"Si usted analiza todas las averiguaciones del fuero común, todos los reos van confesos y golpeados, y en la PGR muchos van absteniéndose a declarar porque ese es su derecho, y sin embargo, en el fuero común todos van confesándose culpables y además golpeados. Yo les pregunto ‘¿estaba tu defensor de oficio ahí? No, no estaba"
Los números de la Fiscalía demuestran que es una máquina policiaca de capturas, pero incapaz de respetar los derechos de los detenidos, y de fortalecer sus áreas de investigación para integrar averiguaciones efectivas
Miles de presuntos delincuentes que han sido capturados por la Fiscalía General de Jalisco –creada en el sexenio en curso– han tenido que ser puestos en libertad por los jueces locales debido a las violaciones a sus derechos humanos que fueron cometidas por agentes de la dependencia.
La transgresión sistemática a los derechos de los detenidos por la Fiscalía, y, por tanto, al debido proceso, ha dejado un costo muy alto tanto para la integridad y dignidad de aquellos, como para las condiciones de seguridad del estado, según un reporte obtenido vía transparencia.
En lo que va de la actual administración estatal, la cual creó la Fiscalía al fusionar las extintas Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia, más de un tercio de todos los detenidos que consignó ante un juez alcanzó la liberación posterior, por comprobarse ilegalidades durante la aprehensión.
Es decir, que de cada 100 presuntos delincuentes que los agentes de la Fiscalía presentaron ante los juzgados, en 35 se determinó que su captura se originó en una detención ilegal, así lo indican los resultados de la dependencia en el periodo de 2013 al primer cuatrimestre de 2015.
Los números absolutos de la problemática son estos: bajo la gestión del gobernador priista Aristóteles Sandoval, los agentes de la Fiscalía consignaron ante los jueces locales a 17 mil 911 detenidos, de los cuales 6 mil 354 fueron aprehendidos con métodos ilegales, a decir de los juzgadores.
Son, pues, más de 6 mil personas a las que, según las averiguaciones, se les confirmó su involucramiento en delitos graves y no, incluyendo homicidio, secuestro, extorsión y robo, por citar algunos, y no obstante, fueron devueltas a las calles por la actuación deficiente de los agentes ministeriales.
Despertó indignación en el país la liberación el 1 de julio, en el orden federal, de Rubén Oseguera “El Menchito”, presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la que el juzgador federal determinó que “existió una intromisión ilegal al domicilio de los indiciados por parte de la Policía Federal a fin de lograr su detención”.
Además de que no fue asistido por un defensor ni puesto a disposición del Ministerio Público (MP) de forma inmediata –luego fue reaprehendido y hoy está arraigado-.
Pues bien, en el fuero común de Jalisco casos como ese son cosa de todos los días; es normalidad para una Fiscalía que, de hecho, por cada día que pasa ve cómo le son liberados siete presuntos delincuentes por haberse determinado su detención ilegal, en un promedio.
En su comparecencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el 27 de mayo pasado, la fiscal de Derechos Humanos, Lizzeth Hernández, dijo que en esta gestión habían capacitado en esta materia a 2 mil elementos de la dependencia.
Si la superestructura de Fiscalía concentró a casi 8 mil 500 elementos, incluyendo a las Policías Vial, estatal, Ministerial, Fuerza Única y custodios, la cifra proporcionada por la funcionaria es menor a una cuarta parte.
Casos que caen
Pero los problemas de la Fiscalía no terminan con las detenciones ilegales sistemáticas de sus policías. Otra buena parte de sus consignados ante los jueces son liberados igualmente porque el MP simplemente no pudo demostrar la culpabilidad de los detenidos.
De esos casi 18 mil consignados en el registro de la Fiscalía durante esta gestión, 2 mil 492 o el 14 por ciento fueron liberados porque los jueces concluyeron que el MP no reunió los elementos de prueba suficientes en su contra, es decir, que sus averiguaciones no tuvieron la solidez requerida.
Además de estos liberados por detenciones ilegales y la falta de pruebas, a la Fiscalía se le cayeron otros 2 mil 480 casos por razones distintas a las anteriores, pero cuyos detenidos también fueron retornados a las calles por los jueces.
En suma, los juzgadores terminaron liberando a seis de cada 10 de los consignados por la Fiscalía, ya sea porque esta violó sus derechos humanos o porque no pudo demostrarles sus delitos, principalmente, así pasó con 11 mil 326 detenidos.
Estos datos ponen en perspectiva uno de los “logros” más difundidos por la Fiscalía: el gran aumento de detenciones que reporta desde su creación. En 2013 cerró con 4 mil 675 capturas, mientras que en 2014 fueron 12 mil 518: estuvo cerca de triplicarlos de un año a otro.
Estos números del Comisionado de Seguridad de la Fiscalía demuestran que ésta, en efecto, es hoy una gran máquina policiaca de capturas, pero incapaz de garantizar el respeto cabal de los derechos de los detenidos, y de fortalecer sus áreas de investigación para integrar averiguaciones efectivas.
Son contextuales las 18 quejas por desaparición forzada presentadas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante este gobierno, más del doble que en el sexenio pasado (ocho); aquella difundió además que en la primera mitad de 2015 hay ya 42 quejas por tortura, casi el doble de 2014 (24).
Gatopardismo
La creación de la Fiscalía, hoy bajo el mando reciente de Eduardo Almaguer, no ha traído una evolución de los métodos de investigación del MP, señala el Colegio de Abogados Penalistas de Jalisco, que preside José Luis Guízar.
Coincide en que hasta ahora la Fiscalía se ha concentrado en su reacción policiaca, relegando su función ministerial; en sus casos sigue privilegiando la obtención de la confesión generalmente mediante tortura, lejos de indagatorias científicas fincadas en pruebas periciales.
“Tenemos los mismos vicios de ayer, de antier y de siempre”, dice el abogado.
“Si usted analiza todas las averiguaciones del fuero común, todos los reos van confesos y golpeados, y en la PGR muchos van absteniéndose a declarar porque ese es su derecho, y sin embargo, en el fuero común todos van confesándose culpables y además golpeados. Yo les pregunto ‘¿estaba tu defensor de oficio ahí? No, no estaba’”.
Guízar estima que en nueve de cada 10 de los casos que litigan sus abogados el defendido fue torturado:
“Ahorita es una práctica diaria”, dice. El 8 de julio presentó 150 quejas por tortura generadas en sólo dos meses.
Las violaciones más comunes en Jalisco que llevan a las detenciones ilegales, dice el abogado, son: La Policía Investigadora hace pasar por detenciones en flagrancia capturas que, en realidad, no lo fueron, incluso sembrando armas al detenido.
El detenido es retenido, acosado o torturado sin ser presentado de manera inmediata al MP. Se realizan allanamientos de morada sin una orden de cateo.
“Todos sabemos que la Policía rompe puertas y se mete a las casas y los saca, y si no encuentra nada los carga para justificar su metida a la casa, pero ellos nunca dicen que se metieron, ellos dicen que los agarraron en la calle”.
Si ven que es peligroso la situación porque van a hacer argüende o algo, entonces ellos promueven un cateo y se los dan, y se arreglan para que se los den con fecha atrasada, se prestan para todo”.
