Para asuntos de este tipo, en general, la Subprocuraduría no es competente, pero presentaron la denuncia y tenemos que estudiar el caso”
Una familia ha vivido un verdadero calvario legal orquestado presuntamente por una cadena de corrupción de fiscales estatales, en un caso de despojo de un terreno ubicado sobre la carretera Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago.
Hace dos años, inició una serie de recursos legales ante la Procuraduría de Justicia por este inmueble, propiedad desde hace 60 años de los hermanos Carlos y Alejandro Torres Rodríguez.
En noviembre de 2014, la familia Torres denunció por despojo de inmueble y daños en propiedad ajena a los familiares Sergio Abelardo Sánchez Medina y José Antonio Sánchez Valdez ante la Agencia del Ministerio Público Número 1 especializada en despojo de inmuebles.
Un año después, en julio de 2015 la familia Sánchez interpone una denuncia en la Agencia del Ministerio Público Número 3 por el mismo delito, pero ahora contra los Torres.
Ante esto, el pasado 28 de enero de 2016, la familia Torres pone una denuncia por falsificación de documentos y firmas, donde exhibe que los Sánchez intentan apoderarse del terreno de manera ilegal.
La denuncia número 51/2016 en poder de Reporte Indigo, revela que la familia Sánchez mostró documentos falsos en la Agencia del Ministerio Público Número 10.
Además, los familiares Sánchez están acusados penalmente por ocasionar severos daños con afectaciones millonarias y amenazar de muerte a los empleados del predio.
Caso que está detenido en la Procuraduría de Justicia y sin castigo para los responsables.
Complacencia ministerial
Bajo el argumento “la orden viene de arriba”, el agente del Ministerio Público, Eliud Parra López, es señalado de haber permitido a Sergio Abelardo y José Antonio presentar datos de pruebas falsas para quedarse con el inmueble.
Este fiscal está acusado de ordenar por segunda ocasión un aseguramiento del predio en disputa sin fundamento y sin cubrir los requisitos necesarios.
En la averiguación, la familia Torres mostró que el primer aseguramiento no tenía fundamentos para llevarse a cabo, por lo que se hizo un proyecto de no ejercicio.
Sin embargo, inexplicablemente el fiscal revivió la acción y dictó un segundo aseguramiento sin pruebas legales, provocando daños millonarios.
Todo apunta que los familiares Sánchez no tienen los recursos para manejar un caso de esta magnitud, por lo que podría haber personas atrás con interés en el terreno.
Esto exhibió los posibles actos de corrupción que realizaron Eliud Parra López, agente del Ministerio Público; que también involucra al coordinador de Ministerios Públicos, Carlos Cruz; y al director de Ministerios Públicos, Jesús Ureña Frausto.
También se acusa al agente del Ministerio Público, José Rosendo Vaquera, ahora director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría, como el orquestador de ayudar a los familiares Sánchez de intentar de apoderarse del terreno.
La denuncia de corrupción está en la Procuraduría de Justicia del Estado y la Subprocuraduría Especializado en Combate a la Corrupción, pero aún no se ha hecho una investigación clara sobre este caso.
Canales tira la ‘bolita’ a Procuraduría
Ernesto Canales dijo que la Fiscalía es para actos de corrupción que dañen al erario público, no para encausar acciones de individuo a individuo.
Ernesto Canales Santos, subprocurador Especializado en Combate a la Corrupción, prometió investigar posibles actos de corrupción que involucre a fiscales estatales en un caso de despojo inmobiliario sobre la carretera Laguna de Sánchez, en el municipio de Santiago.
Pero, dijo el subprocurador, la responsabilidad de casos de corrupción de funcionarios estatales recae en la Procuraduría de Justicia, más no en la Fiscalía Anticorrupción.
“Recibimos la denuncia y apenas estamos investigando, no me puedo comprometer en un plazo, porque no sabemos con qué nos podemos encontrar cuando estamos investigando… te digo lo vamos a estudiar.
“La Fiscalía es para actos de corrupción, actos de corrupción que dañen al erario público, en general no somos competente para encausar acciones penales de individuo a individuo, como aquí son dos personas que se dicen propietarios de un inmueble”, dijo Canales Santos.
Aunque hay un denuncia contra los fiscales de la Procuraduría de Justicia por posibles actos de corrupción, para Ernesto Canales este caso no involucra al Estado, por eso ve difícil un proceso penal contra los funcionarios.
“Para asuntos de este tipo, en general, la Subprocuraduría no es competente, pero presentaron la denuncia y tenemos que estudiar el caso. La Procuraduría tiene una oficina para ver esos asuntos”, dijo Canales.
Por su parte, la Procuraduría de Justicia, que encabeza el procurador Roberto Flores, se negó hablar de este tema, porque no era competencia de ellos resolver actos de corrupción de sus funcionarios.
Y aunque se tiene una denuncia contra los fiscales en la visitaduría de la Procuraduría, los posibles actos de corrupción de los funcionarios está estancado desde hace un mes.
Bernardo González, subprocurador de Ministerios Público de la Procuraduría, prometió resolver este problema de despojo del inmueble a la familia Torres.
Trascendió que podrían registrarse varios movimientos de estos fiscales involucrados en actos de corrupción.
