El Poder Judicial de Nuevo León, encabezado por la magistrada Graciela Buchanan Ortega, no reportó más de 10 millones de pesos que gastó a lo largo del año pasado para remodelar inmuebles.
Estas irregularidades fueron detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2011 por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que emitió recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad, pero no fincó responsabilidades administrativas a funcionarios públicos.
La auditoría practicada determinó que se realizaron 78 pagos a proveedores por un valor de 10 millones 389 mil 495 pesos, que no se contabilizaron como gasto corriente e inversiones, y que provocó la disminución del capital del Poder Judicial.
Entre los proveedores está la polémica empresa Servicios Monterrey y Telecomunicaciones S.A. de C.V., que prestó sus servicios para la Torre Meridiano, donde se concentran juzgados civiles y mercantiles.
Las anomalías fueron detectadas en la cuenta de Patrimonio del Poder Judicial, correspondiente a los Programas Estatales de Inversión (PEI) de 2010, e impactaron en el estado de actividades del año siguiente.
Los pagos se utilizaron principalmente para las remodelaciones del Palacio de Justicia de Monterrey, de las instalaciones del Poder Judicial del Estado y del Centro de Convivencia Familiar, así como para un circuito cerrado y control de acceso.
La entidad respondió al órgano fiscalizador que no se contabilizaron los saldos en las cuentas del PEI porque se duplicaban ingresos.
Sin embargo, la ASE consideró que esta respuesta no solventó los 78 pagos irregulares a los 36 proveedores que remodelaron los inmuebles, y recomendó que todos los gastos e inversiones se registraran en partidas autorizadas.
“Por lo que respecta a la aplicación directa de estas erogaciones al patrimonio, provoca que no se muestren en el estado de actividades y se distorsionen las operaciones realizadas en el ejercicio”.
La ASE también detectó en la revisión de la cuenta pública otras dos irregularidades financieras, pero el órgano sólo emitió recomendaciones.
Observó que en 2011 se contabilizaron como ingresos los remanentes del ejercicio fiscal de 2010, que ascendían a 69 millones 618 mil 888 pesos.
Los remanentes de gasto corriente e inversiones no aplicadas se reclasificaron mediante pólizas, y pasaron del patrimonio de la entidad a la cuenta de Ingresos del Poder Ejecutivo y Transferencias de los PEI.
Entre las seis pólizas que se emitieron entre febrero y agosto de 2011, están las de equipamiento para la Torre Meridiano, arrendamiento de edificios, la instalación de la Casa de Convivencia Familiar, y recursos del Juzgado para Adolescentes y el Palacio de Justicia de Cerralvo.
Las anomalías en los asientos contables ocasionaron una duplicación en los ingresos del ejercicio de 2011.
A pesar de que el Poder Judicial sostuvo que no se duplicaron los ingresos, la ASE consideró no solventada la irregularidad y recomendó dar seguimiento al tema en la cuenta pública de este año.
El organismo también detectó que la entidad no tenía un manual de procedimientos para la comprobación de gastos de viaje.
Por este motivo, la ASE recomendó al Poder Judicial elaborar un documento para controlar ese tipo de erogaciones.
En la auditoría también se repasaron los programas de inversión en obras públicas, que sumaron 2 millones 766 mil 414 pesos, pero no se detectaron irregularidades.
