Tila Patricia “N” y Javier “N”, quienes se desempeñaban como Ministerio Público y Juez, respectivamente, fueron detenidos este jueves 10 de mayo, según informó en un comunicado la Procuraduría General de la República.
Ambas personas son acusadas de. en su calidad de servidores públicos de la entonces Procuraduría General de Justicia y del Poder Judicial de Quintana Roo, probablemente haber iniciado, instruir y determinar un proceso penal por el supuesto delito de sabotaje en perjuicio del periodista Pedro Canché, en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto.
De acuerdo con la información difundida por la PGR, la indagatoria en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), se inició luego de que Canché, en cumplimiento con su labor periodística, tomaba fotografías, grababa video y recababa información de una manifestación pública en las afueras de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado en esa ciudad.
Derivado de lo anterior, el comunicador publicó diversas notas periodísticas con una línea editorial crítica a la atención a la población maya de dicha comunidad por parte de las autoridades estatales y municipales.
Luego de que sus textos y materiales recabados fueron publicados, el periodista Pedro Canché fue detenido, acusado de cometer el delito de sabotaje en perjuicio de la sociedad en general. Canché pasó cerca de 9 meses encarcelado.
Pedro Canché fue de tenido en agosto del 2014, y recuperó su libertad en mayo de 2015.
La investigación señala que Tila Patricia “N”, en su calidad de agente del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia, inició una indagatoria sin contar evidencia alguna que acreditara los elementos del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del periodista, consignó y solicitó una orden de aprehensión en su contra, como represalia por su actividad periodística, de acuerdo con el comunicado.
Por otra parte, la FEADLE señaló que presentó elementos suficientes a consideración de un juez federal para determinar que Javier “N”, quien en ese entonces era juez penal del Tribunal Superior de Justicia del estado, dictó, sin contar con elementos probatorios que permitieran presumir la probable participación del periodista en el delito de sabotaje, el auto de formal prisión en su perjuicio y “con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar el derecho humano a la libertad de expresión”.
Los probables responsables quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere y fueron internados en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo.
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