Detectan irregularidades en edificios suspendidos con publicidad de Adrián de la Garza

El candidato a la alcaldía de Monterrey acusó al Gobierno de amedrentar a los empresarios
Jorge Narváez Jorge Narváez Publicado el
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Luego de la denuncia pública que interpuso Adrián de la Garza Santos, candidato del PRI, PAN y PRD a la alcaldía de la ciudad de Monterrey, al culpar al Gobierno de Nuevo León de suspender por “guerra sucia” dos edificios que contaban con su imagen como publicidad electoral, la autoridad estatal ya le respondió.

Fue la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León quien contestó a la acusaciones por medio en un comunicado en donde se explicó que en ambas torres se localizaron varias irregularidades.

Edificio con publicidad electoral de Adrián. Foto: Especial

Una de las clausuras se llevó a cabo en el edificio denominado “Akira“, ubicado en la avenida Revolución al sur de Monterrey, en donde se desplazó personal de la dependencia para atender una supuesta denuncia ciudadana.

Luego de realizas las labores correspondientes de revisión, la secretaría detalló que en el sitio detectó contaminación en el suelo, sin especificar en que área, así como el incumplimiento de condicionante de la manifestación de impacto ambiental.

En tanto que, personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente informó sobre la detección de la falta de permisos estatales en la Torre Cibeles, ubicada en la avenida Planificadores al sur de la Ciudad, y por tal motivo se detuvo la operación del lugar y se procedió a colocar una lona grande con la leyenda “Suspendido”.

Autoridad estatal coloca sello de clausura en torre. Foto: Especial

Adrián acusa al Gobierno

En un video publicado en sus redes sociales, De la Garza Santos explicó que las propiedades suspendidas por la administración de Samuel García son la Torre Cibeles, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas; y la Torre Shiro, en la avenida Garza Sada, ambas al sur de la Ciudad.

Explicó que la publicidad donde aparecía su rostro fue retirada de los edificios, por presuntas extorsiones y amenazas del Gobierno a los empresarios, a pesar de estar contratada por una empresa que está, dijo, registrada debidamente ante el Instituto Estatal Electoral (INE).

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