Detención de ‘El Mayo’ aviva la crisis de seguridad y falta de inversión en Sinaloa

Sinaloa, la tierra a la que se le adjudica ser cuna de narcotraficantes famosos y que adquiere focos en cuanto hay alguna detención por parte de autoridades de Estados Unidos o de México, carece de inversión en seguridad para sus poblaciones.

La detención de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán; el asesinato de Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador del Partido Sinaloense, y la destrucción de la tumba de Dámaso López Núñez en Eldorado, ocurridos al hilo en los últimos días de julio, sacudieron a la entidad norteña. Los tres eventos, de alto impacto, están relacionados con el llamado crimen organizado.

Habitantes de Culiacán, la capital sinaloense, dicen evocar la jornada del 17 de octubre de 2019, cuando se desató un prolongado enfrentamiento a balazos entre fuerzas de seguridad y civiles para impedir la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, ‘El Chapo’ Guzmán. El día fue bautizado por la población como “jueves negro”. También se le conoce como “Culiacanazo”. De cualquier forma, coinciden quienes hablan para este texto, el trauma ha reaparecido.

En las rancherías, en los adentros del estado, también hay incertidumbre. En esa tierra el desplazamiento ha sido un recurso para salvar la vida desde que, hace 14 años, el Gobierno federal con Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) como presidente inició una política en contra del llamado crimen organizado y entre sí, varios grupos delincuenciales se enfrentaron en las comunidades. A veces lo hicieron con incendios que acabaron con todo.

En 2024 no hay muchos caminos para tomar en caso de que surja la violencia con sus múltiples rostros. De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en su recomendación general 2/2022, el Programa para la Atención y Protección de Personas Desplazadas en Sinaloa cayó en la inoperancia.

Enfrentadas a la zozobra y el miedo, las poblaciones perviven sin que las alcancen los recursos federales. En los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024 –los años que ha gobernado Rubén Rocha Moya– aparecen solo dos contratos que según su título, están dirigidos a la protección de los ciudadanos. Uno fue para la adquisición de radios portátiles del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y el otro para comprar equipo de cómputo para el Centro Estatal de Información Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado.

Inversiones millonarias en obras públicas en Sinaloa contrastan con crisis de vivienda y errores costosos

La obra pública con beneficio a empresas constructoras ha predominado en el gasto sinaloense. En lo que va de esta administración estatal se han erogado poco más de 571 millones de pesos. De la cantidad, el 35 por ciento fue para construcción, desde reparaciones en planteles educativos hasta megaproyectos.

La mayor obra en ese afluente de millones de pesos, fue el puente El Quelite en la que, según los contratos otorgados, se erogaron 142 millones 778 mil 516 pesos con las empresas Construcciones Felmi S.A de C.V, Corporativo de Servicios en Construcción S de RL de C.V y Grobson S de RL. El puente se derrumbó en diciembre de 2022 debido a una pieza mal colocada. La equivocación costó 200 millones de pesos que según el gobierno estatal corrió a cargo de Grobson S de RL.

Otra construcción con dinero federalizado fue el camino Batequitas-La Higuerita en el municipio de Badiraguato. Costó 19 millones 542 mil 507 pesos y el contrato le fue otorgado a Crisa y Edificaciones Las Flores S.A de C.V. Una más fue el Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Mazatlán con Constructora Marvines, por 11 millones 224 mil 137 pesos.

Mientras, los constrastes se imponen. Los sinaloenses enfrentan crisis de vivienda. Entre 2020 y 2022, si bien la pobreza descendió al pasar de 28.1 a 21.6 por ciento, la falta de casa digna creció de 3.1 a 3.2 por ciento, según la Medición multidimensional de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Así se relegó la seguridad en el gasto del gobierno de Rocha Moya

En segundo nivel, el gasto en el gobierno de Rubén Rocha Moya se ha ido a la limpieza de unidades médicas y oficinas administrativas, así como la contratación de servicios y suministro de equipo informático para el Registro Público de la Propiedad y Comercio.

En 2023, un artefacto lució en la lista de compras: las llantas automotrices. Se adquirieron cientos para los vehículos de las unidades de salud. De 36 contrataciones, 20 tuvieron ese objetivo. De modo que ese año las empresas Comercializadora Vallecul S.A de C.V y Llantas y Partes López S.A de C.V fueron las estelares en la proveeduría del gobierno sinaloense.

El mayor gasto hasta ahora, por 127 millones 13 mil 57 pesos,  fue para comprar pruebas de laboratorio para hospitales generales. Fue hecho el 3 de marzo de 2023 y se extendió hasta el 29 de febrero de 2024 con Salud RL S.A de C.V.

El segundo en monto –por 86 millones 594 mil 910 pesos– se fue con la empresa Corporativo de Servicios en Construcción S de RL de C.V en parte de la construcción del puente El Quelite I, ubicado en el kilómetro 31+900 en la carretera Mazatlán-Culiacán.

El tercero fue para limpieza para unidades y áreas de administrativas de los servicios de salud de Sinaloa. Su vigencia fue de marzo de 2023 a marzo de 2024 por 70 millones 325 mil 640 pesos.

En específico, para la seguridad de las poblaciones hay muy poco.

Mientras, Sinaloa volvió a las primeras planas debido a la trama de la detención de “El Mayo”. Los análisis de supuestos vínculos históricos de la política y la ilegalidad resurgieron. Por su lado, los sinaloenses continuaron la vida.

De cómo Sinaloa volvió a ser sacudida

La versión de Ismael “El Mayo” Zambada de su detención, contenida en una carta que fue difundida por su abogado Frank Pérez el pasado sábado 10, tambaleó los escenarios políticos y sociales sinaloenses y de México. En el texto se lee que fue “secuestrado” tras llegar a una reunión en el fraccionamiento residencial Huertos del Pedregal, ubicado en la sindicatura de Culiacancito, en las afueras de la capital del estado. Según la misiva, lo invitaron para que fungiera como intermediario entre el mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, y Héctor Melesio Cuén, exalcalde de Culiacán y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El encuentro fue organizado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán. Al llegar al sitio fue retenido y trasladado en un avión privado a El Paso, Texas. “La idea de que me entregué o cooperé de manera voluntaria es completamente falsa”, se lee en el documento. Ese mismo día, Héctor Melesio Cuén fue asesinado. El hecho generó dos versiones. Una, la de “El Mayo” quien sostiene en su misiva que el político fue agredido en el lugar de la cita. La otra, la de la Fiscalía del estado que indica un ataque en una gasolinería.

Ese mismo sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la entonces virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum Pardo, visitaron Sinaloa. La agenda marcaba la inauguración del Hospital General de Culiacán. En el evento Rocha Moya tomó el micrófono y negó haber acudido a la reunión. Sostuvo que el 25 de julio –día de la detención– se encontraba fuera de Sinaloa. Incluso, recordó que grabó un video de condolencias para la familia de Cuén Ojeda.

El periodista sinaloense Marcos Vizcarra descubrió que el viaje, el gobernador lo hizo a Los Ángeles, California, en un avión privado propiedad de Jesús Vizcarra Calderón, dueño de Salud Digna y de la empresa SuKarne. El empresario respondió con un comunicado en el que respaldó lo dicho por el mandatario estatal y de paso, negó cualquier vínculo con grupos de tráfico de drogas y actos ilegales.

El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República que dio a conocer que iniciaría una investigación en contra del hijo de “El Chapo” Guzmán por traición a la patria.

El viernes 16 se añadió una pieza. Sara Bruna Quiñónez presentó su renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado. El gobernador Rocha Moya informó que ante las inconsistencias de la investigación de la trama detrás del asesinato de Cuén Ojeda le pidió la dimisión. Al cierre de esta edición había aún varios espacios oscuros en el rompecabezas.

¿Quién es Rubén Rocha Moya?

En Badiraguato, Sinaloa, la culpa se paga con miseria y olvido. En los datos abiertos de este pedazo de la Sierra Madre Occidental el lugar común es el abandono. Pero cuando se le menciona a nivel nacional lo único que resuena es una palabra: narcotráfico.

Pasan las décadas, los gobiernos, las formas de gobernar, las generaciones de narcotraficantes famosos, y Badiraguato sigue en su miseria. Entre los censos poblacionales de 2010 y 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática no hubo cambios notables: en los dos apareció entre los 200 municipios con la miseria más dramática de México.

Ahí nació Rubén Rocha Moya hace 75 años de la unión de Ramona Moya Angulo y Ricardo Rocha Cázares. No se quedó en el terruño. Él mismo se asume como desplazado, según lo dicho en su campaña en una reunión con el Movimiento Amplio Social Sinaloense. Su biografía está llena de cambios de residencia a la par que realizaba sus estudios. Fue a la primaria en Pericos, Sinaloa; a la secundaria y normal básica a la Escuela Normal Rural “Plutarco Elías Calles” –El Quinto– en Etchojoa, Sonora, y la preparatoria en la escuela “Cultural México” en Ciudad Obregón, Sonora.

Después, estudió en la Escuela Normal Superior de Oaxaca, obtuvo una maestría en ciencias de la educación en la Universidad Autónoma de Querétaro y un doctorado en ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

El ahora gobernador de Sinaloa hizo carrera como maestro de primaria en Ciudad Obregón, de 1969 a 1972. En sus tiempos en el magisterio conoció a Socorro Ruiz Carrasco con quien se casó. Tuvieron cuatro hijos. Ella falleció en 2016.

Rocha Moya llegó a ser secretario general y rector de la UAS, diputado local y senador de la República. En 2020 se licenció en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 2021 ganó las elecciones efectuadas el 6 de junio, postulado por Morena, y fue investido como mandatario estatal. No era la primera vez que buscaba el cargo. En 1986 se lanzó por el Movimiento Popular Sinaloense y en 1998 lo hizo por el Partido de la Revolución Democrática.

Sus declaraciones patrimoniales como gobernador presentadas en Declaranet Sinaloa no muestran que su fortuna haya evolucionado desde 2021, cuando asumió, a estos días en que se encuentra inmiscuido en la versión que dio Ismael “El Mayo” Zambada sobre su detención.

Rocha Moya se presenta a sí mismo como un hombre modesto cuyos ingresos se basan en su cargo público (66 mil 465 pesos al mes) y sus pensiones de la UAS (57 mil 112 al mes), por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (26 mil 225 pesos al mes) y otra del Instituto Mexicano del Seguro Social (41 mil 937 pesos al mes).

Mantiene un auto Mercedes Benz 2018 que adquirió en 2017 a crédito por 850 mil pesos que a valor actual es de 1 millón 148 mil 671 pesos. En ese peculio se encuentra un volkswagen también de 2017 que se ganó en una rifa.