismo caso se observa en Veracruz, en donde la deuda creció cuatro veces en solo tres años, del 2009 al 2012.

Se los comen los intereses

Los gobiernos estatales que ya han anunciado acciones para reestructurar su deuda a la mayor brevedad, como Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Zacatecas, Nayarit, Sonora, Quintana Roo, Coahuila, Veracruz y Chihuahua, son empujados al pacto bancario por los altos costos del servicio de la deuda.

Y es que el costo promedio de intereses de las deudas estatales, según lo refiere el CEFP, es del 5.1 por ciento, una tasa muy por encima de la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio adeuda (TIIE), que es la que norma en las actividades de endeudamiento de los particulares con la banca comercial, lo que compromete las aportaciones del Gobierno federal a los estados en plazos que van hasta los 20 años.

Sin embargo, diversas administraciones estatales pactaron sus deudas a réditos mayores, como Tlaxcala, que si bien es la entidad que menos deuda tiene en todo el país, también es la que paga más intereses por su deuda, con una tasa del 8 por ciento; Quintana Roo paga el 7.3 por ciento de intereses, Chihuahua el 6 por ciento, Guerrero el 5.9 por ciento y Nayarit el 5.8 por ciento.

Las entidades que pagan menos intereses por sus deudas, más allá de sus montos contraí- dos y plazos de pago, son Aguascalientes con sólo el 3.5 por ciento, Campeche paga el 3.9 por ciento, San Luis Potosí abona el 4.2 por ciento, Puebla también compromete el 4.2 por ciento y Querétaro el 4.3 por ciento.