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En las entidades federativas se detectaron subejercicios por 63 mil 607 millones de pesos, que implica el incumplimiento de metas u obras
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó ayer el Informe de la Cuenta Pública 2014 a la Cámara de Diputados, que revela que ese año hubo 63 mil millones de pesos en subejercios por parte de los Estados.
En el informe, la Auditoría detectó múltiples irregularidades en la aplicación de recursos federales para programas gubernamentales, obras de infraestructura y ejercicio en los estados.
Juan Manuel Portal, titular de la ASF, expuso que por esos daños patrimoniales a la Nación podrían presentarse más de 100 denuncias contra servidores públicos.
Éstas se acumularían a las 664 que se encuentran presentadas de años anteriores.
La ASF buscará la aclaración sobre el destino de 42 mil 702 millones de pesos sobre los que se tienen dudas de su aplicación.
En las entidades federativas se detectaron subejercicios por 63 mil 607 millones de pesos, que implica el incumplimiento de metas u obras.
Portal advirtió que existen áreas de riesgo que pueden derivar en un uso incorrecto de los recursos públicos.
La inexistencia de un padrón universal de beneficiarios de los programas sociales; la revelación de los pasivos y gastos de cada entidad de la Administración pública; y las adquisiciones, contrataciones o inversiones que no representan las mejores condiciones para el Estado, sobre todo en las adjudicaciones directas.
También llamó la atención sobre los problemas y deficiencias con que se lleva a cabo la obra pública; la duplicidad en los programas de gobierno; problemas de cumplimiento o calidad de los bienes en el caso de la contratación de servicios por particulares, son algunos de los señalamientos.
Juan Manuel Portal pidió a los diputados que apresuren la aprobación de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, pues muchos de los problemas que se tienen sobre la rendición de cuentas tendrían solución con su puesta en marcha.
“Conmino a todos los actores que influirán en la conformación de la legislación secundaria, que sentará las bases del sistema, a que no permitan que la coyuntura política rija los contenidos y el rumbo. Somos privilegiados en tener la posibilidad de transformar la lógica de la lucha anticorrupción en nuestro país; aprovechemos este momento; es por el bien de todos; México lo necesita”, llamó el auditor.
Opacidad en el Legislativo
La ASF detectó este año que, nuevamente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay recursos que se ejercen en la opacidad, sobre todo los relacionados con las subvenciones a los grupos parlamentarios.
En el caso de la Cámara de Diputados, un total de mil 869 millones 256 mil pesos se ejercieron en total opacidad; corresponden a las subvenciones a los grupos parlamentarios. Representa la cuarta parte del presupuesto total ejercido por la Cámara baja.
La ASF señaló que no tuvo acceso a información de comprobación de esos gastos, por lo que no pudo evaluar si se ejercieron para cumplir con la tarea legislativa.
La Auditoría apuntó, además, que las subvenciones especiales que fueron otorgadas a las bancadas, “solo deben ser autorizadas en situaciones excepcionales y con el carácter de únicas para atender asuntos específicos”, hecho que no se cumplió.
En la Cámara de Diputados, la ASF pudo recuperar 3 millones 167 mil pesos.
En el caso del Senado, el gasto de las bancadas fue de mil 307 millones 240 mil pesos, mismos que se gastaron en completa opacidad.
Esto representa una tercera parte del presupuesto total ejercido por la Cámara Alta.
La ASF solo pudo recuperar en el Senado mil 500 pesos, del monto que requería ser aclarado.
La Auditoría Superior de la Federación alertó sobre el peligro de que el nuevo Sistema de Justicia Penal no pueda instrumentarse correctamente en junio de este año.
“Con base en los hallazgos de la auditoría practicada, la ASF concluye que aunque el Sistema de Justicia Penal entre en operación en junio de 2016, como lo mandata la Constitución, existe el riesgo de que las entidades federativas no cuenten con todas las condiciones necesarias para la efectiva operación del sistema”, indica el informe de la ASF.
Hasta 2014, solo se había capacitado al 10.9 por ciento de los servidores públicos involucrados en el sistema; además, hasta ese año, se encontraban pendientes de alinear el 42 por ciento de los instrumentos legales de los estados al Código Nacional de Procedimientos Penales y el 19 por ciento al Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
En el área de seguridad pública y procuración de justicia también existen múltiples observaciones a diversos órganos.
En el caso de la Gendarmería, la ASF detectó que los recursos invertidos en ella, son utilizados por la Policía Federal.
Además, se adquirieron cinco cuarteles móviles para la División Gendarmería, que hasta agosto de 2015 no se encontraban en operación.
Se encontró que se hicieron erogaciones para cursos de capacitación que no se impartieron; y se autorizó el ingreso de elementos que no acreditaron su formación militarizada.
En el caso de los penales, la ASF alertó de irregularidades en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dependiente de la Segob.
Entre las anomalías, la Auditoría detectó que personal no facultado para ello, solicitó más de 142 millones de pesos para realizar obras en las prisiones.
Además, se adquirieron tres vehículos, por los que se erogaron 6 millones 879 mil pesos, que fueron asignados a funcionarios de la Segob, “sin acreditar la secrecía, urgencia o confidencialidad correspondientes”.
En ese rubro, hay 24 millones 826 mil pesos que se gastaron sin dar una comprobación.
La reinserción social, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2014, es un espejismo, ya que 44 por ciento de la población es reincidente.
“Mientras en 2007 había mil 484 reincidentes, para 2014 esta población se incrementó a 10 mil 901 internos”, expone el Informe.
En la Procuraduría General de la República (PGR) también se identifica una deuda en la efectividad de su trabajo, pues las sentencias condenatorias emitidas representaron solo el 13.1 por ciento de las averiguaciones previas en trámite.
Cruzada no combate el hambre
La ASF detectó que los programas destinados a combatir el hambre, de la Secretaría de Desarrollo Social, no cumplen con sus objetivos.
En el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la Auditoría sostuvo que por las deficiencias en el diseño del programa no se puede verificar en qué proporción se garantizó el derecho a la alimentación de la población en pobreza extrema alimentaria.
En el caso del programa de Comedores Comunitarios, la Auditoría mostró que ninguno de ellos acreditó la totalidad de los requisitos para su instalación, y tampoco se acreditó la administración de los recursos de forma oportuna.
El propio diseño del programa, sostiene la ASF, no permite que disminuya el índice de pobreza alimentaria, pues el horario de los comedores no es acorde con las necesidades de la población.
En México funcionaban en el 2014 un total de 4 mil 253 comedores comunitarios, con una población beneficiada de más de 435 mil personas.
