"Fue por cuestiones de presión de una persona poderosa que tiene una hija divorciada, pensando que le aceptaría la custodia compartida, porque para él no es grato su yerno"
Las reformas de equidad en la custodia paterna ya son una realidad en Nuevo León, a pesar de que fueron secuestradas durante más de dos meses por la bancada del PRI en el Congreso local e ignoradas por el Ejecutivo estatal.
El plazo fatal para que fueran publicadas -o vetadas por el gobernador Rodrigo Medina- las modificaciones legislativas al Código Civil en la entidad, que crean las figuras jurídicas de custodia compartida y alienación parental, terminó ayer.
Pese a que el mandatario no ejerció su facultad de veto, la Constitución de Nuevo León establece que de no hacer observaciones a las leyes dentro de los 10 días de haber sido enviadas al Ejecutivo, transcurrido el término éstas entrarán en vigor.
Ése es el principal argumento defendido por las dos principales promotoras de las iniciativas en el Congreso local, las diputadas panistas Rebeca Clouthier y Carolina Garza, quienes denunciaron que las reformas fueron secuestradas por el PRI.
Hasta el día de ayer, las reformas no habían sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado, un requisito esencial marcado por la ley para que puedan surtir efectos jurídicos y entren en vigor en toda la entidad.
Fue hasta el pasado 31 de julio, dos meses después de haber sido aprobadas por unanimidad en el Pleno del Congreso local, que los expedientes fueron destrabados del área jurídica de la bancada legislativa del PRI y enviadas al Ejecutivo.
Las legisladoras por el PAN aseguran que el artículo 71 de la Constitución del Estado es muy claro: el gobernador tenía desde entonces un plazo constitucional para vetarlas, pero al no hacerlo, automáticamente surten efecto.
“(Por ello, hoy) entra en vigor la iniciativa y eso es a lo que le estamos apostando, porque es una iniciativa tan noble que lo único que busca es que los padres de familia que se divorcian puedan compartir la custodia de sus hijos”, dice Clouthier.
Sin decir el nombre ni abundar en detalles, la diputada albiazul asegura que ambas reformas fueron secuestradas, debido a presiones de un “poderoso empresario” que amenazó al presidente del Congreso, al priista Francisco Cienfuegos.
“Fue por cuestiones de presión de una persona poderosa que tiene una hija divorciada, pensando que le aceptaría la custodia compartida, porque para él no es grato su yerno. Entonces amenazaron al presidente del Congreso.
“Le dijeron que si publicaba la iniciativa iban a arruinar su carrera política, entonces estuvo guardada en un cajón por dos meses, hasta que presionamos”.
Las iniciativas fueron aprobadas por unanimidad por el Pleno desde el pasado 28 de mayo, cuando de inmediato debió haber sido enviada para que el gobernador hiciera observaciones, o la publicara en el Periódico Oficial del Estado.
Sin embargo, los dos expedientes que crean la custodia compartida y la alienación parental no fueron enviadas a la Oficialía Mayor del Congreso para que, a su vez, fueran remitidos al Ejecutivo para su publicación.
En cambio, permanecieron en el área jurídica del Grupo Legislativo del PRI hasta la semana pasada, sin la aprobación del Pleno, una ilegalidad que contraviene al Reglamento de Gobierno Interior del Congreso y a la Ley del Poder Legislativo.
Además de las diputadas, la asociación civil Amor de Padres, presidida por el ciudadano César Gómez, presionó a los diputados para que destrabaran las reformas y fueran enviadas al Ejecutivo del Estado.
Con anterioridad, ambos expedientes ya habían sido dictaminados favorablemente por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
La bancada legislativa del PRI, encabezada por el tricolor Edgar Romo, negó en su momento que él, o integrantes de su fracción, tuvieran secuestradas las reformas al Código Civil del Estado.
En cambio, el coordinador priista responsabilizó de la falta a la Mesa Directiva del Congreso y al área técnica de la Oficialía Mayor del Legislativo.
En abril pasado, padres de familia a quienes se les retiró la custodia legal de sus hijos durante el divorcio, también exigieron el apoyo de los diputados locales.
El grupo que representa a unos 300 padres de familia advirtió que en la actualidad hay unos 600 niños que no cuentan con la guía de sus progenitores por fallas en la ley.
¿Qué dice la Constitución de NL?
Artículo 71.- Aprobada la ley o decreto se enviará al gobernador para su publicación. Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez días volverá a ser examinado, y si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los Diputados presentes pasará al gobernador, quien lo publicará sin demora. Transcurrido aquél término sin que el ejecutivo haga observaciones se tendrá por sancionada la ley o decreto.
